Julio 30 de 2008
La nueva guerra
Los herederos de los ex jefes de las Auc extraditados se pelean en Córdoba y Antioquia por sus tierras y por el manejo del negocio del narcotráfico.
La extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares el 13 de mayo les hizo creer a las autoridades que Colombia había erradicado uno de los mayores factores de de-sestabilización de la última década: el narcoparamilitarismo. Pero estaban equivocadas. Desde el momento mismo de la desmovilización se estaba incubando una nueva generación de delincuentes peor que las anteriores y que en las últimas dos semanas han sacado las garras.
Las consecuencias las padecen varios municipios del departamento de Córdoba y la ciudad de Medellín, donde las autoridades reportan con preo-cupación un incremento inusitado en las cifras de homicidios provocada por una guerra a muerte entre los hombres de Daniel Rendón 'Don Mario' y los sucesores de Diego Murillo 'Don Berna' que antes se llamaban 'La Oficina de Envigado' y hoy se conocen como 'Los Paisas'. Por eso, mientras en Córdoba hubo 41 asesinatos en junio, la cifra más alta desde 2003, y en julio ya van 40 muertos, en Medellín y su área metropolitana hubo incremento del 14 por ciento de muertes violentas y entre enero y julio se contabilizaron 530 asesinatos.
La mayoría de estas muertes tienen un hilo conductor: la disputa entre paramilitares que nunca se desmovilizaron, los que sí lo hicieron y las llamadas bandas emergentes por el control de las rutas del narcotráfico, las oficinas de cobro en las ciudades y para hacerse a las tierras que tenían en la sabana cordobesa, Urabá y Chocó los paramilitares presos en Estados Unidos. Son miles de hectáreas que se niegan a devolver a las víctimas de las que se apoderaron hace algunos años Salvatore Mancuso, Diego Murillo 'Don Berna', Edward Cobos 'Diego Vecino', Ramiro Vanoy 'Cuco' y Fredy Rendón 'el Alemán' y los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil (muerto y desaparecido, respectivamente).
Este hecho provocó el desplazamiento de 87.000 personas en Córdoba, según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes). Precisa el documento entregado a CAMBIO que, además de la guerra por las tierras, los carteles de la droga están en disputa interna, la guerrilla hace alianzas con otros grupos para mantenerse en la zona. "El diagnóstico es desolador. En el sur del departamento aumentaron los cultivos de coca de los paramilitares, regulados y aprovechados por las Farc y transformados en cocaína por pequeños carteles que tienen una inmensa capacidad para exportarla", indica el documento. En Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia persisten, además, formas de control de la población, del territorio y de la administración pública, con fines políticos o para asegurar el negocio, según advierten líderes locales.
La pregunta hoy es ¿quién se va a quedar con las tierras arrebatadas por los paramilitares a campesinos pobres en los años 80 y 90? Mientras la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está atenta a que esos territorios sean restituidos a las víctimas, ganaderos y finqueros tradicionales disputan las propiedades con los poderes mafiosos que se han declarado entre sí la guerra. En este contexto, advierte un representante de una asociación de víctimas en Tierralta, se multiplicaron las amenazas. "Las víctimas que reclamamos las tierras somos un estorbo y es claro que quieren quedarse con nuestro terreno", denuncia.
A esto se suma que los desmovilizados que cumplen con el proceso de paz son obligados a unirse a los nuevos grupos y 53 fueron asesinados en esa región por negarse a hacerlo.Otros nunca se desmovilizaron y después de servirle a Vicente Castaño optaron por trabajar con 'Don Mario', hermano de 'el Alemán' que nunca se desmovilizó y según las autoridades se hizo a las tierras de los hermanos Castaño Gil y es la cabeza visible del rearme paramilitar, con cerca de 6.000 hombres a su servicio en todo el país.
