Fiscales se rajaron en examen de conocimientos

Los funcionarios de la Fiscalía se aferran a los derechos derivados de su experiencia. Foto: Mauricio Moreno / Cambio

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LA MITAD DE LOS MIEMBROS del equipo de fiscales que durante los dos últimos años recuperó para el Estado más de 255.000 millones de pesos que estaban en poder de mafiosos y corruptos, tendrán que dejar sus cargos. Con ellos se irán también 26 de sus 29 colegas de la unidad especializada en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, lo mismo que el 80 por ciento de aquellos que investigan penalmente las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional.

Su retiro no será consecuencia de una purga burocrática, sino de los pobres resultados que obtuvieron el 12 de abril pasado, durante el primer concurso de méritos al que por ley se deben someter los funcionarios del principal ente investigador.

Los resultados de las pruebas, coordinadas por la Universidad Nacional, tienen desde ya consecuencias dramáticas para el principal organismo investigador del país. Menos de la mitad de los 1.500 servidores que se presentaron al concurso lograron contestar correctamente al menos 60 de las 100 preguntas que componían el examen de conocimientos. El 15 por ciento de aquellos que conservarán sus cargos fueron arrastrados por los 20 puntos adicionales que les concedía su antigüedad.

La consecuencia es inexorable: los reprobados tendrán que irse y dejar sus cargos disponibles para aquellos que, en un concurso abierto en el que pudieron participar particulares que cumplían requisitos, consiguieron las mejores calificaciones en el test de idoneidad. Así lo exigen las normas que regulan el nuevo régimen de carrera.

¿Qué pasó? ¿Acaso las pruebas pusieron al desnudo la pobre formación o la mediocridad de la mayoría de los rajados? "No", contestaron al unísono medio centenar que el lunes 14 de julio protestaron en las afueras del búnker de la Fiscalía. Según ellos, los resultados están viciados por los sesgos que produjeron numerosos errores en la formulación de las preguntas. "No solo eran confusas o partían de presupuestos falsos, sino que las preguntas no estaban orientadas a medir conocimientos útiles para la investigación judicial sino para calificar a eruditos en cuestiones sin aplicación práctica en el Derecho", le dijo a CAMBIO uno de los fiscales que hoy ve en vilo su cargo.

La Universidad Nacional reconoció la existencia de errores en cinco de las 100 preguntas, pero explicó que el inconveniente fue resuelto mediante una fórmula simple: a todos los participantes les fueron calificadas como respuestas válidas. "Salvo ese pequeño inconveniente de orden técnico, el examen fue diseñado por un equipo especializado del que hacían partes asesores en psicometría", explicó el profesor Eduardo Manrique, uno de los coordinadores del proceso de selección.

El sendero del pleito

Pero mientras defiende la idoneidad de sus pruebas y la imparcialidad en el concurso de méritos, la Universidad se ha visto inundada de derechos de peticiones y de acciones de tutela presentados por quienes se sienten afectados.

El problema amenaza con generar trastornos en la administración de Justicia. Para septiembre próximo la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) programó un paro indefinido que busca, entre otras cosas, presionar una revisión de los resultados, lo mismo que su eventual repetición, más garantías de estabilidad para funcionarios que, aunque reprobados, han adquirido derechos legales por su tiempo de servicio.

El asunto tiene preocupado al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, quien aunque considera que el concurso de méritos debe cumplirse a cabalidad, hay razones para buscar su revisión a futuro. Iguarán deplora que la Fiscalía pierda por esta causa a funcionarios experimentados, varios de ellos con maestrías e incluso seleccionados como capacitados por prestigiosos organismos internacionales. Sin embargo, piensa que ya era hora de que la selección por méritos reemplazara el viejo y amañado sistema de nombramientos (ver recuadro).

Ante la improbabilidad de una fórmula distinta, la controversia podría ser resuelta mediante mecanismos judiciales de excepción como la tutela. Por esta vía con el concurso para fiscales podría crearse un conflicto de nunca acabar como el que rodea, por ejemplo, la provisión de cargos de los notarios. Si así fuera, la última palabra la tendría la Corte Constitucional, el tribunal que más ha abogado por el fin de los nombramientos 'a dedo'.