De los 59 fiscales de Justicia y Paz, 24 son mujeres
De izquierda a derecha, las fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Zeneida López Cuadrado, Deicy Jaramillo Rivera y Patricia Hernández. Foto: Fernando Ariza / Cambio
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Algunas veces tienen que asistir de sastre y tacones altos para recibir versiones libres de paramilitares, y otras tienen que usar camiseta, jeans y botas pantaneras para buscar en el monte las fosas donde están los cadáveres de las víctimas. Son 24 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, todas con maestrías o doctorados. De cada una dependen entre siete y 19 personas, entre investigadores, auxiliares, asistentes, forenses... y tienen en sus manos algunos de los casos más difíciles de paramilitares.
Han enfrentado cara a cara a los jefes paramilitares para obligarlos a confesar la verdad, atienden los reclamos de víctimas que salen indignadas y enfurecidas de las versiones libres de desmovilizados que justifican sus crímenes con el argumento de que las víctimas eran guerrilleros o delincuentes, o que niegan su responsabilidad en los hechos. No conocen horarios, no desfallecen, no dan tregua ni se dan tregua en un proceso que involucra tantos criminales y tantos crímenes, y de tal magnitud, que no hay antecedentes en la historia del país.
"Debo reconocer que ellas consiguen los mejores resultados", dice el jefe de la Unidad, Luis González, quien sostiene que su afirmación se basa en evaluaciones periódicas objetivas. CAMBIO reunió a tres de ellas: Deicy Jaramillo Rivera, Zeneida López Cuadrado y Patricia Hernández. Botones de muestra de lo que son las 24 duras de la Unidad de Justicia y Paz.
VENCER EL MIEDO
Casi nadie se atreve a ir a El Charcón, una vereda de Anorí, Antioquia, porque las Farc tienen minados los caminos y controlan el ingreso. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que Patricia Hernández, fiscal 15 de Justicia y Paz, madre de dos hijos y una de las más activas de Antioquia, viajara hace un mes hasta allí en busca de los cadáveres de ochos campesinos desaparecidos por los paramilitares y que, según un desmovilizado del Bloque Mineros, al mando de 'Cuco' Vanoy, habían enterrado en la zona.
Hernández consiguió apoyo de la Policía y con un escolta abordó un helicóptero que la llevó hasta el lugar, la dejó y se elevó de nuevo con la promesa de volver por ella tres horas más tarde. Tenía que aprovechar el tiempo para contactar a las familias y obtener información y, por lo menos, ubicar las coordenadas de las fosas.
El miedo solo la abandonó cuando subió al helicóptero para regresar a Medellín con la misión cumplida. Los datos que obtuvo le permitieron a su equipo de trabajo desenterrar los ocho cadáveres el pasado 15 de julio. "Los asesinaron en distintas fechas y a todos los enterraron allí ¿le contó Patricia a CAMBIO¿. Cuando vi a los familiares de esos desaparecidos descansar de buscarlos supe para qué servía mi trabajo".
DIFÍCIL DE LIDIAR
Desde cuando empezaron las versiones libres que Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', ex jefe del Bloque Norte de las Auc ¿hoy preso en Washington¿, la fiscal 3 Deicy Jaramillo Rivera se impuso como tarea lograr que confesara los crímenes más atroces atribuidos a ese bloque, e incluso logró que después de su extradición el ex jefe paramilitar siguiera enviando información sobre las fosas donde estaban enterradas algunas víctimas. "Fue una fiera difícil de lidiar ¿asegura Jaramillo¿. Tiene un ego muy grande y en cada versión libre pretendía justificar cada muerte".
La Fiscal, también madre de dos hijos, asegura que no desistirá en su empeño de buscar la verdad y de proteger la dignidad de las víctimas. Trabaja con un equipo de 19 hombres y tiene a su cargo la investigación de 1.000 crímenes atribuidos al bloque Norte, 10 casos de parapolítica y la masacre de El Salado, Bolívar, perpetrada el 18 de febrero de 2000, donde los muertos podrían ser más de 80.
