Mayo 28 de 2008
Contraloría y Auditoría, en choque por procesos que comprometen recursos públicos
El caso de la compra de la mitad de Orbitel por parte de las EPM de Medellín y el riesgo de impunidad en procesos de Transmilenio hacen evidente el enfrentamiento.
EN SEPTIEMBRE DE 2007, Martha Cecilia Vélez, entonces contralora de Medellín, adelantaba una investigación de responsabilidad fiscal por un supuesto sobrecosto cercano a 52 millones de dólares en la compra del 50 por ciento de las acciones de Orbitel por parte de las Empresas Públicas, EPM.
La presunción se basaba en un estudio de Inverlink S.A., acogido como prueba técnica, que fue cuestionado por el gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, quien expresó su desacuerdo con el procedimiento utilizado y puso en duda la imparcialidad de la investigación. Ante lo delicado del tema, Vélez viajó a Bogotá con uno de sus asesores y sustentó sus actuaciones ante el contralor general, Julio César Turbay Quintero, quien, según ella, se declaró satisfecho con los avances de la investigación y le dijo que continuara con el proceso.
Sin embargo, pocos días después, Turbay decidió aplicar la figura del "control de excepción" y ordenó trasladar el expediente a Bogotá. Pero hoy, ocho meses después, y pese a lo avanzada que estaba la investigación en Medellín, la Contraloría General no ha tomado decisión alguna.
Algo similar le ocurrió a Adriana Magaly Matiz, cuando era contralora de Ibagué. Realizaba una investigación sobre posible detrimento patrimonial en el Instituto de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, Ibal, derivado de contratos irregulares, nóminas paralelas e interventorías que no se llevaron a cabo. "El senador Hernán Andrade movió influencias para frenar la investigación -afirmó Matiz a CAMBIO-. Le dijo al Contralor General que se trataba de una persecución política de mi parte contra el gerente del Ibal, Alberto Bocanegra".
Lo cierto es que el contralor Turbay ordenó que el caso pasara a la regional del Tolima, que hizo borrón y cuenta nueva, realizó una nueva auditoría, desechó los hallazgos de la primera y trasladó las responsabilidades a funcionarios de menor rango. El expediente duerme hoy el sueño de los justos.
Casos como los descritos no son los únicos. A comienzos de mayo, la auditora general de la República, Ana Cristina Sierra de Lombana, le envió a Turbay un "control de advertencia" -mensaje de alerta- en relación con dos procesos por irregularidades en la construcción de infraestructura para el TransMilenio en Bogotá. Por otra parte, según un informe de comisionados de la Auditoría que acaban de hacer una serie de visitas a la Contraloría General, en 2006 "la inactividad procesal" afectó a 114 expedientes en los que estaban en juego cerca de 135.000 millones de pesos de los contribuyentes. De los 11 casos de especial relevancia que terminaron en prescripción, cinco tenían que ver con corrupción en la Cámara de Representantes.
No obstante el panorama, la Auditoría no se atreve a decir que hay impunidad fiscal amparada por la Contraloría General. Uno de los investigadores sostiene que sería injusto atribuirle al contralor Turbay toda la responsabilidad, pues la mayoría de los casos examinados vienen de gestiones anteriores. "Lo que pretendemos evitar es que el fenómeno siga presentándose -dice el investigador-. Hay signos inquietantes de que vicios del pasado están lejos de desaparecer".
Sin afanes
En ausencia del contralor Turbay, CAMBIO consultó al vicecontralor Roberto Pablo Hoyos, quien fue enfático en rechazar lo que llamó "apreciaciones sesgadas" de la Auditoría, y aseguró que la Auditora puede estar extralimitándose en sus funciones, porque no tiene atribuciones constitucionales ni legales para hacerle "controles de advertencia" a la Contraloría.
Dijo, además, que le parecía por lo menos exótico que un medio de comunicación tuviera acceso a un documento de trabajo de una auditoría que ellos no han tenido oportunidad de replicar, y agregó: "Los procesos son complejos y su complejidad aumenta cuando hay un alto número de implicados y cuando los abogados ejercen sus maniobras dilatorias. Por el prurito de la celeridad, la Auditora no puede pretender que la Contraloría le tuerza el cuello a la ley".
El Vicecontralor citó a su reunión con CAMBIO a varios contralores delegados, que también rechazaron las observaciones de la Auditoría sobre un posible "archivo de procesos", y anunciaron que el caso de EPM será resuelto pronto, como lo anunció hace menos de un mes el contralor Turbay en Medellín. Explicaron que al iniciar su gestión en septiembre de 2006, el Contralor encontró 1.047 expedientes rezagados y que entonces ordenó un plan de choque que hasta el 30 de abril permitió fallar 603 casos. "Gracias a medidas como la contratación de 50 abogados especializados, cerca del 80 por ciento de los procesos que estaban en riesgo fueron salvados de las aguas de la prescripción y de la impunidad", dijo uno de ellos.
Consultada por CAMBIO, la Auditora rechazó las observaciones de Hoyos sobre su presunta falta de competencia y dijo que no está dispuesta a ser convidada de piedra. "La Corte Constitucional ha dicho y reiterado que la función auditora se ejerce con la misma intensidad por parte de todos los órganos habilitados para ello -asegura Sierra de Lombana-. Y la Auditoría fue creada por la Constitución de 1991 con instrumentos muy claros para coadyuvar en la defensa del interés público".
No cabe duda de que hay roces entre las dos entidades. Mientras el Vicecontralor dice que la Auditoría no tiene competencia para rondar a la Contraloría, la Auditora sostiene que Hoyos no ha podido ocultar su interés de "eliminar a la Auditoría" y que por eso lideró la redacción de un proyecto de ley que deja prácticamente sin funciones al organismo. Sin embargo, asegura que nada tiene contra el Contralor porque encuentra que varias de sus actuaciones son destacables, pero que no va a permitir que "la Auditoría se convierta en una oficina que se limita a poner chulos de visto bueno" y que se va a quedar callada "cuando encuentro, por ejemplo, que la Contraloría pretende desmotivar el control territorial".
Mientras se zanja la disputa, lo que es claro es que estos enfrentamientos solo benefician a quienes buscan el fracaso de los procesos de responsabilidad fiscal contra los corruptos que se embolsillan los recursos públicos.