Mayo 19 de 2008
Reflexiones sobre la extradición de los jefes 'para'
Lea un análisis por Germán Vallejo, abogado y consultor internacional.
Reflexiones sobre la extradición de los jefes 'para'
Por Germán Vallejo
Abogado, consultor internacional
Una vez más nos sorprende el presidente Uribe con una de sus salidas inesperadas que tanto enardecen a la multitud porque dejan ver su "verraquera", que "no le come a nadie" y que es "un líder audaz". Esta vez la audacia presidencial consistió en extraditar a los 14 principales jefes paramilitares. Esto es, a los 14 paramilitares que más habían delinquido, que más sabían sobre el maridaje entre miembros del Estado-terratenientes-paramilitarismo, y quienes mayor capacidad de reparación tenían.
Ante esta nueva salida personalista, que desconoce no sólo el andamiaje institucional de la lucha contra el crimen en general y de la Ley de Justicia y Paz en particular, sino el clamor de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, seguramente Uribe recibirá una vez más la ovación acalorada del 80% de colombianos.
No obstante, hay que preguntarse de manera serena a qué le estará apuntando el Presidente (no el Gobierno) con la extradición de los capos sometidos a la Ley de Justicia y Paz. ¿Tal vez a deshacerse de unas papas calientes que ni siquiera en cárceles de alta seguridad, ni en naves en alta mar, pudo controlar para que dejaran de delinquir?
¿Quizás a alejar del convulsionado panorama nacional personas que con sus declaraciones podrían comprometer aún más a miembros de la clase política en general o del propio Gobierno en particular?
¿De pronto a continuar en su tarea de congraciarse con los Estados Unidos para buscar respaldo en la crisis regional con Ecuador y Venezuela que, seguramente, se agudizará después de que el jueves se revele de manera oficial el informe sobre el computador de Raúl Reyes? ¿Será una forma heterodoxa de impulsar el TLC en el Congreso americano?
Independientemente de las respuestas a estos interrogantes, de lo que debemos estar seguros es que la extradición de estos 14 delincuentes significa un golpe letal para el proceso de Justicia y Paz. Con los pesos pesados del paramilitarismo en los Estados Unidos procesados por narcotráfico, ¿qué justicia habrá por los cientos de homicidios, desapariciones y desplazamientos ordenados por ellos? ¿Cómo se enterará el país de la verdad de lo sucedido? ¿A qué reparación podrán aspirar las victimas y sus familias si su fortuna ha de quedarse en las arcas del erario norteamericano?
Es cierto que en lo inmediato da cierto fresco pensar que estos delincuentes -que sumados cometieron miles de homicidios y millones de desplazamientos forzados- estarán en cárceles de extrema seguridad donde se acabaran los lujos y los desmanes y que al parecer las cortes americanas esta vez no se tranzarán en vergonzosas negociaciones que terminen en cuatro años de cárcel a cambio de entrega de bienes y rutas.
No obstante, si estos señores tan sólo son juzgados por narcotráfico, dejarán burlados no solo a las victimas, sus familiares y representantes, sino también a todos aquellos que han defendido las bondades de la Ley de Justicia y Paz como una forma de obtener un equilibrio entre la paz y la verdad, la justicia y la reparación.
El Presidente argumentó que la extradición masiva se dio "porque algunos de ellos habían reincidido en el delito, otros no cooperaban con la justicia y todos evadían la reparación". Eso puede ser cierto, pero existían caminos institucionales que deberían haberse transitado antes de exponer a las víctimas al riesgo de verse burladas.
¿Trabajo en equipo?
En un Gobierno que trabajara en equipo y donde se repartieran las funciones y las responsabilidades, el Director del Inpec tendría que responder cuando haya indicios de que se sigue delinquiendo desde las cárceles y se hubiesen tomado los correctivos del caso. Si se trabaja en equipo se hubieran hecho coordinaciones con el Ministro de Justicia (porque habría un Ministerio de Justicia) y se habría compelido al Ministro del Interior para que acelerara el ritmo del proceso. Además, el Consejo de Política Criminal se habría reunido para tratar el asunto, el Comisionado de Paz le habría hecho a sus contrapartes las advertencias del Gobierno y, sobre todas las cosas, como política de Estado, se habrían escuchado los clamores del fiscal Luis González, quien trabaja con las uñas, para reforzar la Unidad de Justicia y Paz y de esa forma agilizar los tiempos de los procesos y tener las herramientas para apretar con la reparación.
Si se trataba de castigar el desacato a la Ley de Justicia y Paz por parte de los comandantes paramilitares, lo lógico hubiera sido promover ante las autoridades judiciales la aplicación de la disposición de la mencionada ley, según la cual quien haya seguido delinquiendo después de acogerse a ésta pierde los beneficios de la misma y se ve sometido a la ley ordinaria.
Así las cosas, a estos señores no solamente les habría esperado 40 ó más años de prisión, sino que se habría facilitado el ejercicio del derecho de las víctimas a obtener reparación y del país entero a saber la verdad. Así mismo, los colombianos habríamos recibido el mensaje de que a través de nuestras instituciones somos capaces de resolver nuestros problemas y exorcizar los fantasmas colectivos que durante tantos años nos han atormentado.
Lamentablemente esto ya no se hizo. Ahora tendremos que pensar en la posibilidad de que la Fiscalía adelante contra estos 14 capos (y Macaco) un proceso a larga distancia y rezar para que algún día los resultados de éste se hagan efectivos.
Como última, pero muy pertinente esperanza de que no terminemos todos burlados, está la Corte Penal Internacional, la cual fue diseñada sobre el principio de subsidiaridad, que entra a operar precisamente cuando los Estados parte -entre ellos Colombia- no puedan o no estén dispuestos a juzgar a los perpetradores de crímenes atroces. En el caso que nos ocupa, el Estado colombiano, que hasta el momento no ha querido o no ha podido juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los cabecillas de las autodefensas.
"Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe". Nadie puede delinquir eternamente, burlarse de sus victimas y de la sociedad que le dio una segunda oportunidad y salir bien librado.
Si los paramilitares extraditados tienen en mente (y por eso algunos querían adelantar negociaciones directas con los Estados Unidos) que podrán evadir sus responsabilidades en Colombia con total impunidad saliéndose de la Unidad de Justicia y Paz para entrar a una Corte Federal, también deben tener presente que de no decir toda la verdad y reparar a sus victimas, así sea a larga distancia, los esperará la Corte Penal Internacional, y eso sí son palabras mayores.
Por Germán Vallejo, abogado y consultor internacional.