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EL MIÉRCOLES 30 DE ABRIL, al cabo de tres fatigantes sesiones de indagatoria iniciadas dos días atrás, la ex congresista Yidis Medina entregó a la Corte Suprema de Justicia 12 comprobantes de consignaciones bancarias por 221,4 millones de pesos que, según ella, prueban que el también ex representante Teodolindo Avendaño recibió dinero a cambio de ausentarse el día en que el Congreso le dio vía libre a la reelección presidencial.
Los magistrados auxiliares Gloria María Gómez Montoya y José Fernando Salgado Suárez recibieron los 12 comprobantes de consignaciones hechas a una cuenta corriente de Avendaño en Bancafé y a una de ahorros a nombre de su esposa, Luz Myriam Sabogal, del Banco de Colombia. Las consignaciones empezaron a hacerse el 18 de agosto de 2005, más de dos meses después de la aprobación de la reforma constitucional el 5 de junio, y se extendieron hasta el 28 de septiembre de 2006 (ver facsímiles).
Aparecen firmadas por César Guzmán, un asesor que hizo parte de la unidad legislativa de Medina cuando estaba en la Cámara, y por Álex Duarte, un amigo de Guzmán, que sirvieron de mensajeros.
Según la confesión de Yidis, la operación fue dirigida por el entonces viceministro del Interior, Luis Hernando Angarita, quien a su vez habría seguido instrucciones de su jefe, el hoy embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt de la Vega. El dinero fue aportado por Luis Camilo Omeara Rivera y Jorge Luis Escalante Viana, dos aspirantes seleccionados por el Gobierno para ocupar la Notaría 67 de Bogotá, creada mediante Decreto 9662 con el propósito de satisfacer una aspiración burocrática de Avendaño, quien a última hora prefirió el pago de 450 millones de pesos porque no pudo proponer un candidato apto para el cargo. "En otras palabras, Teodolindo vendió su Notaría", le dijo Yidis a la Corte.
No se ha establecido si Avendaño alcanzó a recibir todo el dinero y el hoy notario Omeara niega haber pagado por la Notaría. Sin embargo, los magistrados investigadores tienen en su poder un pagaré firmado por Omeara y por Escalante el día en que formalizaron su postulación.
Los 12 recibos de consignaciones y el pagaré hacen parte de una serie de pruebas que Medina presentó para respaldar su petición de sentencia anticipada ante la Corte y de casa por cárcel. La ex Representante les dijo a sus jueces que sufre serios problemas respiratorios y que necesita estar cerca de sus tres hijos menores en Barrancabermeja.
Acto patriótico
Entre las pruebas presentadas por Medina también figura una carta que el superintendente de Notariado y Registro de la época, Manuel Guillermo Cuello Baute, le dirigió a Sandra Patricia Domínguez, recomendada de Yidis, en la que le notifica su nombramiento provisional como notaria 2ª del Círculo de Barranca. La comunicación está en poder de la Corte, lo mismo que el decreto de nombramiento y una lista con membrete oficial en la que figuran los nombres de los notarios que cumplirían en esos días la edad de retiro forzoso. Entre ellos aparece Ramiro Cáceres, quien fue reemplazado por la cuota de Medina.
A juzgar por los documentos aportados, el Gobierno cumplió su parte del compromiso, pero la notaria Domínguez fue removida de su cargo porque la Procuraduría encontró que no cumplía con la obligación de girar a la DIAN los impuestos deducibles de los dineros públicos recaudados por la Notaría. La notaria presentó una tutela y además amenazó al Gobierno con armar un escándalo. Para evitarlo, la Casa de Nariño le consiguió un nuevo cargo: jefe de control interno de Caprecom.
Durante las sesiones en las que entregó las pruebas que configurarían el delito de cohecho, Medina aseguró que hasta último momento estuvo recibiendo ruegos y presiones de Palacio para que se abstuviera de contar lo ocurrido, y que el ex viceministro Angarita la invitó varias veces a su apartamento en el norte de Bogotá. "Hernando Angarita me dijo que Bernardo Moreno (secretario general de la Presidencia), decía que yo estaba loca, que ellos se defenderían, pero que yo me iba a podrir en la cárcel", dijo la ex representante en la indagatoria. También contó que el mismo Angarita le había dicho que los asesores de Palacio habían redactado una carta que ella debía firmar, en la que pedía al periodista Daniel Coronell, director de Noticias 1, que se abstuviera de difundir el video que había grabado con la advertencia de que solo podían hacerlo en caso de que su vida estuviera en peligro o de que el Gobierno no cumpliera con lo que le había prometido.
En uno de los momentos de mayor tensión, los magistrados detuvieron la diligencia, le tomaron juramento y le pidieron que mencionara a los funcionarios del Gobierno que le habían ofrecido prebendas a cambio de su voto afirmativo a la reelección. Medina mencionó a los ministros del Interior y de Protección Social, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, al entonces secretario general Alberto Velásquez y a su sucesor Bernardo Moreno. Y agregó que otros funcionarios recibieron instrucciones para acomodar cuotas y entre ellos citó a Luis Alfonso Hoyos, director de la Red de Solidaridad Social, y a Farouk Urrutia, director de la ESE Luis Carlos Galán en Bogotá.