Julio 23 de 2008
Justicia y Paz: cojea pero llega
Tres años después de iniciado el proceso, las expectativas han superado los resultados pero aun así han sido ubicadas 1.289 fosas.
Los anuncios sobre un posible acuerdo entre Salvatore Mancuso y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmarían que el proceso de Justicia y Paz puede ir más allá de las fronteras colombianas. A cambio de beneficios judiciales, el ex jefe paramilitar -uno de los 14 extraditados el pasado 13 de mayo- se comprometió a contar las verdades que dejó pendientes en Colombia y a entregar sus bienes para hacer efectiva la reparación de sus víctimas.
Las previsiones apuntan a que varios de los compañeros de Mancuso, entre ellos 'Macaco', 'Don Berna' y 'Jorge 40', harán lo propio, y de hacerse realidad las declaraciones de funcionarios estadounidenses como el embajador William Brownfield, las autoridades de ese país podrían demostrar que la extradición no eliminó del todo la competencia de la Justicia colombiana para conseguir, así sea vía satélite, confesiones que permitirán esclarecer muchos crímenes que están en la impunidad y sacar a la luz verdades hasta ahora ocultas.
Pero por ahora solo son declaraciones de buena voluntad. Falta ver que se traduzcan en realidades jurídicas. Mientras tanto, hay un hecho claro: la extradición de Mancuso y compañía produjo la reactivación de las audiencias de versión libre. Fiscales de Justicia y Paz consultados por CAMBIO sostienen que nunca habían visto un número tan alto de desmovilizados (3.297) dispuestos a contar lo que saben.
Este hecho se suma a otra situación favorable. El Gobierno, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría tienen listo un acuerdo para definir la suerte de cerca de 20.000 desmovilizados rasos de las Auc, que estaban en un limbo jurídico tras un fallo de la Corte Suprema que cerró la posibilidad de considerarlos autores de delitos políticos. Con el respaldo de un organismo tan importante como la Corte Penal Internacional, la Fiscalía General podría aplicar el principio de oportunidad a esos desmovilizados rasos para el delito de concierto para delinquir agravado, que es el cargo que pesa sobre ellos. La decisión de aplicarlo deberá ser avalada por un juez y los favorecidos acudir a una audiencia y firmar un acta de compromiso.
Si el acuerdo para decidir la suerte jurídica de esos miles de desmovilizados se concreta, quedarían eliminada algunas talanqueras que han impedido mayores avances en el proceso de Justicia y Paz, que cumple tres años y cuyos resultados, aunque están muy por debajo de las expectativas creadas, vale la pena rescatar.
En blanco y negro
CAMBIO consultó a varios expertos, acopió cifras oficiales y recogió testimonios calificados para hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos 36 meses.
Hay 143.405 víctimas registradas en el sistema de información de Justicia y Paz, y 49.577 fueron acreditadas para participar en el proceso judicial. Hasta el 30 de junio, 23.465 asistieron a las 134 jornadas informativas y 10.980 acudieron a las versiones libres de los desmovilizados en las cuales oyeron a los victimarios relatar en forma general 11.505 acciones criminales que afectaron a 14.557 personas, y hacer la confesión plena de 2.709 delitos que comprometieron a 3.551 víctimas. Hasta el 1 de julio estaban pendientes de confesión 8.796 casos que afectaron la vida o el patrimonio de 11.066 personas.
Los relatos y las confesiones han sido más numerosos que los bienes entregados para la reparación: 5.166 cabezas de ganado, 99 inmuebles y 14 vehículos, incluidas cuatro embarcaciones, además de 3.293 millones de pesos en efectivo. Según cálculos oficiales, la suma de estos bienes solo serviría para compensar materialmente al 3 por ciento de los afectados que buscan reparación.
A pesar de las críticas, que no son pocas, en estos tres años el proceso de Justicia y Paz se ha convertido en importante fuente de información para otros órganos de la Justicia. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha obtenido valiosa información para procesar a 35 congresistas, y las fiscalías delegadas ante la Corte y ante tribunales superiores de distrito han conseguido pruebas para investigar a 155 dirigentes políticos regionales, 76 miembros de las Fuerzas Armadas, 87 alcaldes, 13 funcionarios judiciales y 12 gobernadores.
Las versiones libres también han contribuido a sacar de la impunidad crímenes que en su momento causaron conmoción: asesinatos de 166 sindicalistas, 91 indígenas, 45 miembros de la Unión Patriótica y 19 periodistas. "Es fácil decir que vamos muy despacio, que aún falta mucho tiempo para que haya fallos, pero muy poca gente recuerda que las confesiones más esclarecedoras las han hecho personas que cuando se inició el proceso ni siquiera tenían orden de captura", le dijo a CAMBIO Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz, y quien considera que haber logrado que esos crímenes no quedaran en la impunidad es un activo para defender el proceso frente a sus críticos permanentes.
Los críticos no niegan la importancia de los resultados, pero insisten en que la lentitud del proceso mina la confianza de la opinión pública. El Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas consideran que el Estado no estaba preparado para asumir un reto tan grande, y estiman que la reparación tardará mucho y que la verdad acopiada hasta hoy servirá muy poco mientras no haya juicios y se produzcan fallos.
Aún así, no pueden desconocerse algunos avances, como la ubicación de fosas donde están enterrados miles de desaparecidos; la confesión de delitos de lesa humanidad como las masacres de El Naya, Cauca, y La Granja, Antioquia; el asesinato de miembros de la Unión Patriótica, sindicalistas y periodistas; el destape de la parapolítica y la aprobación de un plan administrativo de reparaciones.
1.289 casos de homicidio han marcado la pauta de las confesiones en el proceso.
CRÍMENES POR ESCLARECER
Cuando se concreten las ofertas de confesión de los hechos relatados por los desmovilizados en las versiones libres, los fiscales de Justicia y Paz tendrán pruebas para esclarecer:
- Asesinatos: 11.295
- Desapariciones forzadas: 604
- Extorsiones: 588
- Reclutamientos ilícitos: 412
- Secuestros: 249
- Violaciones: 11