Un fax podría poner en aprietos a Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia.
EL LUNES 19 DE MAYO, el médico ginecólogo Eduardo Esquivel le entregó a la Corte Suprema de Justicia un fax que podría poner en aprietos a Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia. En el documento, Farouk Urrutia, director de la ESE Luis Carlos Galán del Seguro Social en Bogotá, le confirma a Velásquez que cumplió su instrucción de nombrar a Esquivel como miembro del cuerpo médico de la entidad.
El fax, fechado el 30 de abril de 2005 y al que le fue adicionado el contrato de trabajo, fue enviado menos de 48 horas antes de que la Comisión Primera de la Cámara votara el proyecto que daba vía libre a la reelección presidencial. Cronológicamente encaja con la versión que Yidis Medina dio durante su indagatoria ante la Corte, según la cual el fax llegó a la oficina de Velásquez en la Casa de Nariño cuando un grupo de funcionarios del círculo palaciego le ofrecían 'el oro y el moro' para que comprometiera su voto. Si el documento es auténtico, quedaría claro que el nombramiento de Esquivel hizo parte de las cuotas burocráticas que funcionarios del Gobierno le ofrecieron a la entonces representante a la Cámara por el Partido Conservador.
En cuanto a la versión de Esquivel, salvo por algunas precisiones, coincide en lo esencial con la de Medina. Según el médico no es exacto, como lo afirmó la ex congresista, que él fue despedido del Seguro. Sostiene que como estaba en marcha la reestructuración del ISS, temía por su estabilidad y que por eso habló con la congresista para pedirle que moviera influencias a su favor. Aunque en el fax lo que se menciona es el nombramiento, en últimas es la confirmación de que Esquivel quedaba firme en el cargo.
Esquivel recibió el fax de manos de Medina y lo guardó como quien guarda un pagaré. Ella, a su vez, lo recibió del congresista Armando Benedetti, que esa noche estaba en Palacio entre los funcionarios y amigos del Gobierno que la cortejaban con prebendas burocráticas. Medina aseguró en la Corte que Benedetti le dijo: "¿Sí ve? El Gobierno es bueno y sí ayuda".
La esposa de Esquivel, un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, le dijo a CAMBIO que su marido se arrepentirá el resto de sus días de haber aceptado ese cargo. "No le fue muy bien en el sector público y sus problemas comenzaron cuando conoció a Yidis, que lo llamaba tío", dijo.
El mismo día en que Esquivel se presentó ante la Corte, funcionarios de la Procuraduría hicieron copias del expediente con el propósito de documentar una indagación disciplinaria. Según uno de ellos, Velásquez será una de las primeras personas llamadas a dar explicaciones sobre las prebendas burocráticas, prohibidas por el Código Disciplinario.
Habla Teodolindo
Mientras Esquivel daba su declaración en el Palacio de Justicia, Teodolindo Avendaño rendía indagatoria en una sala contigua. El ex representante conservador contradijo la versión de Medina al decir que es falso que él hubiera inventado que un hijo suyo había sufrido un accidente como excusa para ausentarse de la sesión en la que se votaría el proyecto, para afectar las mayorías que horas antes tenían los enemigos de la reelección.
También aseguró que no recibió ofertas burocráticas o económicas, pero aceptó que Medina consignó en su cuenta personal y en la de su esposa más de 200 millones de pesos. Inicialmente aseguró que se trataba de un préstamo para su campaña al Congreso y la compra de un inmueble, pero no supo explicar por qué en lugar de un pagaré firmado por él en calidad de deudor, lo que existe es un documento que lo convierte en acreedor de una obligación por 450 millones de pesos, cuyos deudores son Jorge Luis Escalante Viana y Luis O'meara Rivera, coincidencialmente aspirantes a la Notaría que el Gobierno le ofreció como cuota.
A la misma hora en que Teodolindo rendía indagatoria, dos magistrados auxiliares oían la versión de César Guzmán, asesor de Medina y quien firmó algunas de las consignaciones hechas a Avendaño. Guzmán confirmó que Medina le entregó el dinero y que le pidió el favor de hacer las consignaciones. Aseguró, sin embargo, que no sabía de préstamos para una campaña pero que sí había de por medio el negocio de la Notaría que el Gobierno le había ofrecido a Teodolindo, y que él propuso el nombre de O'meara como candidato para el cargo.
Explicó que conoció al hoy notario porque una prima se lo presentó y dijo que el nombramiento de O'meara fue "patinado" durante varios días ante la oficina del entonces viceministro del Interior, Hernando Angarita.
La captura de Díaz Mateus
Recién concluidas las indagatorias y declaraciones de comienzos de semana, la Corte suprema de Justicia ordenó la captura del representante a la Cámara Iván Díaz Mateus, titular de la curul que Medina ocupaba cuando fue decidida la suerte del proyecto.
