Marzo 12 de 2008
Departamento de Córdoba sumido en el caos
Por nueve gobernadores en cuatro años, viejas prácticas clientelistas y corrupción.
CUANDO VISITA SU FINCA El Ubérrimo, a cinco minutos de Montería, el presidente Álvaro Uribe Vélez reserva parte de su tiempo para acompañar a los peones en las labores de ordeño, verificar la vacunación de las reses o el herraje de los caballos, y recibir a funcionarios y dirigentes políticos de Córdoba que siempre llegan, como él mismo dice, a "ponerme quejas".
La sesión de quejas y reclamos se convirtió en parte de la rutina del Presidente desde enero de 2006, cuando debió intervenir para impedir que los congresistas Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales se fueran a los golpes en medio de acusaciones mutuas sobre vínculos con paramilitares. La pelea se zanjó con una especie de empate después de las elecciones de octubre de 2007, cuando los dos contendientes se encontraban en la cárcel en Bogotá, por orden de la Corte Suprema y por los mismos cargos que en esa ocasión se hicieron delante del jefe del Estado.
De la Espriella y sus huestes lograron elegir gobernador de Córdoba a Jaime Torralvo Suárez, pero sus adversarios consiguieron sacarlo transitoriamente del cargo con una demanda por violación del régimen de inhabilidades y en su lugar pusieron a Juan Manuel López Cabrales. Empezó entonces una guerra de tutelas en los más altos tribunales en un momento en que los cordobeses -los verdaderos perdedores- no sabían cuál de los dos era el Gobernador. El episodio agravó la inestabilidad administrativa del departamento que ha tenido nueve gobernadores desde 2004 y cuatro en tan solo tres meses y que ha visto cómo se desploman los indicadores sociales.
En Navidad, el presidente Uribe, en ropa de trabajo y cotizas, recibió en su finca una comisión que le expresó más quejas sobre la manera como la Gobernación estaba manejando recursos destinados a obras como la recuperación de la malla vial, afectada por los desbordamientos del río Sinú. Los miembros de la comisión le anticiparon a Uribe que los contratos estaban amarrados a intereses políticos y que los desembolsos se habían hecho con rapidez, pero que la ejecución estaba embolatada.
El Presidente oyó la historia y dijo que no entendía por qué si la Gobernación había decretado en junio de 2007 la "urgencia manifiesta" para acelerar la contratación de las obras para reparar la malla vial, seis meses después había avances. Por eso ordenó ese mismo día a Libia Preciado Lorduy, directora departamental de Invías, que preparara un informe sobre el tema, que había sido tratado en el periódico El Meridiano de Córdoba en un artículo que decía: "Los trámites amarrados a la politiquería le están haciendo más daño a la comunidad que las aguas desbordadas del Sinú".
Cuotas y contratos
Sólo faltaba una semana para la posesión de los nuevos gobernadores y alcaldes, pero nada garantizaba ni el fin del caos administrativo del departamento, ni la paz política en la región. Martha Sáenz, elegida Gobernadora con el apoyo de una coalición de liberales y un sector del Partido Conservador, y con más de 35.000 votos de ventaja sobre Margarita Andrade, de Colombia Democrática, no podría posesionarse porque un juez consideraba estaba inhabilitada por haber trabajado como directora de presupuesto la Corporación Autónoma del Valle del Río Sinú, dentro del año anterior a su elección.
Funcionarios de la administración saliente de Jaime Torralvo y amigos de De la Espriella, López Cabrales y el cacique conservador Julio Manzur movían sus fichas para ganar espacios en el nuevo gabinete provisional. El 28 de diciembre, a dos días de entregar el cargo,
Torralvo produjo una crisis de gabinete y nombró a los secretarios que acompañarían a Benito Osorio Villadiego, nombrado por decreto como Gobernador encargado.
