ORLANDO AGUIRRE decidió abandonar las filas de las Farc cuando, según sus propias palabras, "se aburguesaron". Llevaba 17 años en la guerrilla y pertenecía al frente 59 del Bloque Caribe. 'El Costeño', como lo llaman sus amigos, viajó a Bogotá con el objetivo de hacer una vida normal al lado de su mujer -la conoció cuando era guerrillero- y sus tres hijos.
Por eso, en 2005 se instaló en una casa del barrio Santa Rosa, en las empinadas colinas de la localidad de San Cristóbal, donde hoy viven cerca de 100 familias de desmovilizados de la guerrilla y las Auc. "El Gobierno le dio la casa a mi esposa cuando nos desmovilizamos -le contó 'el Costeño' a CAMBIO-. A mí me ofrecieron un proyecto productivo".
Sin dudarlo, aceptó la propuesta: un taller de ebanistería y una ayuda de casi un millón de pesos durante dos años, lo suficiente para comprar las tres lavadoras de ropa que hoy alquila a sus vecinos por horas. "Me echo la lavadora al hombro y la instalo en la casa del que me lo pida -señala-. La hora vale 2.000 pesos y las tres horas las dejo en 5.000". Además de trabajar, estudia quinto de primaria en las tardes. "La materia que más me friega es español", dice. Hoy tiene casa, un Renault 12, tres lavadoras y un loro. Sin embargo, a partir de enero de este año empezó a recibir medio millón de pesos menos del programa de desmovilizados.
La discordia
En Bogotá viven cerca de 4.500 desmovilizados a lo largo de las diferentes localidades de la ciudad a quienes desde octubre de 2007 su situación económica empezó a cambiar, pues la ayuda mensual que les ofrecía el Gobierno -que en algunos casos podía ascender hasta 895.000 pesos- fue reducida a 400.000 o 510.000 según el caso. Una medida que, para muchos, ha generado inconformidad.
Una inconformidad que pareció colmar la paciencia de algunos el pasado 30 de abril, cuando un grupo de desmovilizados se tomó uno de los centros de atención de la Alta Consejería para la Reintegración, en la localidad Rafael Uribe Uribe en busca de una respuesta a esa decisión.
Según el alto comisionado para la Reintegración, Frank Pearl, la determinación obedece a la necesidad de reemplazar el anterior modelo que era insostenible para el Estado. "El nuevo esquema pretende que los desmovilizados accedan a los 400.000 o 510.000 pesos siempre y cuando asistan a actividades psicosociales y a capacitaciones laborales y académicas. Si cumplen con los parámetros reciben el dinero", dice Pearl.
Mientras los desmovilizados se adaptan al nuevo esquema que deja de ser asistencialista, y cuyo objetivo más que "regalar pescado es enseñar a pescar", el Plan de Desarrollo que radicó el alcalde Samuel Moreno en el Concejo de Bogotá el pasado 30 de abril propone beneficiar a 11.000 desmovilizados y a sus familias con acciones complementarias para reintegrarlos a la vida civil.
LAS CIFRAS
Esta es la situación de los 4.500 desmovilizados que hoy viven en Bogotá:
El 82 por ciento son desertores individuales de las Farc y el Eln.
El 18 por ciento pertenecieron a las Auc.
El 86 por ciento son hombres y el 14 por ciento mujeres.
El 11 por ciento son bachilleres y el 9 por ciento tecnólogos o universitarios.
El 72 por ciento viven casados o en unión libre.
60% DE LOS DESMOVILIZADOS viven en cinco localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, San Cristóbal y Bosa.
Lea un análisis por Germán Vallejo, abogado y consultor internacional.
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