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El 28 de mayo de 2007, José Antonio Plaza Villena, representante legal de la empresa española General Asde S.A., se presentó en la oficina del cónsul de Colombia en Valencia, Sergio Entrena López, para mostrar pruebas de fraude en los procesos de expedición de pases en ciudades como Bogotá y Medellín.
Llevaba en su portafolio dos certificados de autenticidad: uno del sello de la compañía y otros de su firma personal. Con ellos quería demostrar que era falsa la "declaración de cumplimiento" que los operadores de equipos AGX Products -utilizados para hacer los exámenes obligatorios a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción- habían presentado a las autoridades colombianas.
(La "declaración de cumplimiento", requisito fundamental para la operación de los centros de reconocimiento que hacen los exámenes, es un documento mediante el cual el fabricante de los equipos certifica que han sido usados con éxito en por lo menos 100.000 pruebas en otros países). Pero las dudas que Plaza planteó iban más allá. Según él, el software de AGX era similar al del equipo Drivertest N-845 fabricado por General Asde, lo que permitía suponer que el operador colombiano habría incurrido en el delito de violación de la propiedad intelectual.
La declaración del ejecutivo español fue usada como prueba dentro del proceso penal abierto en Bogotá por las denuncias de la firma Inverfutura S.A. contra Keystone Colombia S.A., representante de AGX Products. Lennys Carreño Carrero, gerente de Inverfutura, aseguró ante un fiscal que Keystone estafó a su empresa desde el momento en que le ofreció en venta 15 franquicias para el montaje de centros de reconocimiento por 450 millones, de los cuales Inverfutura le pagó un anticipo de 250 millones.
Carreño dijo en su momento que solo después de la instalación de los dos primeros centros, uno en Bogotá y otro en Medellín, se dio cuenta de que los documentos que respaldaban la operación técnica de los equipos AGX entregados por Keystone eran "apócrifos", y además aseguró que Keystone exigía a los beneficiados con las franquicias, entregar las claves de seguridad mediante las cuales reportan diariamente en línea al Ministerio de Transporte, los nombres y datos de las personas examinadas para la expedición de pases.
Según la representante de Inverfutura, el propósito era poder agregar fraudulentamente los nombres de cientos de personas que pagaban para obtener la licencia sin someterse a los exámenes que exige la ley. Así, Keystone no solo ganaría por la venta de la franquicia y por el 50 por ciento de las utilidades de los centros de reconocimiento que usan sus equipos, sino que posiblemente se lucraría del manejo irregular de las claves.
Mar de dudas
El caso no pasaría de ser un pleito entre empresas privadas, de no ser porque Keystone Colombia, dueña de la marca CRC -Centro de Reconocimiento de Conductores- tiene cerca del 40 por ciento del mercado de los centros de reconocimiento del país y está comprometida en la expedición de los 750.000 pases que, en promedio, se expiden mensualmente. ¿Cuántos de ellos sin las pruebas de rigor?
CAMBIO habló con protagonistas y afectados por esta historia. Los representantes de Keystone aseguran que son blanco de una campaña desatada por competidores desleales que quieran sacarlos del mercado a cómo dé lugar y defendieron la legalidad de sus procesos.
El proceso penal promovido por Inverfutura contra Keystone terminó en una conciliación económica, pero las dudas planteadas en la demanda inicial no han sido resueltas ni por los posibles responsables, ni por las autoridades, ni por los particulares que intervienen en los procesos de acreditación y reconocimiento.
De hecho, el pasado 21 de julio, la Superintendencia de Puertos y Transportes envió a Keystone una carta en la que le exige información sobre aspectos aún no aclarados.
Y el superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Pedro Barrera, le pidió una certificación de que sus equipos han sido probados en no menos de 100.000 conductores, los nombres de los países y entidades que los han utilizado y el nombre del fabricante de los equipos AGX Products, como pruebas de su existencia.
Junto con su esposa, Clara López, estaría abonando el terreno para llegar al Senado.
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