Julio 16 de 2008
Diferencias entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema siguen vigentes
Aunque por lo pronto se desactivó el "choque de trenes".
PESE A QUE AMBAS PARTES no dudaron en calificar el encuentro entre el presidente Álvaro Uribe y los magistrados de la Corte Suprema como "constructivo" y como una "visita cordial", lo cierto es que las diferencias de fondo que llevaron al distanciamiento se mantienen. Entre ellas, las que tienen que ver con las extradiciones a Estados Unidos de los jefes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, y el tratamiento de sediciosos que pide el Ejecutivo para cerca de 20.000 ex combatientes de los grupos de autodefensas del país, reconocimiento que ha sido negado por el alto tribunal.
Los resultados de la reunión les dejaron un sabor agridulce a los magistrados de la Corte Suprema. Después de oír un pormenorizado relato hecho por el presidente de la corporación, Francisco Ricaurte, durante la sala plena del martes 15, a los miembros de la Sala Penal, especialmente, les surgieron más dudas que certezas, aunque valoraron la disposición del Ejecutivo por encauzar las relaciones interinstitucionales.
Entre el inventario de inquietudes que le fueron planteadas al Presidente de la Corte estaba lo que los juristas han llamado "probados intentos" del Gobierno por desacreditar a los miembros de ese alto tribunal. ¿Se comprometió el Presidente a desmontar un dispositivo realizado por el DAS para escrutar incluso la vida privada de algunos de ellos? Si el Presidente Uribe no tenía conocimiento de ello, ¿se comprometió a activar una investigación administrativa para castigar a los responsables? Esas fueron, entre otras, las preguntas planteadas al magistrado Ricaurte por sus colegas, luego de su reunión con el Jefe del Estado.
No pocos preguntaron también si el Jefe del Estado se había declarado dispuesto a deponer las armas de la "presión judicial" ejercida contra algunos magistrados en instancias como la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Sus alusiones fueron claras a dos casos concretos. El primero de ellos, el del magistrado Julio César Valencia Copete, ex presidente de la Corporación, denunciado por Uribe por injuria y calumnia después de haber declarado que el mandatario le preguntó en una conversación telefónica por la situación jurídica de su primo Mario, hoy preso por el escándalo de la parapolítica. El segundo es el de Iván Velásquez, coordinador del equipo especial que adelanta esa investigación, procesado por la Fiscalía a raíz de una declaración de una carta enviada por 'Tasmania' a la Casa de Nariño y que para los magistrados no es más que un montaje.
Miembros de la Corte que hablaron con CAMBIO después de la reunión de sala plena se preguntaron si la actuación de la Fiscalía en este segundo caso está mediada por una posible injerencia del Ejecutivo. Según ellos, la investigación se movió ágilmente cuando el Presidente pidió ser oído en declaración -ampliación incluida- pero entró en un raro marasmo después de que 'Tasmania' se retractó y confesó haber sido instrumento de un montaje contra el magistrado Velásquez.
"Es obvio -dijo uno de los magistrados a CAMBIO- que queremos recuperar la armonía en las relaciones con los demás poderes y que, de alguna manera, sentimos hoy el alivio de la distensión generada por el encuentro de la noche del lunes". Sin embargo, advirtió que la paz institucional será plena cuando todo eso haya sido esclarecido.
Y para ello, consideran los magistrados, el Ejecutivo tiene que enviar señales claras de propiciar el nuevo clima de cordialidad y en ese sentido fue fundamental el hecho de que el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, les hubiera expresado la voluntad del Gobierno de tener una muy buena interlocución con el alto tribunal y que para ello había decidido nombrar en el Viceministerio de Justicia al magistrado del Tribunal de Bogotá Édgar Sanabria, cuyo nombre contó con la acogida de los magistrados.
El tema de la interlocución con la Corte Suprema es uno de los que más inquieta a altos funcionarios de Palacio, pues es evidente que desde los tiempos de Fernando Londoño Hoyos hasta los de Carlos Holguín Sardi, las relaciones han sido poco menos que traumáticas, hasta el punto de que, en el caso de este último, el alto tribunal lo descalificó públicamente como un interlocutor válido. Y aunque Sabas Pretelt no llegó a ser visto como un contradictor, es evidente que tampoco logró armonizar plenamente con los magistrados.
Pero no todo fueron dudas y "cuentas de cobro" en la reunión del lunes en la noche y el martes en la madrugada entre el Presidente y los magistrados. La mayoría de los juristas celebraron los puntos relacionados con la urgencia de una reforma a la Justicia, planteado por Uribe y que busca hacerla más operativa, pero sin menoscabar su independencia. Incluso estuvieron de acuerdo con la idea gubernamental de establecer una especie de doble instancia para el procesamiento de congresistas. La fórmula consistiría en separar las funciones de instrucción y juzgamiento dentro de la propia Corte.
Destacaron también la buena disposición mostrada por el nuevo ministro del Interior y de Justicia, quien en muy poco tiempo logró tender puentes entre las partes y pudo reconstruir unas relaciones que se encontraban en un punto crítico. "Estamos seguros que de él no vamos a oír las expresiones de desdoro que escuchábamos con frecuencia de su antecesor", comentó un miembro de la Sala Laboral.
De cualquier manera no es posible esperar grandes acuerdos en este tipo se reuniones, más allá de lo formal y de los gestos de reconciliación entre poderes, que contribuyan a la paz institucional.
Pero la naturaleza de las funciones que cumple la Corte Suprema como administradora de justicia le impide -a diferencia del Ejecutivo- comprometerse en temas concretos, o definir políticas generales respecto a un problema jurídico específico, como sería el tratamiento político a los paramilitares desmovilizados, asunto que ya fue definido por la Corte y cuya jurisprudencia no puede cambiar de forma abrupta con fundamento en una reunión con el Jefe del Estado.
Según el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, "entre el Gobierno y las Cortes hay temas dialogables y temas no dialogables. Hay cosas que se pueden acordar dentro de una colaboración armónica. Otras no". Y eso es algo que el Ejecutivo tendría que empezar a entender.