Procuraduría procesa al director de Estupefacientes por préstamo millonario

Carlos Albornoz Foto: Rodrigo Sepúlveda/ Cambio

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 En abril de 2006, un hermano del director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero, fue detenido en Cali con seis gramos de cocaína. Preocupado, el funcionario visitó a altos funcionarios de la Procuraduría para preguntarles si creían que debía renunciar a su cargo. Les dijo que su integridad moral era su más preciado patrimonio y por eso cuando le dijeron que no creían que había motivo para hacerlo, respiró aliviado y más relajado hasta bromeó sobre el valor de su carro BMW. "No soy un hombre rico pero ando bien montado -les dijo-. Mi carro es del mismo tipo del que usa James Bond".

Hoy, dos años después, uno de los funcionarios que entonces recibió a Albornoz decidió promover la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por posible incremento patrimonial injustificado. Tenía dudas sobre el destino final de millonarios recursos públicos que la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, le prestó en octubre de 2006 al consorcio Bogotá-Fusa, del grupo Nulle, adjudicatario del contrato para la construcción de la doble calzada Fusagasugá-Girardot.

La investigación fue abierta el 28 de febrero por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y el 4 de marzo los investigadores le pidieron al procurador general, Edgardo Maya Villazón, que comisionara a un equipo especial para indagar en  oficinas de instrumentos públicos, notarías, bases de datos bancarios y entidades financieras sobre los bienes de Albornoz y miembros cercanos de su familia. Según fuentes del Ministerio Público, las indagaciones podrían extenderse al exterior, pues la Procuraduría y la Fiscalía tienen información sobre por lo menos tres propiedades de Albornoz en Estados Unidos.
 
La Procuraduría cree que el negocio fue rentable para unas pocas personas y que afectó el interés público, y por eso los investigadores le pidieron autorización al Procurador para indagar también sobre el patrimonio del ex director de Estupefacientes, Juan Carlos Vives Menotti; del secretario general, Alejandro Vélez Múnera, y de Gonzalo Gutiérrez Díaz Granados y Clara Eugenia Garrido de De Valdenebro, funcionarios que participaron directamente en el otorgamiento del préstamo.

Las investigaciones sobre el presunto incremento patrimonial de las seis personas mencionadas comprenden el período enero 2005-febrero 2008  durante el cual fueron constituidos un encargo fiduciario y un patrimonio autónomo y se realizaron operaciones que le permitieron al grupo Nulle manejar 25.512 millones del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, manejado por la DNE.    

No más escándalos

La ausencia de garantías y de controles eficaces sobre el manejo de recursos públicos fueron factores determinantes para que la Dirección de Investigaciones Especiales abriera la investigación disciplinaria y pidiera autorización al Procurador para indagar sobre el patrimonio personal de funcionarios comprometidos en el préstamo que fue firmado el 28 de agosto de 2006 y que, según la Procuraduría, estuvo rodeado de anomalías desde la fase de estudio hasta su aprobación. Por ejemplo, Fiduagraria, la entidad seleccionada para administrar el negocio, presentó su propuesta mucho antes de que la DNE estableciera las condiciones y límites del préstamo. 

"La operación -advierte la Procuraduría en uno de los apartes de su auto de apertura de investigación- quedó formalizada con la firma de encargo fiduciario número 024 de 2006, al parecer sin que se hubieran atendido los requisitos de ley  para el proceso de selección. Se debe advertir (...) que la entidad financiera seleccionada, con fecha junio 21 de 2006, presentó una propuesta de encargo fiduciario, previo incluso a que se hubiera aprobado el instructivo, hecho que aconteció mediante acta 03 del CNE, de julio 10 de 2006, habiéndose quebrantado al parecer, entre otros, el principio de transparencia en la selección de la firma financiera, por considerar que el proceso de adjudicación no atendió a la normatividad prevista para el efecto, entre ellos la Ley 785 de 2002".

La figura utilizada en la operación que investiga la Procuraduría le permitió al consorcio recibir 33.486 millones de pesos adicionales aportados por Meta y Casanare,  Villavicencio y la Central Eléctrica de Nariño, a cambio del pago de intereses. "De esta manera, el grupo se hizo a 58.999 millones de pesos del patrimonio público -dice un funcionario que participó en la indagación preliminar-. Aún hoy, no se sabe si puso o no recursos propios y tampoco hay evidencia de que haya ofrecido garantías".  La Procuraduría encontró que la convocatoria no fue pública y abierta, que a la información solo accedieron unos pocos interesados y que miembros del comité que definió las condiciones de la operación delegaron sus tareas en personas que no estaban facultadas para ello. 

Consideró, además, que el crédito fue aprobado sin el necesario soporte documental, en condiciones absolutamente ventajosas para el beneficiario y sin las garantías para que la Nación asegurara su inversión. 

Las nuevas investigaciones se suman a las recientes denuncias de esta revista sobre el interés ilícito de Albornoz en un proyecto de vivienda ejecutado en Nariño, su departamento, cuando se desempeñaba como senador. Algunos de sus asesores de aquella época son ahora fichas claves suyas en la DNE. Por eso los investigadores no descartan que en la medida en que avances las averiguaciones sobre un posible enriquecimiento indebido podrían ampliar el espectro de las investigaciones sobre hechos ocurridos desde antes de llegar a la DNE.