Diferencias entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema siguen vigentes

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Pero no todo fueron dudas y "cuentas de cobro" en la reunión del lunes en la noche y el martes en la madrugada entre el Presidente y los magistrados. La mayoría de los juristas celebraron los puntos relacionados con la urgencia de una reforma a la Justicia, planteado por Uribe y que busca hacerla más operativa, pero sin menoscabar su independencia. Incluso estuvieron de acuerdo con la idea gubernamental de establecer una especie de doble instancia para el procesamiento de congresistas. La fórmula consistiría en separar las funciones de instrucción y juzgamiento dentro de la propia Corte.

Destacaron también la buena disposición mostrada por el nuevo ministro del Interior y de Justicia, quien en muy poco tiempo logró tender puentes entre las partes y pudo reconstruir unas relaciones que se encontraban en un punto crítico. "Estamos seguros que de él no vamos a oír las expresiones de desdoro que escuchábamos con frecuencia de su antecesor", comentó un miembro de la Sala Laboral.

De cualquier manera no es posible esperar grandes acuerdos en este tipo se reuniones, más allá de lo formal y de los gestos de reconciliación entre poderes, que contribuyan a la paz institucional.

Pero la naturaleza de las funciones que cumple la Corte Suprema como administradora de justicia le impide  -a diferencia del Ejecutivo- comprometerse en temas concretos, o definir políticas generales respecto a un problema jurídico específico, como sería el tratamiento político a los paramilitares desmovilizados, asunto que ya fue definido por la Corte y cuya jurisprudencia no puede cambiar de forma abrupta con fundamento en una reunión con el Jefe del Estado.

Según el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, "entre el Gobierno y las Cortes hay temas dialogables y temas no dialogables. Hay cosas que se pueden acordar dentro de una colaboración armónica. Otras no". Y eso es algo que el Ejecutivo tendría que empezar a entender.