Mayo 7 de 2008
"Silla vacía" terminará por castigar a las minorías
Y a las regiones que, sin saberlo, eligieron a los parapolíticos. Por Jaime Castro, ex ministro de Gobierno.
DISPONER QUE LAS CURULES de senadores y representantes privados de la libertad o llamados a indagatoria permanezcan vacías constituye un disparate político y un esperpento jurídico. Lo primero porque el número de congresistas lo define la Constitución, no las decisiones de los jueces, según regla de juego fundamental en todos los sistemas democráticos. El Senado lo integran 102 miembros durante todo el período para el cual fueron elegidos. Ese número no puede depender de las providencias que periódicamente dicten la Corte o la Fiscalía sobre la responsabilidad penal que pueda caber a los senadores investigados. Lo mismo debe decirse en relación con la Cámara de Representantes. Además, así como disminuiría el número de congresistas, también podría volver a su nivel anterior, si a los acusados se les desvincula del respectivo proceso penal.
Esperpento jurídico porque mientras la silla esté vacía, durante meses o años, ¿el quórum y las mayorías para sesionar y tomar decisiones, en comisiones y plenarias, se determinan con base en el número constitucional de sus miembros, o solo se tienen en cuenta los congresistas que no han sido "empapelados"? También es válido preguntar si la curul de quien renunció a la investidura (esperaba o temía ser judicializado), permanecerá vacía o será ocupada por quien tiene derecho a ello conforme al sistema actual. Igualmente, si la fórmula que se está aprobando se aplica a los congresistas que antes de su vigencia renunciaron a su condición de tales, fueron privados de la libertad o llamados a indagatoria, o si solo rige hacia el futuro. Si es esto último lo que se decide, como debería ser, se le estaría dando trato discriminatorio a las mismas situaciones.
Conviene preguntar: si un congresista rinde indagatoria y no es privado de la libertad, pero sigue vinculado al proceso, ¿recupera la silla que dejó vacía, o esta sigue así hasta cuando sea definitivamente desvinculado del proceso?
Más reparos
Otro reparo, tanto político como jurídico, tiene que ver con los riesgos que la silla vacía crea cuando los afectados por las medidas judiciales sean representantes a la Cámara elegidos por departamentos que solo tienen dos cupos en esa Corporación (San Andrés y Providencia, Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, La Guajira, Chocó, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y Guaviare). Si, por desgracia, una o varias de estas entidades territoriales vieren reducida su presencia en el Congreso en un 50% o la perdieren del todo -de hecho no tienen ninguna en Senado- se estaría comprometiendo seriamente la soberanía y la integridad territorial del Estado.
Conforme a lo hasta ahora aprobado no se estaría sancionando a los congresistas, ni a los partidos, sino a las entidades territoriales y a las minorías que, sin saberlo, eligieron personas objeto de investigaciones o sanciones penales. No se castiga a los primeros porque para ellos las sanciones, si los condenan, son la pérdida de la curul, la muerte política permanente y la pena privativa de la libertad. Si son absueltos, vuelven a su situación anterior, sin importarles quien haya ocupado la curul por unos meses o por el resto del período. Tampoco se castiga a los partidos porque la única sanción que los afecta (perder la personería jurídica) solo se les aplica si más del 50% de sus congresistas son condenados.
Si de verdad se les quisiera sancionar, por simple ley, sin necesidad de reforma constitucional, se les debería quitar la personería; ellos mismos, mediante decisiones de sus comités éticos y tribunales disciplinarios, habrían suspendido o expulsado a quienes faltaron a sus deberes, sin esperar los fallos de los jueces; y sus jefes, los que con toda libertad hicieron las listas cuestionadas, no seguirían de jefes, ni estarían como ministros, ni serían aspirantes presidenciales.
En cambio, se castiga a las regiones que pierdan representación en el Congreso y a las minorías -étnicas, religiosas o políticas- que, sin conocimiento suyo, hayan elegido personas que, por ejemplo, financiaron sus campañas con dineros del narco, la guerrilla o el paramilitarismo.
Las anteriores son algunas de las consecuencias de la improvisación de quienes decidieron legislar para la galería y con nombre propio, simplemente para poder decir que hicieron una "reforma política" y que no fueron inferiores a los desafíos de la crisis.
50% DE LOS CONGRESISTAS de un mismo partido debería ser condenado para que este perdiera su Personería Jurídica, de acuerdo con lo estipulado en el proyecto.
POR JAIME CASTRO,
ex ministro de Gobierno.
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