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EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006, los entonces presidentes de Senado y Cámara, Dilian Francisca Toro y Alfredo Cuello Baute, aparecieron de repente en el corregimiento La Mesa, en cercanías a Valledupar, para asistir a la entrega del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', quien tras haber escapado de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito en agosto de ese año, había decidido someterse a la Ley de Justicia y Paz.
Para ello 'Jorge 40' pidió que estos dos congresistas, la primera del Valle del Cauca y el segundo del Cesar, ambos pertenecientes al Partido de la U, sirvieran de garantes para su sometimiento, a lo que ellos accedieron sin objeción alguna. El episodio tuvo contradictores que no vieron con buenos ojos que las cabezas del poder legislativo se prestaran para un evento que más parecía una fiesta. El senador Gustavo Petro se preguntó por aquellos días: "cómo es posible que los encargados de hacer las leyes se abracen y sonrían con una de las personas que más infringe la ley como lo es 'Jorge 40' ".
Ahora, 22 meses después de ese evento, la Corte Suprema abrió indagación preliminar contra la ex presidenta del Congreso por sus presuntos nexos con las Auc. La Sala Penal ya había hecho lo propio en septiembre del año pasado en el caso de Cuello Baute, otro de los asistentes a la entrega de 'Jorge 40'.
El martes en la mañana, después de enterarse del asunto a través de los medios de comunicación, la senadora respondió de inmediato: en la W Radio dijo que no conocía la investigación de la Corte e insistió en que no necesitó de grupos ilegales para hacer política; en La FM de RCN, cuando le preguntaron por sus presuntos nexos con el frente Cacique Nutibara de Medellín explicó que "yo no he tenido relaciones con Antioquia. Bueno, saqué 2.000 votos en las elecciones pasadas, pero yo había hecho un trabajo en salud allá. Pero no tengo relaciones en esa área".
El testigo
No obstante, CAMBIO conoció en fuentes cercanas a la investigación que las cosas no son tan fáciles como las planteó la congresista. El grupo especial que adelanta la investigación por la parapolítica escuchó hace dos meses la versión de un político cercano a Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', quien aseguró que la dirigente política vallecaucana se habría beneficiado políticamente de los paramilitares.
Según esa versión, Toro habría sostenido vínculos con los jefes de los bloques Calima y Libertadores del Sur de las Auc, que tenían como centro de operaciones a Valle y Nariño. Estas relaciones se habrían extendido a 'Jorge 40' y a 'Macaco', quienes según el testigo habrían ordenado apoyos a la congresista en otras regiones del país.
Para sustentar su afirmación, el declarante examinó el caudal electoral de la senadora en el Valle, donde alcanzó 81.587 votos en las elecciones de 2006, superando a todos sus oponentes.
El testigo se refirió también a los votos, según él atípicos, que consiguió la senadora en Magdalena y pidió que la Corte examine la votación de la congresista en Cerro de San Antonio, un municipio en el occidente de ese departamento controlado en su momento por 'Jorge 40' y donde comenzó la guerra del jefe paramilitar contra los políticos tradicionales. "En las elecciones era un pueblo netamente paramilitar", dijo.
Según los datos de la Registraduría, la senadora alcanzó en esa población 419 votos que, a juzgar por políticos de la zona, se constituyen en todo un capital político. "Parece raro, pero si usted revisa, fue el único pueblo del Magdalena donde la senadora obtuvo mayoría de votos, después de Luis Eduardo Vives. Y lo más llamativo es que ella ni siquiera vino a esa región a hacer proselitismo. Le hicieron los votos", sostiene otro político del Magdalena.