Aunque Osorio hizo algunos cambios, mantuvo las cuotas políticas que le señaló Torralvo. La integración del gabinete dio pistas sobre lo que había pasado con los recursos y contratos suscritos al amparo de la "urgencia manifiesta". José Luis Abdalla Olivera, secretario de Infraestructura, era uno de los contratistas de obras públicas favoritos de la Gobernación. Es decir, había pasado por la puerta giratoria.
CAMBIO estableció que Abdalla -primo del senador Manzur y del secretario de Desarrollo y Agroindustria de Córdoba, Elías Manzur- concentró en una firma de su propiedad y en empresas de amigos, cerca de 6.000 millones de pesos de los 10.200 destinados para la contratación de las obras. Según Abdalla, para liberarse de impedimentos legales y éticos, logró que la Gobernación aceptara que los contratos con su empresa Ingeniar de la Costa Ltda., fueran cedidos a terceros. Sus críticos sostienen que esos terceros fueron señalados por él mismo, y entre ellos figura Nicolás Yabrudi Martínez, uno de sus amigos más cercanos.
Por otra parte, según los interventores, algunas de las obras contratadas o quedaron inconclusas o se hicieron a medias. Por ejemplo, el contratista Oswaldo Esquivia Cogollo recibió por adelantado 348 millones de pesos para reforzar un dique de contención en el corregimiento Palo de Agua, Lorica, que quedó mal hecho y 200 millones más por concepto de "mejoramientos locativos" por desbordamiento del río Sinú que quedaron sin terminar.
El hecho de que Córdoba siga sin Gobernador en propiedad, ha dado lugar a negocios que conspiran contra el patrimonio del departamento. Durante los 17 días que estuvo en el cargo, Osorio Villadiego se limitó a avalar el desembolso de recursos pactados por cerca de 20.000 millones de pesos por la administración Torralvo, para la ejecución de obras públicas que están por verse en Montería, Montelíbano, San Pelayo, Lorica, Chimá y Valencia.
Osorio se vio obligado a renunciar el 17 de enero, tras denuncias de CAMBIO por sus relaciones con Salvatore Mancuso, a quien incluso visitó en la cárcel de Itagüí. Lo sucedió Liliana Bittar, una dirigente de la misma cuerda de padrinazgos políticos. Osorio y Bittar fueron llevados al cargo por Manzur, muy cercano al Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, y por Nohora García, dirigente que se hizo al lado de Miguel De la Espriella, de quien fue segundo renglón para Senado en las elecciones de 2002.
Otro miembro de la rosca, José García Calume, firmó entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2007 órdenes de prestación de servicios por cerca de 1.275 millones de pesos, la mayoría para el cumplimiento de funciones que podían desarrollar funcionarios de planta. Y Alfonso De la Espriella -hermano de Miguel- ocupó transitoriamente la secretaría jurídica, cargo desde el cual firmó 25 contratos de servicios profesionales por más de 700 millones de pesos.
García Calume, ex diputado y primo de Nohora García, permaneció en el cargo hasta el 21 de febrero, cuando se posesionó Martha Sáenz, la Gobernadora elegida en octubre y cuya credencial acaba de ser suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a donde fue a parar su caso tras muchas idas y venidas.
No futuro
El panorama es desolador en materia administrativa. Por ejemplo, sólo seis de los 28 municipios del departamento se han asociado al Plan de Aguas que les garantizará partidas importantes del presupuesto nacional para acueductos y alcantarillados, a pesar de que, según el Ministerio del Medio Ambiente, cerca de 500.000 de los 1,3 millones de cordobeses carecen del servicio. Y apenas cuatro municipios están acreditados en programas de educación pública.
