Mayo 28 de 2008
Detención del general ( r ) Iván Ramírez sería clave para esclarecer hechos del Palacio de Justicia
"Yo manejaba uno de los taxis usados por orden suya para transportar a los detenidos y para desaparecer los cadáveres", le dijo a Ramírez un testigo en un careo.
EL MARTES 6 DE MAYO, el general (r) Iván Ramírez se llevó una sorpresa: el fiscal que investiga la desaparición de una guerrillera y de los empleados de la cafetería durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, le tenía preparado un careo con un testigo protegido que ha dado algunas claves para esclarecer, tal vez en forma definitiva, uno de los episodios más dramáticos de la historia de Colombia.
"General, sé que se acuerda de mí", le dijo el testigo, según le relató a CAMBIO una persona que estuvo presente. Y a continuación agregó: "Yo manejaba uno de los taxis usados por orden suya para transportar a los detenidos y para desaparecer los cadáveres". Entre nervioso y disgustado, y mientras su abogado cuestionaba el procedimiento, Ramírez respondió: "¿Sí? ¡Pues usted es un mentiroso! ¡Nunca en mi vida lo he visto y ni siquiera sé su nombre!".
Los antecedentes del testigo, la precisión de su testimonio y sus probados nexos laborales con el Ejército, en condición de civil al servicio del Batallón de Inteligencia Charry Solano, han hecho que hasta ahora la Fiscalía no dude de sus palabras. El testimonio de este hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por solicitud de las fuentes, se suma a otras pruebas y evidencias de peso que llevaron al organismo de investigación a ordenar la detención de Ramírez, capturado el pasado martes 27 de mayo en su casa del norte de Bogotá.
El relato del testigo sobre los procedimientos que habría utilizado el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) -comandada por el entonces teniente coronel Ramírez entre 1985 y 1986- encajan perfectamente dentro del rompecabezas de la investigación con las versiones ofrecidas por otros testigos que incluso se retractaron en medio de amenazas contra su vida. Una de ellas es la del suboficial retirado Bernardo Garzón Garzón, que en 1989 le entregó a un juez de instrucción criminal el mapa del sitio donde habrían sido sepultados los restos de Irma Franco, una de las integrantes del comando del M-19 que asaltó el Palacio y que, según muestran algunos videos, salió con vida de la sede judicial al cabo de la retoma por parte del Ejército.
A comienzos de año el mapa fue recuperado por la Fiscalía, que adicionalmente consiguió un contacto transitorio con Garzón. Sin embargo, cuando fue a buscarlo a Cali para pedir su participación en una diligencia que serviría para validar su información, se encontró con una nota en la que el testigo decía que no podía probar todo lo que había dicho y que había tenido que huir al exterior porque su vida corría peligro.
¿De viva voz?
El ex soldado Édgar Villamizar, otro de los testigos contra el general Ramírez, declaró que por orden de este oficial por lo menos uno de los sobrevivientes de la toma, el civil Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, fue torturado, asesinado y sepultado en predios de la Escuela de Caballería, en el sector de Usaquén. Si bien las excavaciones allí en busca de posibles restos de los desaparecidos se ha convertido en una especie de mito, lo cierto es que el equipo de investigadores de la Fiscalía ordenó recientemente el examen técnico de prendas que estaban enterradas en el sitio señalado por Villamizar.
Una semana antes de disponer la captura de Ramírez, el fiscal del caso incorporó al expediente la transcripción del contenido de un casete que habría sido abandonado hace 23 años en una cafetería contigua al teatro Teusaquillo, en el centro de Bogotá. La grabación registraría las conversaciones de un grupo de agentes de inteligencia del Batallón Charry Solano que desnudarían los procedimientos ilegales usados en esa época por esa y otras unidades del Ejército en su empeño por desarticular la estructura del M-19. El documento, según su contenido, fue grabado con destino al Procurador General y a la opinión y consignaba esta advertencia: "Si esta información no va a llegar al público, no asumiremos más riesgos".
Las personas que hablan en la grabación dan como un hecho la captura, desaparición y muerte de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería; Jaime Beltrán, mesero de la misma; David Celis, cocinero, y Bernardo Hernández, mesero. Dicen que quienes los torturaron querían obligarlos a firmar un papel en el que aceptaban que ayudaron a introducir las armas usadas por el M-19 durante el asalto y que la guerrilla había recibido tres millones de dólares del narcotráfico para financiar la operación.
El único inconveniente que se plantea hasta ahora es que solo existen dos transcripciones, pero no hay certeza sobre dónde está la grabación original. Una de las versiones transcritas está en inglés y se encuentra en poder de la Comisión Internacional de la Verdad (Ver facsímile).
El eslabón
La versión en español ha sido usada por la Fiscalía en la realización de diligencias vitales dentro del proceso. Una de ellas se cumplió el pasado miércoles 28 de mayo, cuando fue interrogado el capitán (r) Fernando Blanco, quien hizo parte de la planta de oficiales de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los 80.
Familiares de las víctimas del llamado holocausto de la justicia le dijeron a CAMBIO que, paradójicamente, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería en 1985, ha ayudado a hundir a Ramírez. En una de sus ampliaciones de indagatoria Plazas dijo que el manejo de los detenidos estuvo a cargo del Coici y que las torturas y desapariciones habrían sido ordenadas por el comandante de esa unidad.
La aparición de Iván Ramírez en el escenario de las responsabilidades es relativamente reciente. Hasta diciembre del año pasado la opinión solo fijaba sus ojos en el coronel Plazas y estaba a la expectativa de eventuales vinculaciones de mandos de la época, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada militar con sede en Bogotá, y Rafael Samudio, comandante del Ejército. Pero con los hallazgos producidos hasta hoy, parece confirmarse que Ramírez era el verdadero eslabón perdido de un proceso que busca rescatar la verdad histórica.