Si resulta cierto lo que la ex congresista le ha dicho a la Corte, Díaz juega un papel determinante en este entramado. Según ella, el parlamentario le planteó dos escenarios según fuese el sentido de su voto: el cielo o el infierno. "El doctor Iván Díaz le dijo a mi asesor Guzmán que yo tenía que mirar bien porque si yo no le hacía el favor al Gobierno Nacional era fácil que en cualquier momento yo apareciera muerta", se lee en uno de los apartes de su indagatoria. Pero también le hizo saber que si daba su voto favorable al Gobierno él no solo le ampliaría tres meses su "palomazo" en el Congreso, sino que se encargaría de que su futuro laboral fuera brillante.
Díaz Mateus le tendrá que explicar a los magistrados auxiliares Gloria María Gómez Montoya y José Fernando Salgado Suárez si es cierto o no que presionó a su patrocinada política para que fuera en por lo menos dos ocasiones a la Casa de Nariño para discutir con el Ministro del Interior y con los asesores inmediatos del Presidente cuáles serían las cuotas burocráticas que amarrarían su decisión legislativa.
Además de las reuniones en la Casa de Nariño, Yidis Medina refirió un encuentro en la oficina 512 del edificio del Congreso, asignada a Díaz, en la que este y el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, le pidieron que no desechara la oportunidad que se lo ofrecía, que "no arrojara al mar las llaves de Palacio" y le prometieron garantías de seguridad para ella y sus hijos, ante las amenazas de muerte que habría comenzado a recibir después de que se alejó del bloque conservador que se oponía a la reelección presidencial.
La verificación de estos nuevos hechos hace parte de la prueba de fuego que la señora Medina tendrá que sortear para hacerse al beneficio de la sentencia anticipada que está reclamando.
Pablo Salah, defensor de Teodolindo Avendaño, le pidió al alto tribunal llamar a declarar a Pretelt, al ex viceministro Angarita y a los altos funcionarios de la Casa de Nariño y se declaró seguro de que ellos contribuirán a desvelar un montaje que, según él, tiene como blanco al Gobierno.
La Corte no se detiene, pero ahora le toca el turno a la Fiscalía. Hasta el martes 20, cuando viajó a Washington, el fiscal general, Mario Iguarán, no había hecho oficial el impedimento que planteó públicamente para investigar a su antiguo jefe en el Ministerio del Interior y hoy embajador e Italia, Sabas Pretelt. Las copias de la indagatoria de Yidis Medina y de otras evidencias que pueden resultar útiles para la Fiscalía se encuentran hace ya dos semanas en el búnker de esta entidad.
El impedimento podría ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, tribunal que eligió a Iguarán. Según expertos, existen dos alternativas: que ante el impedimento entre a actuar el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diego, o que la Corte opte por la designación de un fiscal ad hoc. Otros fiscales tendrán a cargo eventuales investigaciones al notario O'meara, al asesor César Guzmán y a otros "actores de reparto" de esta trama cuyo nudo se aprieta cada día.
Al margen de los asuntos de procedimiento, está claro que se abre un nuevo capítulo en la llamada "Yidispolítica" y que el drama está aún lejos de un desenlace.
EL SECUESTRO DE SEQUEDA
El abogado presidencial Jaime Lombana dijo públicamente que Yidis Medina era una "psicópata criminal" y varios amigos del Gobierno se han sumado al coro de voces que piden a la Corte Suprema recibir con beneficio de inventario lo que dice la controvertida ex congresista. La Corte se anticipó y el miércoles 14 de mayo sometió a la detenida a un examen psiquiátrico, como parte de un proceso de valoración de su credibilidad.
Mientras tanto, la Policía Judicial que apoya las investigaciones de la Corte ha estado indagando sobre episodios del pasado de la dirigente conservadora de Barrancabermeja, entre ellos, el que se refiere al secuestro de Ricardo Sequeda, un diputado que fue secretario de Hacienda de Barranca en 2000, que asegura que Medina instigó su secuestro por parte del Eln.
Los investigadores han establecido que en diciembre de ese año, Medina fue "retenida" por el Eln a raíz de que las beneficiarias de un programa de madres comunitarias, coordinado por ella, se quejaron porque sus pagos estaban retrasados más de tres meses.
Conocedores del tema les dijeron a los investigadores que Medina les había dicho a sus captores que el ordenador del gasto era Sequeda. Este fue secuestrado por el Eln en medio de denuncias en el sentido de que se había quedado con 50 millones de pesos que la Alcaldía había destinado para los regalos de Navidad de los hijos de las madres comunitarias en el puerto.