Metida de pata

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La prestigiosa cadena de noticias aclaró en su texto que la transacción no se dio por el elevado costo de la grabación y para ilustrar el artículo divulgó una fotografía en la que se aparece una persona con una insignia del CICR, pero no se ve claramente que sea en el lugar de la liberación de los secuestrados.

Tras la publicación de la noticia en CNN, el Gobierno por medio del vicepresidente Francisco Santos intentó atajar la bola de nieve. Desde el otro lado del mundo dijo que Colombia era respetuosa de los convenios internacionales e invitó a los medios de comunicación a pasar la página de un escándalo inexistente.

Sin embargo, ante la posible reacción del CICR desde Ginebra, Suiza, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se reunió con la cúpula militar y con un delegado de ese organismo humanitario y le explicaron lo ocurrido. Por esa razón el presidente Uribe salió apresuradamente a reconocer la falta y a explicar lo sucedido. Y lo hizo en la celebración del día de Cundinamarca, donde explicó que en efecto en la Operación Jaque fue usado un emblema del CICR, pero atribuyó el episodio a un error de uno de los oficiales que participó en la operación.

"Este oficial -dijo Uribe-, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llevaba en su bolsillo, y lo puso sobre su chaleco".

Lío político

El episodio del uso de los emblemas de la Cruz Roja por parte de un oficial es el típico fenómeno que tiene visiones totalmente opuestas adentro y afuera del país. En Colombia, la euforia que desató el rescate de Íngrid Betancourt y de los otros catorce secuestrados tiende a opacar el rechazo a la violación de una norma del DIH. Incluso el ex viceministro de Justicia del gobierno Uribe, Rafael Nieto, en declaraciones a Caracol Noticias se sumó a esa tendencia.

Pero la lectura en el exterior es diferente, y mucho más negativa. Después del debate que suscitaron los operativos para capturar a Rodrigo Granda en Venezuela y para dar de baja a 'Raúl Reyes' en Ecuador, el impasse con el escudo de la Cruz Roja será utilizado por los enemigos del gobierno Uribe para corroborar su falta de compromiso con el Derecho Internacional. La metida de pata será utilizada para macartizar a Colombia como un país que acude a cualquier medio con tal de obtener sus fines. El mejor discípulo del criticado George W. Bush.

La magnitud de las consecuencias políticas dependerá en parte de qué tan convincente sea la explicación del gobierno Uribe. En principio, el argumento reedita la fórmula utilizada sin mucho éxito con Ecuador, después del operativo contra 'Reyes': se basa en el reconocimiento del error y el ofrecimiento de excusas, y en esta ocasión se agrega la aclaración de que la falla fue cometida por un soldado a título personal, en contra de las órdenes recibidas, y sin el beneplácito del Estado. La polémica se convierte en el primer 'chicharrón' que deberá enfrentar el nuevo canciller, Jaime Bermúdez.

El daño mayor, sin embargo, ocurrirá en las relaciones entre Colombia y el CICR. Las dos partes cuentan con mecanismos de cooperación acordados como desarrollo de los protocolos a los Convenios de Ginebra. Con base en ellos, la Cruz Roja ha operado durante más de una década en actos humanitarios, con neutralidad y discreción, gracias a la posibilidad de sostener contactos con todas las partes. El trabajo ha sido mucho más provechoso de lo que se conoce, porque la prudencia es una de las características fundamentales del CICR.

La utilización de símbolos de la Cruz Roja es considerada un irrespeto grave, porque mancha su imagen de neutralidad y, por consiguiente, debilita su confianza. ¿Qué pasará la próxima vez que un vehículo del CICR se aproxime a un terreno de batalla para aliviar al personal civil? ¿Lo acatarán el Ejército o la guerrilla? ¿Dudarán de su carácter fidedigno? Estas son las duras preguntas que se están formulando en la sede central del CICR en Ginebra, Suiza, y en su oficina de Bogotá. Y que, sin duda, afectarán durante mucho tiempo sus relaciones con el Estado colombiano.