Abril 23 de 2008

Comisión de Regulación de Agua Potable sigue en el ojo del huracán

Reparos al desempeño de la directora.

CLARA LUCÍA URIBE PAYARES termina este 20 de abril su gestión como directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, y ya está listo su reemplazo: Francisco Manjarrés Iglesias. Aun cuando mantiene a su favor el respaldo político de la congresista Piedad Zuccardi, el alto Gobierno

no está satisfecho con el desempeño de la funcionaria, que a lo largo del último año adoptó decisiones que al parecer desdibujaron el trabajo de la Comisión. En fuentes de la Procuraduría, la Fiscalía y la propia entidad, CAMBIO detectó varios de los reparos que hoy son objeto de investigación. 

SIN DINERO

Cada cinco años la CRA debe revisar el marco tarifario vigente. Para ello son necesarios estudios que sirven de base para que los comisionados revisen la metodología existente y la actualicen. Para iniciar esta tarea se requieren dos documentos importantes: uno sobre el componente de inversión y otro para municipios menores. Los contratos respectivos estaban programados para agosto de 2007 pero no fue posible ejecutarlos porque la entidad gastó buena parte de sus recursos financieros en la contratación de medio centenar de funcionarios. Al respecto, el 5 de febrero pasado el comisionado José Francisco Manjarrés le envió una carta a la directora de la CRA en la que expresó su preocupación por su excesiva demora para tomar decisiones de fondo en temas que afectan el funcionamiento de la entidad.

BAR ABIERTO

La Procuraduría examina con lupa el pago de una factura por siete millones de pesos firmada por la directora de la CRA el 26 de octubre de 2007, en víspara de las pasadas elecciones regionales. Ese día la entidad celebró en un conocido hotel la recertificación de los sistemas de calidad de la CRA. Al evento asistieron 120 personas que consumieron 13 botellas de whisky, seis de vodka y cuatro de vino.

MENOS REQUISITOS

Recién posesionada a finales de abril de 2007, la señora Uribe modificó los requisitos para ser comisionado de la CRA: en la resolución 272 de mayo 23 de 2007 rebajó de 56 a 48 meses la experiencia requerida para el cargo y de 36 a 24 meses el tiempo del título de posgrado o especialización. El Gobierno cree que esta medida fue inadecuada porque disminuyó el alto perfil que hasta ese momento se requería para pertenecer a la entidad.

CON SEGURIDAD

Un dictamen del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, determinó recientemente que la directora de la CRA no tiene un riesgo de seguridad inmediato y por ello desestimó la asignación de un esquema de protección. La funcionaria había denunciado, en mensajes enviados a la Fiscalía y al DAS, que era objeto de amenazas y que su hija y su conductor fueron secuestrados durante cuatro horas. Cuando los dejaron libres, dijo la funcionaria, desconocidos le enviaron mensajes en los que le dijeron que se estaba metiendo en "caminos equivocados". No obstante, al Gobierno le pareció raro que la señora Uribe tardara un mes en reportar el episodio en la Fiscalía. Pese al estudio del DAS, la funcionaria contrató un escolta particular por cinco millones de pesos mensuales, con recursos de la entidad. El ministro Juan Lozano hizo referencia a este hecho en la junta extraordinaria de la CRA el 2 de abril pasado.

CONTRATITIS

La directora ejecutiva de la CRA retiró o dejó vencer los contratos de 25 personas que, según conocedores del tema, representaban la memoria institucional de la entidad. Pese a la insistencia del ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, para que llenara las vacantes mediante un proceso de meritocracia, la señora Uribe incorporó 46 personas con contratos de prestación de servicios y la semana pasada hizo otros 20 nombramientos provisionales.

La Procuraduría cuestiona este afán de llenar las vacantes días antes de terminar su periodo. Los investigadores creen que la funcionaria incurre en una contradicción cuando sale de 26 funcionarios que conocían a fondo la entidad y al mismo tiempo pide autorización para nombrar otros para cumplir esas tareas.

"Se hace necesario proveer los cargos mediante nombramiento provisional con el fin de suplir las necesidades de recurso humano que tiene la institución, con perfiles que se adecuen a los requerimientos institucionales", le escribió la señora Uribe a Pedro Alfonso Hernández, presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

CARTAS VAN...

"No puedo permitir ni tolerar ni compartir y mucho menos aceptar que se me utilice profesionalmente para librar y saldar disputas absurdas al interior de la CRA". "Usted doctora Uribe me replicó diciéndome que yo era un traidor, que usted ya no confiaba en mí y menos aun en mis asesorías". "Usted doctora Uribe me amenazó manifestándome que al terminar mi contrato no me quería ver trabajando para el MAVDT, la SSPD o la CRA porque de ser así me mandaba 'levantar".
Abel López Laverde,
abogado asesor de la CRA.

LOS ASESORES

La directora ejecutiva de la CRA también está en la mira de los organismos de control por el nombramiento de varios asesores y sus relaciones con ellos. El tercer asesor directo de la señora Uribe es José Alejandro Chica Zuccardi, sobrino de la senadora Piedad Zuccardi. Además, el 9 de agosto de 2007 el comisionado José Francisco Manjarrés denunció a Pedro Blanco, asesor de la directora de la CRA, por un intento de abuso hacia una funcionaria de la entidad. Otro asesor, Abel López, denunció que la funcionaria lo amenazó y lo forzó a renunciar a su cargo porque no elaboró un concepto jurídico contrario a  la ley.

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