Asesinato de un veedor deja en veremos 36 procesos en Soledad

(Página 2 de 2)

En el momento de su muerte, Sandoval alimentaba con pruebas cerca de 40 procesos penales que buscan castigo para los responsables de la crisis de un pueblo que tiene más presupuesto y casi tantos habitantes como Santa Marta, pero cuya red de servicios públicos es como de la un municipio del Chocó.

La última denuncia del veedor asesinado documenta el proceso por una deuda con la Triple A, que según él era simulada y que fue reconocida por Antonio Fernando Castillo, el sucesor de Ibáñez, y refrendada por el actual alcalde, José Zapata Guerrero.

La deuda fue edificada sobre un supuesto déficit producto de subsidios pactados en un contrato de concesión por 20 años que la administración no habría desembolsado, razón por la cual la Triple A declaró roto el equilibrio económico del negocio. Sandoval descubrió que el pago que preparaba la Alcaldía tenía de fachada un proyecto de acuerdo aprobado en el Concejo que autorizaba a la administración a comprometer vigencias presupuestales futuras para un programa social llamado 'Proyecto País'.

También se había constituido en parte civil dentro del proceso penal por el uso indebido de las donaciones que la DIAN había hecho al municipio por más de 700 millones de pesos, provenientes de la incautación de mercancías de contrabando.

El veedor entregó pruebas según las cuales los recursos fueron desviados hacia campañas de los concejales de Alas-Equipo Colombia Elder Carriazo Berrocal, Vicente Támara Chamorro, José Florián Jiménez, Adis Miranda Obregón, Eris López de Echeverría, José Segura, Robin Castro Fallace y la ex secretaria de Gobierno Vera Judith del Castillo. De la investigación fueron enviadas copias a la Corte Suprema de Justicia cuando el alto tribunal comenzó a desenredar el ovillo de la parapolítica en la Costa.

Veinticuatro horas antes de ser asesinado, Sandoval radicó un derecho de petición para que el alcalde Zapata Guerrero explicara las condiciones de la negociación de unos terrenos con Eliécer Zerendi, dueño de la empresa de refrigeración Inducol y gerente de la campaña del hoy alcalde municipal. Según el veedor, las condiciones eran lesivas para el fisco. También estaba intentando desentrañar la red que saqueó el hospital Materno Infantil y descubrir qué papel había desempeñado Saulo Aristizábal Jánica, un ex convicto que fue director de la entidad.

Y como Soledad ha sido pasto  de contratistas que tienen negocios en todo el país y que se han visto envueltos en escándalos, Sandoval estaba próximo a descubrir que detrás de Operinsa, concesionario para el recaudo de impuestos, había testaferros de altos funcionarios públicos. Además, tenía puesta la lupa sobre Diselexa, concesionaria del servicio de alumbrado público.

Con la muerte de Saúl Samuel Sandoval Rodríguez se acalló una voz que habría sido clave en procesos hoy rezagados en la Fiscalía, incluido el de Justicia y Paz, que hoy luce huérfano de declarantes y de testigos efectivos.

SIN DIOS NI LEY

El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dice que Soledad ha sido receptor pasivo de problemas que le llegan de Barranquilla y otros municipios cercanos. "Además de la violencia, el municipio recibe desplazados y marginados -dice el Gobernador-. Crece de manera desordenada y sin planeación".

La Gobernación trabaja en un documento Conpes para buscar la rehabilitación social integral del municipio, "con criterios de equidad y racionalidad". Es para Verano una de las prioridades de su administración.

Federico Ucrós, presidente de la Asamblea departamental y único diputado de Soledad, se lamenta porque su pueblo apenas sobrevive en medio de un caos administrativo y social. "No hay planeación, no hay transparencia en procesos de contratación -afirma-. A veces da la impresión de que no hay ni Dios ni Ley". Según él, los grupos armados ilegales han hecho alianzas con viejas roscas políticas ante la mirada indiferente del poder central.