Junto con su esposa, Clara López, estaría abonando el terreno para llegar al Senado.
Si algún nombramiento fue bien recibido tanto por amigos como por opositores, dentro y fuera del gabinete de Samuel Moreno, fue el de Clara López Obregón. Su trayectoria de más de 20 años en el sector público, donde se desempeñó con lujo de detalles como contralora distrital y auditora general de la nación, fue una razón de peso para que Moreno la tuviera en cuenta a la hora de llenar el segundo cargo más importante de la administración: la Secretaría de Gobierno.
En 2005, en su condición de auditora general, López expresó su preocupación por los incipientes vínculos que ya se vislumbraban entre algunos políticos y los grupos paramilitares, y tuvo el arresto de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia la infiltración de organizaciones armadas ilegales en el Estado. Fue su acusación la chispa que encendió la hoguera de la parapolítica.
Sin embargo, después de siete meses al frente de la Secretaría, su gestión no parece tan clara. Crecen los rumores y sospechas en el sentido de que desde su cargo estaría ayudando a pavimentar el camino para que su esposo, el ex concejal del Polo Carlos Romero, pueda llegar al Senado de la República. Y aunque Romero niega que esa sea su aspiración, algunos copartidarios aseguran que sí. "El hombre está metido de lleno para llegar al Senado", le dijo a CAMBIO un concejal del Polo.
La estratagema
Todo empezó poco después de que López asumiera el cargo. La funcionaria nombró en la Subsecretaría de Planeación y Gestión a Antonio Miguel Caro Rojas, quien fue encargado de ordenar el gasto y de lo relacionado con los contratos. "En la Secretaría no se firma un solo contrato sin que antes pase por las manos de Caro", le aseguró a CAMBIO un funcionario del despacho.
Con el nombramiento de Caro, las preguntas por su cercanía a Romero no se hicieron esperar. Interrogada al respecto, Clara López respondió: "No sé qué relación tenga o pudo tener Caro con Romero". Segundos después llamó por celular a su esposo y le preguntó: "¿Tú trabajaste con el señor Caro?". La respuesta le hizo recordar lo que parecía haber olvidado: Caro fue asesor del grupo normativo de Romero cuando éste fue concejal de Bogotá.
Aunque para muchos este hecho parece irrelevante, habría que sumarle el caso de Martha Aguirre, una abogada que trabaja en la Secretaría mediante un contrato de prestación de servicios, el No. 1073, y el cual firmó el 30 de mayo de 2008. En medio de consultas con veedores cívicos y fuentes de los organismos de control de Bogotá, CAMBIO conoció una grabación en la que Aguirre conversa con un contratista interesado en hacer negocios con la entidad y quien asegura tener gente en Kennedy dispuesta a apoyar a Romero.
En la conversación Aguirre dice: "La idea es ayudar al candidato y por eso el primer jueves de cada mes algunos contratistas de la Secretaría se reúnen en la Casa Amarilla (la oficina de Romero en Teusaquillo). Creo que este sábado va ha haber un almuerzo, pero si quieres saber cuándo son las reuniones, a qué hora y cómo, después nos comunicamos porque por razones de seguridad tú sabes cómo es la cuestión para mí, para ti y para Carlos".
La conversación parece confirmar lo que funcionarios de la Secretaría presumían: que López busca desde su cargo impulsar las aspiraciones políticas de su esposo. Como si no fuera suficiente, en la grabación queda constancia de la influencia de Romero en la Secretaría. "Yo no decido qué contratistas entran a la Secretaría, eso lo maneja directamente Carlos", dice Aguirre en la conversación.
Por eso no resulta extraño que Álvaro García Rodríguez, quien el 12 de marzo firmó el contrato No. 379 para realizar labores de archivo con una asignación de un poco más de 1,5 millones de pesos (ver facsímile), esté dedicado a atender asuntos personales del ex concejal. CAMBIO llamó a la Casa Amarilla y una de las recepcionistas aseguró que García era el encargado de la mensajería de la sede de Romero.
En respuesta enviada por escrito a CAMBIO, López dice: "El señor Álvaro García no es funcionario de la Secretaría de Gobierno, tiene un contrato de prestación de servicios (...) su contrato no contiene cláusulas de exclusividad, no le limita para participar en actividades políticas, ni le impide suscribir contratos con particulares, contratos que según he indagado no ha suscrito". Y agrega que "ni la secretaria de Gobierno, ni ninguno de sus funcionarios están al servicio de intereses particulares".
No obstante, miembros del Polo no piensan lo mismo. Por ejemplo, el concejal Wilson Duarte dice que Clara López "debería ejercer mayor presencia en el Concejo de Bogotá en vez de utilizar sus esfuerzos para apoyar la campaña de su esposo, Carlos Romero, al Senado". Aunque la secretaria desestima los señalamientos, las cosas podrían enredársele.