Carlos Lleras y la reforma agraria

Desde que se posesionó como Presidente de la República luchó por una reforma agraria que beneficiara a los moradores del campo. Foto:Archivo Cambio

EL ASUNTO de la tenencia de la tierra que hoy figura como un pasivo de parte de la dirigencia colombiana, fue fuente de inmensos conflictos durante todo el siglo XX. El primer gobierno liberal de López Pumarejo abrió la puerta para reconocer los derechos de los poseedores de tierras, de los arrendatarios y de los aparceros que, a partir de 1936, con la Ley 200, pudieron reclamar para ellos las tierras que venían trabajando. Fue el primer paso para romper con una tradición que venía desde la Colonia y que protegía los derechos intocables de los terratenientes.

La violencia de los años 50 implicó un proceso de apropiación por la fuerza de propiedades y el desplazamiento forzado de millones de hombres y mujeres del campo. Los programas de rehabilitación de la administración de Alberto Lleras dieron alguna solución al despojo violento de las tierras, pero el problema de la distribución siguió siendo crítico. En 1961, se abrió el camino a la reforma agraria con la Ley 135, reforma agraria que generó amplia y virulenta oposición en el seno de los dos partidos políticos tradicionales. El poder político tenía una fuerte raíz en la propiedad de la tierra. En su condición de líder político, Carlos Lleras fue el que, como recuerda su hijo Carlos Lleras de la Fuente, "convenció a Alberto Lleras de que designara una comisión que se ocupara del tema (la reforma agraria), complejo este en tiempo de la paridad política en el Congreso y de la férrea unidad de los terratenientes liberales y conservadores".

Además de la oposición política a la redistribución de tierras, también se atravesaba otro debate. Era la controversia ideológica -aún hoy vigente- entre la tendencia encabezada por el profesor Lauchlin Currie, inspirador de la política económica del Partido Conservador, que sostenía que el problema que había que resolver no era el de la tenencia de las tierras, sino el de la producción agrícola y la productividad que había que aumentar, y la que encabezaba Lleras que argumentaba que no solo por razones de justicia social era necesaria la redistribución sino que, además, la reforma agraria ampliaría el mercado interno.  Quienes con Carlos Lleras impulsaban la necesidad de redistribuir las tierras, encontraron un favorable apoyo a la iniciativa en el gobierno del presidente John F. Kennedy, que le dio impulso con el programa de la Alianza para el Progreso.

Luego, como Presidente de la República, fue el principal impulsor de la reforma agraria en Colombia y hoy, medio siglo después, el ex presidente liberal sigue siendo el colombiano que más ha trabajado para hacer realidad la redistribución de la tierra rural. Según un estudio de la Contraloría General, entre 1962 y 2004 se adjudicaron 6.620.000 hectáreas, y fue en el gobierno de Lleras Restrepo en el que se llevó a cabo "el 72 por ciento del programa de extinción de dominio (de tierras baldías de la Nación) y el 25 por ciento del programa de adquisición de tierras".

Con posterioridad a su gobierno, en 1971, una alianza política bipartidista cedió ante las presiones de los dueños de las tierras y le puso freno a la reforma agraria con lo que se llamó Pacto de Chicoral. Las cifras de reforma agraria son desalentadoras. Desde 1962 se han dado títulos de propiedad a 460.000 campesinos, labriegos que ya trabajaban esas tierras y que simplemente recibieron el título legal, y se ha distribuido tierra a poco más de 100.000 nuevos propietarios. En 1962 se estimaba que casi un millón de familias campesinas trabajaban la tierra y carecían de parcelas. Medio siglo más tarde, solo el 10 por ciento de ellos han recibido tierras.

No podemos, entonces, sorprendernos por las preocupantes cifras de desigualdad y pobreza rural. Por eso, hoy más que nunca, el tema de la reforma agraria debería estar en el primer plano de las prioridades del país. La violencia rural se sustenta en el problema de la tierra; en el proceso paramilitar que ha estado acaballado en la gran propiedad, reforzado, a la vez, por la apropiación violenta de cuatro millones de hectáreas; en el desplazamiento forzado que ha desterrado a más de 2,5 millones de personas, y en la política tradicional que sigue sostenida en un poder real basado en la propiedad de la tierra. En este sentido aún no somos un país moderno.

Las cifras de tenencia de tierras de estos años no son muy diferentes de las que motivaron a Lleras Restrepo a impulsar la reforma agraria. Según el Agustín Codazzi y Corpoica, en 2002 el 4 por ciento de los propietarios poseía el 61,2 por ciento del área predial rural. Es decir, 15.273 personas eran dueñas de 47'147.680  hectáreas.

Mientras tanto, el 97 por ciento de los propietarios registrados en el Catastro, es decir 3,5 millones de campesinos, tenía menos del 24 por ciento del área rural.

Cuando inauguró la primera Asociación de Usuarios Campesinos en Sincelejo, el presidente Lleras Restrepo dijo de modo profético: "No habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen.

Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria". El legado de Carlos Lleras para la Colombia de hoy es insistir en una reforma agraria, tal vez en condiciones y con modelos diferentes a los que se tuvieron hace medio siglo, pero con la decisión y convicción que él le puso y, sobre todo, con la lección que dejó: que la reforma agraria se hace no solo para los campesinos, sino con ellos.

POR RAFAEL PARDO RUEDA,
ex ministro de Defensa y ex consejero de Paz.