Mayo 21 de 2008
Asesinato de un veedor deja en veremos 36 procesos en Soledad
Con la muerte de Saúl Samuel Sandoval Rodríguez se acalló una voz que habría sido clave en procesos hoy rezagados en la Fiscalía, incluido el de Justicia y Paz, que carece de declarantes y testigos.
"SAÚL TENÍA MÁS INFORMACIÓN que la computadora de 'Jorge 40' ", dijo un ex personero de Soledad, Atlántico, cuando oyó en la radio la noticia sobre el asesinato de Saúl Samuel Sandoval Rodríguez, un veedor ciudadano que se había convertido en una piedra en el zapato para las últimas cinco administraciones de ese municipio de más de medio millón de habitantes. Y es muy posible que así fuera. Si el contenido del PC del jefe paramilitar reveló que las arcas del hospital Materno Infantil fueron saqueadas para aceitar el aparato criminal del bloque Norte de las Auc y sirvió para enviar a la cárcel a un puñado de funcionarios, encabezados por la ex alcaldesa Rosa Stella Ibáñez, las investigaciones de Sandoval dieron piso a 36 procesos judiciales por toda suerte de delitos.
Sandoval fue asesinado por sicarios el pasado 17 de abril, cuando conversaba con un ebanista en una calle de Barranquilla. Tenía en sus manos una copia del último memorial que había entregado en un despacho judicial que investiga un caso que lo obsesionaba: el reconocimiento ilegal de una deuda por 36.000 millones de pesos -según él inexistente- con la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla, que con indexación e intereses ascendería a 80.000 millones.
Sus familiares lograron que quienes hicieron el levantamiento del cadáver los dejaran sacar fotocopias de los papeles ensangrentados. Querían con ello impedir que por tráfico de influencias o amenazas, el caso desapareciera de los archivos judiciales y quedara en la impunidad, temor que había expresado el veedor.
Confesión de parte
Antes de ser extraditado a Estados Unidos y durante los 27 meses que estuvo en la cárcel, 'Jorge 40' hizo alusión al caso de Soledad en las cuatro sesiones ante los fiscales de Justicia y Paz, y reconoció que el municipio fue "eje estratégico" de sus operaciones.
Ante el peso de las evidencias que guardaba el computador que estaba en manos de su hombre de confianza, Édgar Antonio Fierro, 'Don Antonio', cuando fue capturado, el jefe paramilitar admitió que, como Soledad, también fueron "tomados" por los paramilitares los municipios de Repelón, Malambo y Sabanalarga, y a cuentagotas contó que cerca de 150 asesinatos selectivos tuvieron que ver con ello.
'Don Antonio' fue un poco más allá, atraído por eventuales acuerdos que le representaban beneficios judiciales, y le contó al fiscal 13 de la Unidad Anticorrupción, Yesid Lozano Rojas, cómo Rosa Estella Ibáñez, cuando fue alcaldesa de Soledad, adjudicó contratos a testaferros de los paramilitares o les reconoció jugosas comisiones. La funcionaria está en la cárcel.
Sandoval creía que la Ley de Justicia y Paz no era ni el principio ni el fin de un proceso para reconstruir la verdad sobre lo ocurrido en su municipio y por eso se propuso documentar lo que los jefes paramilitares habían dicho y hecho. Cuatro años después de haber dejado la administración -fue alcalde entre 1998 y 1990-, impulsó un proceso de veeduría ciudadana para vigilar la marcha de la administración, pero terminó convertido en un Quijote sin mayor respaldo.
Poco le importaba -dicen allegados suyos- que enemigos y detractores dijeran que detrás de todo había un interés político y personal, y que le criticaran que, habiendo gobernado la ciudad quisiera presentarse como impoluto y libre de toda culpa. Mientras él y un puñado de veedores araban en el desierto, la política se corrompía.
Botín de corruptos
En 2003, tras el asesinato de su esposo, Ibáñez se lanzó para la Alcaldía y existe evidencia en el sentido de que antes de su elección pactó con los victimarios. Sus negocios con los paramilitares tuvieron el respaldo soterrado de un Concejo en el que la bancada que la apoyaba era controlada por siete concejales impuestos por el senador del Cesar, Álvaro Araújo Noguera, un político sin ningún ascendiente en Soledad, hoy detenido dentro del proceso de la parapolítica.
