Eduardo Pizarro Leongómez: 'Necesitamos la extradición'

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro. Foto: Diego Caucayo/Cambio

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ESTE SOCIÓLOGO Y POLITÓLOGO que está al frente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, asegura que será  difícil resarcir a las víctimas porque las Auc han borrado los rastros de sus propiedades, que la Corte Constitucional cometió un error en la interpretación de la ley de Justicia y Paz que permite a los victimarios entregar sus bienes en cualquier etapa del proceso penal, y que el programa de reparación cubre a entre dos y tres millones de víctimas.

CAMBIO: En el debate sobre si extraditar o no al ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', algunos piensan que hacerlo pone en riesgo la posibilidad de conocer la verdad y de reparar a las víctimas. ¿Cuál es su opinión?

EDUARDO PIZARRO. Los jefes paramilitares se desmovilizaron para evitar la extradición. Ninguna otra razón explica el hecho de que un grupo armado no derrotado haya firmado un acuerdo con el Gobierno. Es la primera vez que ocurre en el mundo. El ideal, entonces, sería que 'Macaco' cumpliera su pena en Colombia y si violó los compromisos de Justicia y Paz pierda los beneficios y sea extraditado. Necesitamos la extradición porque es necesario que el Estado demuestre la determinación de castigar a los que siguen delinquiendo. De lo contrario, dará patente de corso para seguir delinquiendo y pondrá en peligro a víctimas y asociaciones de víctimas.

El proceso avanza con dificultad y hay muchas dudas sobre su efectividad. ¿Cuáles cree que son los problemas más graves?  

Primero, las bandas emergentes, conformadas por disidentes de las Auc o desmovilizados rearmados, que están poniendo en riesgo a las víctimas y a las comunidades afectadas por el paramilitarismo, pues mediante asesinatos y amenazas están impidiendo que se acerquen a Justicia y Paz. Segundo, el acompañamiento judicial: la capacidad de las instituciones del Estado se ha visto desbordada y las víctimas son objeto de manipulación por abogados sin escrúpulos. Y tercero, el irrisorio número de bienes entregados para el fondo de reparación a las víctimas.

¿Peligra entonces la reparación a las víctimas con esos bienes?

Es uno de los temas más delicados. El ideal es que se haga con los bienes de los victimarios. El cálculo es que cuatro millones de hectáreas de personas desplazadas acabaron en manos de actores armados, pero en el último año los ex jefes de las Auc se han dedicado a borrar los rastros de sus bienes y los han puesto en manos de testaferros. Ahora nos encontramos con que son "muy pobres".

¿Qué va a pasar cuando los desterrados decidan volver a sus tierras?

El país aún no sabe lo que viene. El tema de la tierra no solo involucra a grupos paramilitares sino a élites regionales que compraron u obligaron a las viudas a vender su tierra a precios bajos con la complicidad de notarios corruptos. Cuando empecemos a tocar ese tema, el país sabrá hasta dónde llega el daño que produjo la violencia.

¿Dónde está la falla que ha permitido que los ex jefes de las Auc 'pongan conejo' con los bienes?

Está en la interpretación que la Corte Constitucional hizo de la ley de Justicia y Paz, que permite a los victimarios entregar sus bienes en cualquier etapa del proceso penal. Tienen entre dos y cuatro años para desaparecerlos, para vender las fincas, el ganando... Eso explica por qué los abogados de Mancuso, con la interpretación de la Corte en la mano, vienen cada rato a decirme que no siga pidiendo bienes. Las autoridades investigan la venta de 25.000 cabezas de ganado de Mancuso en Venezuela. ¿Dónde está esa plata?

¿Qué implicaciones tiene la salvedad hecha por Colombia para que la Corte Penal Internacional no pueda juzgar crímenes de guerra antes del 2010?

Esa salvedad no es para crímenes de lesa humanidad -contra los civiles-. No sé si la ley de Justicia y Paz salvó a los paramilitares pero puede ser una posibilidad. Si cumplen sus penas en Colombia es probable que no sean candidatos tan atractivos para la CPI como serán los jefes de las Farc y el Eln si no entran en un proceso de negociación antes de esa fecha. La justicia internacional prácticamente incorpora todas las actividades de un grupo armado, bien sea como crímenes de guerra o de lesa humanidad -secuestro, extorsión, toma de rehenes, minas antipersona, reclutamiento de niños-. El abanico es tan grande que las Farc y el Eln tienen hoy serias dificultades. Y el otro tema es que el delito político se acabó. A la CPI no le interesan las motivaciones, le interesan son las conductas.

En el proceso con las Auc parece que habrá más impunidad que Justicia...

En Colombia tenemos más detenidos que en el resto de los países de América Latina que han tenido conflictos o dictaduras y en donde el costo fue la impunidad total. Apenas están reabriendo juicios en algunos países. Reto a que me demuestren que en toda América Latina hay más detenidos que en Colombia. En Uruguay, siete; en Brasil, ninguno, y en Guatemala y El Salvador impunidad total. Y si nos sirve de consuelo, en la antigua Yugoslavia el proceso empezó en 1986 y hasta hoy solo han juzgado al 30 por ciento de los detenidos, han gastado 120 millones de dólares y no han resuelto un caso que involucra a 93 personas. Aquí nos vamos a dar la pela con 3.000 personas. Es el juicio más grande de la historia contemporánea. La decisión habría podido ser juzgar a 100 de la cúpula paramilitar, pero fue hacerlo con todos.