Junio 11 de 2008
¿Quiénes aparecen en la caleta de Mancuso?
Documentos hallados en el apartamento del ex jefe paramilitar Mancuso comprometen a conocidos ganaderos y comerciantes de Córdoba.
"QUISIERA pedirle respetuosamente se sirva disponer lo que considere Ud. pertinente para continuar desde mi actual sitio de reclusión adelantando mis versiones libres, en aras de poder cumplir mi compromiso con la verdad, la cual honraré, no solamente para cumplirle a la ley, sino para cumplir con la memoria histórica de nuestra patria", escribió Salvatore Mancuso en una carta dirigida a Leonardo Cabana Fonseca, fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, fechada el 23 de mayo (ver facsímile en recursos relacionados).
Además de expresarle su intención de cumplir con los compromisos adquiridos tras la desmovilización, el ex jefe paramilitar, hoy recluido en una cárcel de máxima seguridad de Washington, le pedía al fiscal que les diera a conocer el mensaje a las víctimas o a sus representantes.
Hasta el 13 de mayo, cuando fue extraditado, Mancuso había confesado a cuentagotas algunos de sus crímenes, había entregado 84 inmuebles -la mayoría manejados por testaferros-, dos sociedades y dos establecimientos comerciales avaluados en 51.000 millones de pesos y había dicho que colaboraría con muchos más. Pero 10 días después de la carta al fiscal Cabana, quedó en evidencia que las intenciones de Mancuso estaban muy lejos de las que había expresado mentirosamente en la carta.
Un informante, que se comunicó con la Fiscalía, aportó valiosa información sobre una caleta que el capo tenía oculta en un apartamento de su propiedad en Montería. "Salvatore está ahora lejos de aquí y seguro en una cárcel, y desde allí le costará mucho más tomar represalias", le dijo el informante al funcionario que recibió la llamada y luego le indicó la dirección donde estaba la caleta: calle 65 No. 2-175, piso 7.
El viernes 6 de junio, un destacamento de la Policía acompañó a la fiscal que asumió el caso hasta el apartamento de Mancuso, donde lograron desactivar el complejo sistema de control electrónico de la caleta oculta detrás de una pared y entrar al compartimento. Inicialmente, la expresión del oficial que estaba a cargo de la misión fue de decepción. Solo había 12 maletas donde esperaba encontrar armas y dinero.
No obstante, la fiscal decidió abrir una maleta y en ella encontró copias de contratos de arrendamiento, escrituras, listados de bienes y documentos con relaciones de gastos. "Los contratos de arrendamiento y los registros de sociedades estaban a nombre de terceras personas -contó un miembro de la comisión judicial-. En ninguno aparecía el nombre del paramilitar".
El único nombre que reconocieron de inmediato fue el de la suegra de Mancuso: Pilar González. Pero mientras un oficial revisaba los documentos, a otro le llamaron la atención algunos nombres que le sonaban conocidos y sobre los cuales hoy la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación preliminar que podría comprometer a reconocidos miembros de la sociedad monteriana.
De confirmarse que los documentos corresponden a bienes de Mancuso manejados por testaferros, podría decirse que las autoridades encontraron una verdadera guaca que iría al Fondo de Reparación de las Víctimas: 12 propiedades rurales en Córdoba, cuyo valor ha sido calculado inicialmente en 40.000 millones de pesos.
Dos de ellas, La Gaira y Providencia, figuran a nombre de personas distintas al jefe paramilitar, pero en su momento fueron incluidas por él en el inventario de bienes que entregó antes de ser extraditado. El resto -El Hormiguero, La Esperanza, El Diluvio, Nueva Holanda, La Ilusión I, La Ilusión II, Tierra Grata, Nueva Delhi y La Morada- podrían ser intervenidas, lo mismo que la empresa Caribbean Services Communication, las droguerías La Imperial en Montería y Tierralta, y algunas casas en Puerto Escondido, Córdoba, y en Cartagena.
La Fiscalía ha guardado reserva sobre las personas investigadas porque podrían hacer parte de una red de testaferros que le servían a Mancuso para ocultar bienes, verdadero dossier de bienes, pero CAMBIO pudo establecer que seis conocidos ganaderos y empresarios de Córdoba figuran en la lista.