La Alcaldía se convirtió en botín de inescrupulosos y era respaldada por poderes siniestros. A ella llegó, por ejemplo, Raimundo Barceló Barrios, quien se hizo popular como 'picotero' -así llaman al que maneja equipos de sonido- animaba las fiestas y delegó el manejo financiero del municipio en gente que no dio la talla. A Barceló lo sucedió Alfredo Arrautt, quien pactó cuotas de poder con miembros de grupos armados.
En el momento de su muerte, Sandoval alimentaba con pruebas cerca de 40 procesos penales que buscan castigo para los responsables de la crisis de un pueblo que tiene más presupuesto y casi tantos habitantes como Santa Marta, pero cuya red de servicios públicos es como de la un municipio del Chocó.
La última denuncia del veedor asesinado documenta el proceso por una deuda con la Triple A, que según él era simulada y que fue reconocida por Antonio Fernando Castillo, el sucesor de Ibáñez, y refrendada por el actual alcalde, José Zapata Guerrero.
La deuda fue edificada sobre un supuesto déficit producto de subsidios pactados en un contrato de concesión por 20 años que la administración no habría desembolsado, razón por la cual la Triple A declaró roto el equilibrio económico del negocio. Sandoval descubrió que el pago que preparaba la Alcaldía tenía de fachada un proyecto de acuerdo aprobado en el Concejo que autorizaba a la administración a comprometer vigencias presupuestales futuras para un programa social llamado 'Proyecto País'.
También se había constituido en parte civil dentro del proceso penal por el uso indebido de las donaciones que la DIAN había hecho al municipio por más de 700 millones de pesos, provenientes de la incautación de mercancías de contrabando.
El veedor entregó pruebas según las cuales los recursos fueron desviados hacia campañas de los concejales de Alas-Equipo Colombia Elder Carriazo Berrocal, Vicente Támara Chamorro, José Florián Jiménez, Adis Miranda Obregón, Eris López de Echeverría, José Segura, Robin Castro Fallace y la ex secretaria de Gobierno Vera Judith del Castillo. De la investigación fueron enviadas copias a la Corte Suprema de Justicia cuando el alto tribunal comenzó a desenredar el ovillo de la parapolítica en la Costa.
Veinticuatro horas antes de ser asesinado, Sandoval radicó un derecho de petición para que el alcalde Zapata Guerrero explicara las condiciones de la negociación de unos terrenos con Eliécer Zerendi, dueño de la empresa de refrigeración Inducol y gerente de la campaña del hoy alcalde municipal. Según el veedor, las condiciones eran lesivas para el fisco. También estaba intentando desentrañar la red que saqueó el hospital Materno Infantil y descubrir qué papel había desempeñado Saulo Aristizábal Jánica, un ex convicto que fue director de la entidad.
Y como Soledad ha sido pasto de contratistas que tienen negocios en todo el país y que se han visto envueltos en escándalos, Sandoval estaba próximo a descubrir que detrás de Operinsa, concesionario para el recaudo de impuestos, había testaferros de altos funcionarios públicos. Además, tenía puesta la lupa sobre Diselexa, concesionaria del servicio de alumbrado público.
Con la muerte de Saúl Samuel Sandoval Rodríguez se acalló una voz que habría sido clave en procesos hoy rezagados en la Fiscalía, incluido el de Justicia y Paz, que hoy luce huérfano de declarantes y de testigos efectivos.
SIN DIOS NI LEY
El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dice que Soledad ha sido receptor pasivo de problemas que le llegan de Barranquilla y otros municipios cercanos. "Además de la violencia, el municipio recibe desplazados y marginados -dice el Gobernador-. Crece de manera desordenada y sin planeación".
La Gobernación trabaja en un documento Conpes para buscar la rehabilitación social integral del municipio, "con criterios de equidad y racionalidad". Es para Verano una de las prioridades de su administración.
Federico Ucrós, presidente de la Asamblea departamental y único diputado de Soledad, se lamenta porque su pueblo apenas sobrevive en medio de un caos administrativo y social. "No hay planeación, no hay transparencia en procesos de contratación -afirma-. A veces da la impresión de que no hay ni Dios ni Ley". Según él, los grupos armados ilegales han hecho alianzas con viejas roscas políticas ante la mirada indiferente del poder central.