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LA MOVILIDAD ES uno de los problemas que más preocupa al alcalde Samuel Moreno. Dice, incluso, que se le ha convertido en una obsesión. Por eso en el Plan de Desarrollo quedó claro que la administración centrará los mayores esfuerzos en la construcción de la primera línea del Metro y en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP.
La empresa es ambiciosa pero muchos consideran que no se podrá llevar a cabo sin antes solucionar el problema de la sobreoferta de buses. "Esa es la barrera que ha frenado el avance de la movilidad en Bogotá -dice la concejal Ángela Benedetti -. Las políticas para reducir la sobreoferta fracasaron". Así lo demuestra un informe de la Contraloría Distrital, según el cual desde 2003 hasta hoy han entrado en circulación cerca de 10.000 vehículos más, a pesar de que en 2003 la administración de Antanas Mockus se puso como meta sacar 8.000.
Según el representante Simón Gaviria, "la reducción de la sobreoferta no solo está estancada, sino que va en retroceso". Pero el secretario de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, dice que no sobran 8.000 buses, como lo diagnosticó el Distrito en el Plan Maestro de Movilidad, sino 2.000. "De dónde sale, entonces, esa cantidad de buses que andan vacíos, contaminando y provocando trancones en la ciudad?", se pregunta Gaviria.
Las fallas
Es evidente que las medidas de chatarrización fracasaron o no se cumplieron, y Benedetti responsabiliza de ello a la falta de autoridad y voluntad política de las administraciones pasadas.
Durante estas, el número límite de buses que cada empresa podía operar se mantuvo estable o, en algunos casos, aumentó por instrucciones de la entonces Secretaría de Tránsito, por eso en los últimos cinco años la capacidad máxima pasó de 19.380 a 19.919. En conclusión, hay más buses circulando. "Por eso en las troncales de Suba y la carrera 30 el transporte colectivo compite a la par con TransMilenio", explica Benedetti.
Pero a juicio del presidente de la Confederación Nacional de Transportadores Urbanos, César González, son los vehículos 'piratas' los que explican la sobreoferta. "Es inaceptable que las autoridades hayan identificado en Bogotá cerca de 150 sitios por donde prestan servicio los transportadores 'piratas' y no hayan hecho nada -le dijo González a CAMBIO-. Es una evidente falta de gobierno".
El secretario de Movilidad reconoce que en Bogotá no existe un censo de buses y busetas que permita identificar cuáles están en la ilegalidad y asegura que están trabajando para establecer la dimensión real del parque automotor. "Así podremos tomar las medidas pertinentes", asegura Villegas.
Mientras eso sucede, las contradicciones en las políticas nacionales y distritales son otra traba que impide la reducción en la sobreoferta. Al mismo tiempo que Bogotá intenta modernizar y aliviar el tráfico mediante la chatarrización, el Gobierno central permite que circulen buses viejos y destartalados siempre y cuando sus dueños les hagan un mejoramiento técnico y mecánico o repotenciación. "El hecho de que un bus esté repotenciado no significa que deje de ser viejo, con sillas dañadas y el chasis deteriorado -señala Carlos Saavedra, asesor en temas de movilidad-.
Esa política va en contravía del afán de mejorar el servicio de transporte público".
Adicionalmente, hoy en Bogotá funcionan cerca de 600 rutas, 350 más de lo proyectado en el Plan Maestro de Movilidad de la administración de 'Lucho', donde quedó establecido que el sistema de transporte público podría atender perfectamente las necesidades de la ciudad con 250 rutas y 12.000 buses. "Muchas de las rutas que hay en Bogotá no tienen ningún sustento técnico y si están ahí no es por nada distinto a favores políticos", insistió Saavedra.
Pero, sin duda, el mayor problema es el rezago en la chatarrización: desde 2003, cuando entró en vigencia el programa de factor de calidad, hasta mayo de 2008, solo han chatarrizado 434 buses. Un número ridículo frente a los 3.500 chatarrizados por fuera del programa.
Así las cosas, muchos ven difícil que la nueva administración pueda cumplir con su promesa de sacar de circulación 1.400 buses este año. "Es complicado llegar a esa meta si se tiene en cuenta que hay 15.000 propietarios y cerca de 18.000 vehículos -sostiene González-. Estamos hablando de un sector de pequeños empresarios que tienen uno o dos vehículos y que les da miedo entregarlos".