Grabación escondida a agente del CTI buscó poner en aprietos al magistrado auxiliar Iván Velásquez

La senadora Nancy Patricia Gutiérrez sostiene un enfrentamiento público con el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte, Iván Velásquez. Fotos: Abel Cárdenas - Héctor Fabio Zamora / Cambio

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El miércoles 30 de julio pasado la senadora y ex presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, logró algo que para muchos es poco menos que imposible: reunir a la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia para plantear un asunto urgente relacionado con el proceso que se le sigue por la parapolítica.

A la espaciosa sala de juntas del tribunal acudieron puntuales el presidente, el vicepresidente y los presidentes de las salas Laboral y Civil, pero solo uno de ellos, el presidente de la Sala Penal, Sigifredo Espinosa, se negó a asistir porque en su concepto era inadecuado que los altos dignatarios de esa Corporación se reunieran a puerta cerrada con una persona investigada preliminarmente.

En la reunión de no más de una hora, la congresista les relató a los magistrados un encuentro que sostuvo el 11 de julio en su oficina de la Presidencia del Congreso con Juan Carlos Díaz, funcionario del CTI adscrito a la comisión que en la Corte investiga la parapolítica, quien le reveló entre otras muchas cosas que el magistrado auxiliar Iván Velásquez manipulaba las indagaciones contra los congresistas y ordenaba tener en cuenta únicamente las pruebas, testimonios o evidencias que los inculparan.

Después de explicar los alcances de las palabras del investigador,  la senadora Gutiérrez radicó una carta de tres páginas en la que pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Uno de los apartes del mensaje decía que "el doctor Juan Carlos Díaz me dijo que el doctor Iván Velásquez tenía más poder que otros magistrados auxiliares y que los mismos magistrados principales, ya que él conocía favores que habrían recibido algunos miembros de la Corporación y que por tanto no se atrevían a cuestionarlo".

Después de que la senadora Gutiérrez abandonó el Palacio de Justicia, los magistrados consideraron suficientemente graves los términos de la carta y de inmediato enviaron copias a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que iniciaran las investigaciones respectivas.

Durante unos días la reunión y la carta parecieron quedar cobijadas por una reserva, pero el lunes 11 de agosto El Tiempo reveló una grabación que dejaba en claro que la senadora Gutiérrez había grabado a hurtadillas su conversación con el investigador del CTI y que ella inducía sus respuestas. En otras palabras, la congresista grabó la charla y con base en ella escribió la carta que radicó en la Corte luego de su encuentro con la Sala de Gobierno.

La publicación de la cinta 'armó una polvareda' porque al parecer dejaba en entredicho al magistrado Velásquez por su presunta intervención para dirigir a su acomodo algunos procesos de la parapolítica.

Esta bola de nieve no tardó en involucrar al presidente Álvaro Uribe, quien se refirió al tema luego de un consejo de seguridad en Rionegro, Antioquia. Allí defendió la trayectoria política de la ex presidente del Congreso y aprovechó para denunciar que "un senador me expresó que le han querido pedir plata sectores de la Justicia".

Al tiempo que el CTI ordenó el traslado del investigador Díaz a otra dependencia de la Fiscalía, los medios de comunicación se dieron a la tarea de buscarlo. CAMBIO lo localizó. En medio del desconcierto por lo ocurrido dijo que estaba seguro de que el mundo se le vendría encima por las acusaciones de las que fue objeto por parte de la congresista. Aseguró que la senadora logró enredarlo porque lo trataba con mucha confianza y reconoce que se equivocó al hablar con ella asuntos internos de la Corte que para él eran normales.

Díaz es un abogado de la Universidad Libre de Bogotá que llegó a la Corte en 2006 después de desempeñarse como enlace del CTI en la embajada británica en Bogotá. Desde entonces se dedicó a buscar testigos que le ayudaran a engrosar los incipientes procesos contra congresistas, gobernadores y concejales de Sucre, Cesar y Magdalena, involucrados con paramilitares.