Departamento de Córdoba sumido en el caos

El presidente Álvaro Uribe, durante una de las sesiones de trabajo en su finca en Córdoba.

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CUANDO VISITA SU FINCA El Ubérrimo, a cinco minutos de Montería, el presidente Álvaro Uribe Vélez reserva parte de su tiempo para acompañar a los peones en las labores de ordeño, verificar la vacunación de las reses o el herraje de los caballos, y recibir a funcionarios y dirigentes políticos de Córdoba que siempre llegan, como él mismo dice,  a "ponerme quejas".

La sesión de quejas y reclamos se convirtió en parte de la rutina del Presidente desde enero de 2006, cuando debió intervenir para impedir que los congresistas Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales se fueran a los golpes en medio de acusaciones mutuas sobre vínculos con paramilitares. La pelea se zanjó con una especie de empate después de las elecciones de octubre de 2007, cuando los dos contendientes se encontraban en la cárcel en Bogotá, por orden de la Corte Suprema y por los mismos cargos que en esa ocasión se hicieron delante del jefe del Estado.

De la Espriella y sus huestes lograron elegir gobernador de Córdoba a Jaime Torralvo Suárez, pero sus adversarios consiguieron sacarlo transitoriamente del cargo con una demanda por violación del régimen de inhabilidades y en su lugar pusieron a Juan Manuel López Cabrales. Empezó entonces una guerra de tutelas en los más altos tribunales en un momento en que los cordobeses -los verdaderos perdedores- no sabían cuál de los dos era el Gobernador. El episodio agravó la inestabilidad administrativa del departamento que ha tenido nueve gobernadores desde 2004 y cuatro en tan solo tres meses y que ha visto cómo se desploman los indicadores sociales.

En Navidad, el presidente Uribe, en ropa de trabajo y cotizas, recibió en su finca una comisión que le expresó más quejas sobre la manera como la Gobernación estaba manejando recursos destinados a obras como la recuperación de la malla vial, afectada por los desbordamientos del río Sinú. Los miembros de la comisión le anticiparon a Uribe que los contratos estaban amarrados a intereses políticos y que los desembolsos se habían hecho con rapidez, pero que la ejecución estaba embolatada.

El Presidente oyó la historia y dijo que no entendía por qué si la Gobernación había decretado en junio de 2007 la "urgencia manifiesta" para acelerar la contratación de las obras para reparar la malla vial, seis meses después había avances. Por eso ordenó ese mismo día a Libia Preciado Lorduy, directora departamental de Invías, que preparara un informe sobre el tema, que había sido tratado en el periódico El Meridiano de Córdoba en un artículo que decía: "Los trámites amarrados a la politiquería le están haciendo más daño a la comunidad que las aguas desbordadas del Sinú".

Cuotas y contratos

Sólo faltaba una semana para la posesión de los nuevos gobernadores y alcaldes, pero nada garantizaba ni el fin del caos administrativo del departamento, ni la paz política en la región.  Martha Sáenz, elegida Gobernadora con el apoyo de una coalición de liberales y un sector del Partido Conservador, y con más de 35.000 votos de ventaja sobre Margarita Andrade, de Colombia Democrática, no podría posesionarse porque un juez consideraba estaba inhabilitada por haber trabajado como directora de presupuesto la Corporación Autónoma del Valle del Río Sinú, dentro del año anterior a su elección.

Funcionarios de la administración saliente de Jaime Torralvo y amigos de De la Espriella, López Cabrales y el cacique conservador Julio Manzur movían sus fichas para ganar espacios en el nuevo gabinete provisional. El 28 de diciembre, a dos días de entregar el cargo,

Torralvo produjo una crisis de gabinete y nombró a los secretarios que acompañarían a Benito Osorio Villadiego, nombrado por decreto como Gobernador encargado.

Aunque Osorio hizo algunos cambios, mantuvo las cuotas políticas que le señaló Torralvo. La integración del gabinete dio pistas sobre lo que había pasado con los recursos y contratos suscritos al amparo de la "urgencia manifiesta". José Luis Abdalla Olivera, secretario de Infraestructura, era uno de los contratistas de obras públicas favoritos de la Gobernación. Es decir, había pasado por la puerta giratoria. 

CAMBIO estableció que Abdalla -primo del senador Manzur y del secretario de Desarrollo y Agroindustria de Córdoba, Elías Manzur- concentró en una firma de su propiedad y en empresas de amigos, cerca de 6.000 millones de pesos de los 10.200 destinados para la contratación de las obras. Según Abdalla, para liberarse de impedimentos legales y éticos, logró que la Gobernación aceptara que los contratos con su empresa Ingeniar de la Costa Ltda., fueran cedidos a terceros. Sus críticos sostienen que esos terceros fueron señalados por él mismo, y entre ellos figura  Nicolás Yabrudi Martínez, uno de sus amigos más cercanos.