Justicia y Paz: cojea pero llega

Con el hallazgo de fosas comienza a descorrerse el velo que cubre el secreto de los desaparecidos.

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Los anuncios sobre un posible acuerdo entre Salvatore Mancuso y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmarían que el proceso de Justicia y Paz puede ir más allá de las fronteras colombianas. A cambio de beneficios judiciales, el ex jefe paramilitar -uno de los 14 extraditados el pasado 13 de mayo- se comprometió a contar las verdades que dejó pendientes en Colombia y a entregar sus bienes para hacer efectiva la reparación de sus víctimas.

Las previsiones apuntan a que varios de los compañeros de Mancuso, entre ellos 'Macaco', 'Don Berna' y 'Jorge 40', harán lo propio, y de hacerse realidad las declaraciones de funcionarios estadounidenses como el embajador William Brownfield, las autoridades de ese país podrían demostrar que la extradición no eliminó del todo la competencia de la Justicia colombiana para conseguir, así sea vía satélite, confesiones que permitirán esclarecer muchos crímenes que están en la impunidad y sacar a la luz verdades hasta ahora ocultas.

Pero por ahora solo son declaraciones de buena voluntad. Falta ver que se traduzcan en realidades jurídicas. Mientras tanto, hay un hecho claro: la extradición de Mancuso y compañía produjo la reactivación de las audiencias de versión libre. Fiscales de Justicia y Paz consultados por CAMBIO sostienen que nunca habían visto un número tan alto de desmovilizados (3.297) dispuestos a contar lo que saben.

Este hecho se suma a otra situación favorable. El Gobierno, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría tienen listo un acuerdo para definir la suerte de cerca de 20.000 desmovilizados rasos de las Auc, que estaban en un limbo jurídico tras un fallo de la Corte Suprema que cerró la posibilidad de considerarlos autores de delitos políticos.  Con el respaldo de un organismo tan importante como la Corte Penal Internacional, la Fiscalía General podría aplicar el principio de oportunidad a esos desmovilizados rasos para el delito de concierto para delinquir agravado, que es el cargo que pesa sobre ellos. La decisión de aplicarlo deberá ser avalada por un juez y los favorecidos acudir a una audiencia y firmar un acta de compromiso.

Si el acuerdo para decidir la suerte jurídica de esos miles de desmovilizados se concreta, quedarían eliminada algunas talanqueras que han impedido mayores avances en el proceso de Justicia y Paz, que cumple tres años y cuyos resultados, aunque están muy por debajo de las expectativas creadas, vale la pena rescatar.

En blanco y negro

CAMBIO consultó a varios expertos, acopió cifras oficiales y recogió testimonios calificados para hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos 36 meses.

Hay 143.405 víctimas registradas en el sistema de información de Justicia y Paz, y 49.577 fueron acreditadas para participar en el proceso judicial. Hasta el 30 de junio, 23.465 asistieron a las 134 jornadas informativas y 10.980 acudieron a las versiones libres de los desmovilizados en las cuales oyeron a los victimarios relatar en forma general 11.505 acciones criminales que afectaron a 14.557 personas, y hacer la confesión plena de 2.709 delitos que comprometieron a 3.551 víctimas. Hasta el 1 de julio estaban pendientes de confesión 8.796 casos que afectaron la vida o el patrimonio de 11.066 personas.

Los relatos y las confesiones han sido más numerosos que los bienes entregados para la reparación: 5.166 cabezas de ganado, 99 inmuebles y 14 vehículos, incluidas cuatro embarcaciones, además de 3.293 millones de pesos en efectivo. Según cálculos oficiales, la suma de estos bienes solo serviría para compensar materialmente al 3 por ciento de los afectados que buscan reparación.

A pesar de las críticas, que no son pocas, en estos tres años el proceso de Justicia y Paz se ha convertido en importante fuente de información para otros órganos de la Justicia.  Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha obtenido valiosa información para procesar a 35 congresistas, y las fiscalías delegadas ante la Corte y ante tribunales superiores de distrito han conseguido pruebas para investigar a 155 dirigentes políticos regionales, 76 miembros de las Fuerzas Armadas, 87 alcaldes, 13 funcionarios judiciales y 12 gobernadores.