Uno de ellos es el ganadero Jaime Maroso Pontiggia, quien cobró notoriedad en 2005 en una feria en Medellín por la venta de un reproductor Brahman blanco en 800 millones de pesos, cifra sin precedentes en el negocio. No es la primera vez que el dueño de la hacienda La Vittoriana, uno de los más famosos hatos ganaderos del departamento, aparece mencionado en relación con Mancuso. En junio de 2007, el extraditado Fabio Ochoa dijo en una entrevista en la revista Semana, que Maroso era una de las personas que le guardaban dinero a Mancuso o trabajaban con él.
Otros de los investigados son Leopoldo Anaya Torres, dueño de la concesionaria de autos Importamos; Alexánder Hincapié Acevedo, capitán (r) de la Policía, propietario de La Casa del Deporte; Carlos Roca, experto en tiro y quien, según las autoridades, hacía las veces de secretario privado de Mancuso y en ocasiones le llevaba las cuentas.
También aparece Arán Asías Solet, un ganadero asesinado en Planeta Rica en febrero pasado, al parecer por miembros de grupos paramilitares emergentes. Algunos de los bienes que figuran a su nombre fueron adquiridos por el ex gobernador Benito Osorio, quien fue obligado a renunciar al cargo después de que CAMBIO reveló grabaciones que lo vinculaban con Mancuso.
Una comisión especial de fiscales de Bogotá viajó a Córdoba para investigar el origen de las propiedades de los arriba mencionados. De resultar asociados con dinero de los paramilitares serán destinados al cumplimiento de una de las promesas que Mancuso dejó en veremos: la reparación de las víctimas.
LA RÉPLICA
Los empresarios Leopoldo Anaya y Jaime Maroso dijeron en una carta a CAMBIO que se enteraron de que durante el allanamiento a la caleta apareció un documento que relaciona supuestos aportes suyos a proyectos productivos de Mancuso en Tierralta por cuantía de 2.204 millones de pesos. Aseguraron que eso no es cierto y explicaron: "Nunca hemos hecho aportes adicionales o diferentes a los efectuados inicialmente y en asocio con el Estados colombiano, con el único fin de apoyar el proceso de desmovilización y la paz en el departamento de Córdoba y en el país. Esos aportes iniciales se hicieron públicamente, con el respaldo, aval y supervisión del Estado colombiano y fueron entregados y manejados por Fiduagraria y que tuvo como garante excepcional al excelentísimo obispo de Montería Julio César Vidal, quien estuvo presente en las reuniones pertinentes". Insistieron en que eso no los hace testaferros de alguien.
BIENES INTERVENIDOS
Un informe de la Unidad de Extinción revela el número y monto de los bienes intervenidos a los paramilitares desmovilizados. Entre los más representativos figuran los siguientes:
CARLOS MARIO JIMÉNEZ, 'MACACO': 43 inmuebles, 27 vehículos, seis sociedades mercantiles, una motonave, seis establecimientos comerciales, 14 estilógrafos Mont Blanc. Valos estimado: 38.220 millones de pesos.
VICENTE CASTAÑO Y TESTAFERROS: 127 inmuebles, ocho establecimientos comerciales, cinco sociedades y cuatro vehículos. Valor estimado: 19.322 millones de pesos.
JUAN CARLOS SIERRA, 'EL TUSO': 18 inmuebles, ocho establecimientos comerciales y un vehículo. Valor estimado: 10.000 millones de pesos.
FRANCISCO JAVIER ZULUA, 'GORDOLINDO': 23 inmuebles, 10 productos financieros y un establecimiento comercial. Valor estimado: 4.900 millones de pesos.
HERNÁN GIRALDO: 55 inmuebles, 12 establecimientos comerciales, tres sociedades y un CDT. Valor estimado: 2.670 millones de pesos.
NODIER GIRALDO: 19 inmuebles, seis establecimientos comerciales y cuatro sociedades. Valor estimado: 2.323 millones de pesos.
LUCIO BURBANO: 143 inmuebles, nueve establecimientos comerciales y depósito financiero. Valor estimado: 60.000 millones de pesos.
BLOQUE CENTAUROS: 12 inmuebles, 11 establecimientos, tres sociedades y dos motonaves. Valor estimado: 30.000 millones de pesos.