Cerca de mil personas han intentado pasar por víctimas en Justicia y Paz

En las calles decenas de personas intentan pasar como desplazados sin estar registrados en Acción Social. Foto: Archivo Cambio

A MEDIADOS DE 2007, un abogado llegó a la oficina de atención a víctimas de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Bogotá y dijo representar  a una mujer desplazada por las Farc de Rioblanco, Tolima, en 2001. El jurista relató en un extenso documento las amenazas de muerte que recibió su cliente y reclamó verdad, justicia y reparación.

Los investigadores de la Fiscalía contactaron a la víctima y descubrieron que su versión no coincidía con la del abogado. Según ella, los paramilitares y no las Farc habían forzado su desplazamiento. Inquietos por la contradicciones, los fiscales indagaron en los registros oficiales de la época y encontraron que en Tolima, en 2001, tanto paramilitares como guerrilleros habían obligado a muchos campesinos a abandonar sus parcelas, pero en ninguno de los listados de Acción Social aparecía el nombre de la mujer que reclamaba sus derechos por medio del abogado.

"Alguien miente, no hay duda", asegura Marcela Márquez, coordinadora del Grupo de Atención a Víctimas en Bogotá. No obstante, debe esperar que la Fiscalía determine si la reclamante tiene o no derecho a los beneficios contemplados en la ley, aunque es evidente el intento de fraude. Lo más grave es que el abogado que se presentó en nombre de la campesina tolimense, aseguró también que representa a otras 100 supuestas víctimas que reclaman los beneficios de la ley.

Algo similar ocurrió con una petición presentada por otro abogado que dijo representar a 500 víctimas de las Auc. Cuando los investigadores examinaron algunas solicitudes encontraron con sorpresa que las supuestas víctimas no le habían otorgado poder alguno.

Episodios como estos se repiten con frecuencia en las oficinas de atención a víctimas de la Unidad de Justicia y Paz a donde no solo acuden abogados sino personas que se presentan como víctimas en busca de reparación, pero que al hacer las verificaciones respectivas resulta que no lo son. Entre los casos insólitos está el de una mujer que se presentó para pedir acceso a Justicia y Paz con el argumento de que había sido desplazada por el Eln. "Al revisar su denuncia se le preguntó sobre cuál frente y dijo que una fracción de las Farc y lo más curioso es que volvió a la semana siguiente -cuenta Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía-. Se presentó como víctima de las Farc y cuando le dijeron que por el momento le estaban dando prioridad a los casos de desplazados por paramilitares, desistió de la solicitud y regresó  la semana siguiente y se presentó como víctima de las Auc".

Las historias son muchas y según González a la dispendiosa labor que implica recibir las denuncias de las verdaderas víctimas, su equipo debe sumar la de establecer posibles engaños. "Esto es difícil en un país con tantas víctimas de tantas violencias -dice-. Estamos verificando los hechos pero son cerca de 1.000 casos como estos".

La Fiscalía ha alertado también sobre abogados que cobran a las víctimas entre 10.000 y 100.000 pesos por un servicio que la Unidad de Justicia y Paz presta en forma gratuita. "Ponen puestos en los parques y dicen que tramitan  las solicitudes y más de un incauto cae en esa trampa", afirma Marcela Márquez.

Hoy por hoy, están inscritas en Justicia y Paz 127.000 víctimas. Cada oficina recibe en promedio hasta 400 llamadas y visitas diarias de quienes esperan reparación. El problema es que los trámites tardan más mientras haya personas que intenten hacerle trampa a la ley, pues les hacen perder tiempo precioso a los fiscales en estos casos .

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