Las pruebas que tienen con un pie en E.U. a 'Macaco'

Diego Fernando Murillo, 'Don Berna' (izq). Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Fotos: Efe y Carlos Mario Salgado

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EN LA SEGUNDA SEMANA de julio de 2007, Rosa Edelmira Luna visitó a su esposo, el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Al caer la tarde, la menuda mujer, oriunda de Puerto Asís, Putumayo, salió del centro de reclusión y de inmediato hizo una llamada por teléfono celular para transmitir un mensaje de 'Macaco': "El jefe dice que pongan el dinero de la vuelta en las empresas que tenemos y que esperemos nuevas instrucciones para más vueltas".

La cónyuge del delincuente nunca supo que esa conversación fue interceptada por los organismos de seguridad, que confirmaron de una vez por todas que el jefe paramilitar seguía delinquiendo desde la cárcel. El contenido de esa charla y otras 1.000 llamadas telefónicas monitoreadas en el último año, fueron entregadas al presidente Álvaro Uribe, quien, molesto, dijo el 24 de agosto de 2007 que 'Macaco' seguía al frente de su organización delictiva, pese a estar desmovilizado y que por esa razón no cabía duda que debía ser expulsado de la ley de Justicia y Paz.

La consolidación de las pruebas contra 'Macaco' empezó un año atrás, cuando guardacostas de Estados Unidos decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína en varias embarcaciones con bandera hondureña. No obstante, después de interrogar a los tripulantes de las lanchas y de examinar los sellos de identificación de los paquetes con droga, los agentes estadounidenses no lograron establecer qué organización mafiosa estaba detrás de los cargamentos.

En los siguientes meses, las autoridades judiciales de Miami solicitaron la colaboración de investigadores colombianos para establecer si la red tenía asiento en Colombia. Las primeras labores de inteligencia condujeron a los investigadores a identificar a Enot Chaverra, un chocoano residente en Cartagena que durante el día se dedicaba a la pesca y en la noche era jefe de un grupo de lancheros que transportaban la cocaína hacia algún lugar en mar abierto.

En desarrollo de esos seguimientos, el 1º de diciembre de 2006 fue interceptada una conversación en la que Chaverra le reportaba a otro miembro de la red criminal la entrega de 1.500 kilogramos de cocaína a las embarcaciones Courageus y La India.

Las autoridades siguieron la pista de Chaverra y dieron con el paradero de nueve hombres en Antioquia, Atlán-tico y Magdalena que, de acuerdo con los seguimientos y monitoreos, confirmaron su cercanía con la organización de 'Macaco', su esposa Rosa Edelmira Luna Córdoba y Marco Tulio Londoño, el 'Maestro', un hombre que no despertaba mayores sospechas porque se desenvolvía en el mundo académico de Antioquia.

Según conoció CAMBIO, la mujer y el 'Maestro' eran los encargados de instruir sobre los embarques y la manera de blanquear el dinero obtenido a través de siete empresas creadas en 2001, entre ellas Electromuebles Bajo Cauca, Ganadera La 45 y Casa Ganadera Electromuebles, que en cinco años movieron sumas superiores a 30.000 millones de pesos.

Con el voluminoso expediente en sus manos, las autoridades decidieron actuar el 7 de septiembre del año pasado y capturaron en Medellín y en varias ciudades de la Costa a 11 personas requeridas en extradición por la Corte del Distrito Sur de la Florida. Pese al éxito de la operación, los investigadores fracasaron en su intento de capturar a la esposa de 'Macaco', al 'Maestro' y a otro hombre importante en la red y conocido como 'El Canosito'.

Respecto de este delincuente las autoridades interceptaron una conversación con un hermano de 'Macaco', quien le dice que "no le vamos a llevar estos líos al jefe, que ya tiene muchos problemas con esa ley de Justicia y Paz".

Estas pruebas acumuladas a lo largo de un año explican por qué razón el Gobierno está empeñado en extraditar a 'Macaco', que ha utilizado todos los recursos para frenar su envío a Estados Unidos.

La controversia desatada por la extradición de Macaco llevó al Gobierno a llamar la atención sobre la estrategia diseñada por los antiguos jefes paramilitares para evadir la acción de la justicia y no tener que responder por los compromisos adquiridos en el momento de su desmovilización y, sobre todo, para seguir delinquiendo desde prisión.