Frank Pearl, alto consejero presidencial para la Reintegración Económica, expresó su preocupación porque a la fecha 400 de los desmovilizados abandonaron el programa del Gobierno y hoy están al frente de bandas mafiosas, muchas al servicio de 'Don Mario'. Otros 2.600 optaron por otras actividades delictivas. "La situación es preocupante y el Gobierno analiza crear una unidad especial para la región -explica Pearl-. Estamos buscando, además, brindar programas que impidan que más desmovilizados elijan la ilegalidad como opción y renuncien a los beneficios que les ofrece el Gobierno".
El negocio
Para la Policía el gran factor de confrontación es el narcotráfico, y una vez extraditados los 14 ex jefes de Auc la guerra en Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, en Córdoba, es una lucha por el reacomodo de los mandos medios de los narcotraficantes y por eso de forma simultánea hay muertos en Córdoba y Medellín, ciudad base de la gente de 'Don Berna'. "Esa disputa viene desde octubre del año pasado cuando empezaron a llegar a la capital antioqueña hombres de 'Don Mario' a pelearle a 'Don Berna' sus negocios ilícitos -dice Jorge Mejía, asesor en temas de seguridad del alcalde Alonso Salazar-. Pero a Córdoba también se desplazaron hombres de 'Don Berna' y empezó una confrontación con las consecuencias que tenemos ahora". En las últimas dos semanas los combates arreciaron en Tierralta, Puerto Libertador y en los barrios de Medellín, donde hubo tres masacres. A esto se suman múltiples asesinatos, desapariciones, secuestros y balaceras de calle a calle a plena luz del día, hechos que no se registraban, en el caso de la capital antioqueña, desde finales de 2002.
El punto más crítico de la confrontación ocurrió en Medellín el lunes 28 de julio, cuando fue asesinado Antonio López, 'Job', hombre de confianza de 'Don Berna' y uno de los integrantes más peligrosos de esa organización, que según el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a pesar de haberse desmovilizado seguía cometiendo ilícitos. Las autoridades investigan si el responsable de esa muerte es 'Don Mario' quien en menos de seis meses doblegó y puso a su servicio a la mayoría de los hombres que trabajaron con 'Don Berna', o su sucesor, Carlos Mario Aguilar 'Rogelio', quien según las autoridades viajó hace algunas semanas a Miami a negociar las condiciones de sometimiento a la justicia en ese país y quien sería reemplazado por alias 'Douglas'.
Al parecer la muerte de 'Job' sería una venganza relacionada con la masacre de Puerto Libertador (Córdoba), que fue atribuida por las autoridades a 'Los Paisas'. En retaliación los hombres de 'Don Mario' asesinaron a cuatro personas en un establecimiento público de esa población por, presuntamente, tener relaciones con 'Los Paisas'.
Existe, sin embargo, otra versión de las autoridades según la cual estos grupos armados ilegales pretenden provocar temor en la población para que no se atreva a reclamar las tierras. La hipótesis se sustenta en el hecho de que en la masacre de Puerto Libertador murió un líder de la población desplazada, Eduardo Montalvo Santana, de 52 años, del cabildo Miraflores, quien era vocero de los que reclaman la devolución de las tierras por parte de los paramilitares, tal como aconteció con la líder campesina Yolanda Izquierdo, muerta el 31 de enero de 2007.
Las retaliaciones de un bando y otro se han extendido a todo el país y, lo peor, según un informe de la Policía, es que desmovilizados paramilitares están a la cabeza de las bandas que le sirven a 'Los Paisas' y a 'Don Mario', organizaciones que habrían hecho alianzas con frentes de las Farc que hacen presencia en el Nudo de Paramillo, zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba. La intensidad de la nueva guerra tiene muy preocupado al alto Gobierno, que no quiere que la situación se salga de control. Por esa razón, el propio presidente Uribe les ordenó a las autoridades, el pasado 29 de julio en Itagüí, que se pusieran al frente de las investigaciones. Señores generales, "todavía queda en 'La Oficina de Envigado' 'el Yiyo', 'el Memín', unos bandidos de esos. Acábelos y por cuenta mía".
819 desmovilizados fueron asesinados desde el inicio del Proceso de Paz, en 2003, precisa un informe de la MAPP de la OEA.