Mientras tanto, el departamento deberá pagar conciliaciones judiciales por 19.000 millones de pesos porque, según la presidenta del sindicato de maestros, María Cogollo Altamiranda, "la administración no les paga a los profesores". El pago de conciliaciones aumentará el impacto social negativo, pues por cuenta de los pleitos importantes recursos del sistema nacional de participaciones están embargados. La corrupción está acabando con el departamento insignia de la producción pecuaria. Córdoba no tiene un plan de desarrollo ni proyectos de inversión para los cerca de 70.000 millones de pesos que le corresponden por regalías este año, pero hay en curso 45 investigaciones de la Procuraduría y 14 de la Contraloría por desviación de recursos.
Sin embargo, los órganos de control no parecen lo suficientemente diligentes para poner coto al caos y señalar responsables. La defensa de los recursos públicos la ha asumido un puñado de quijotes convertidos en veedores cívicos. Uno de ellos, Carlos Valera, se ve obligado a trabajar desde su casa, protegida por una reja y custodiada día y noche por dos policías por cuenta de frecuentes amenazas (ver recuadro).
Y lo peor es que no se ve una luz al final del túnel. Salvo las intervenciones periódicas del Gobierno Nacional derivadas de las audiencias que concede el presidente Uribe en El Ubérrimo, no se advierte un esfuerzo serio para recuperar el departamento. Aparte de la inestabilidad creada por el constante cambio de gobernadores, no se ve interés alguno para cambiar las viejas y nocivas práctica políticas ligadas. Para rematar, como dice el investigador de la Universidad de Córdoba, Jorge Zuleta, "los líderes jóvenes visibles están ligados a las castas tradicionales". ¿Córdoba, no futuro?
CON LUPA
A sus 72 años y con un parche en el ojo derecho por un problema de córnea, CARLOS VALERA, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Córdoba, no deja de leer y clasificar documentos que le sirven para "deshacer entuertos" en Córdoba, un departamento minado por la corrupción. En ocasiones usa la lupa, símbolo de la organización, para no dejar pasar la letra menuda de contratos y resoluciones.
Según él, buena parte de la crisis del departamento se debe a la negligencia y morosidad de los órganos de control que "a menudo tienen como cabeza a políticos de la misma cuerda de quienes mienten y saquean". Por ejemplo, con documentos en la mano, dice que no tiene duda de que el contralor departamental, Felipe Santiago Pérez Díaz, está inhabilitado no solo porque poco tiempo antes de asumir el cargo fue funcionario de Invías, sino porque presidió una fundación que contrató con el Gobierno y de cuya junta directiva hacía parte su esposa. "No siempre aro en el desierto", dice Valera y cuenta que la denuncia tuvo eco en Procuraduría en Bogotá, que ya citó a Pérez a una audiencia pública.Valera no podrá asistir porque tiene un esquema de seguridad que le impide salir de su casa, protegida con una reja de hierro y custodiada permanentemente por la Policía. Dice que no quiere correr la misma suerte de sus amigos José Lucio Cantero Doria, de la organización Por Tí Lorica, asesinado tras denuncias contra un alcalde del municipio. Y agrega que no sólo ha recibido amenazas, sino que han intentado sobornarlo: el 5 de septiembre de 2007 lo llamaron a pedirle el número de su cuenta bancaria para depositarle una fuerte suma de dinero a cambio de que retirara una demanda. También debe hacer frente a versiones perversas según las cuales acepta halagos y propinas para frenar indagaciones.
CARRUSEL DE GOBERNADORES
Ana Karina Elías Náder fue secretaria de Educación de tres gobernadores durante 40 días. Varios funcionarios como ella saben lo que significa la sucesión de mandatarios cuya permanencia en el cargo depende de tutelas y acciones populares de sus detractores. La sucesión ha sido así:
MARZO DE 2006: un tribunal considera que el gobernador Libardo López Cabrales está inhabilitado para el cargo y anula su credencial. Mientras se da la nueva elección, lo suceden Honorio Henríquez Pinedo, secretario privado del ministro del Interior, y Miguel Rafael López Méndez.
ABRIL DE 2006: la organización electoral convoca a comicios atípicos. Triunfa Jaime Torralvo.
Torralvo gobierna hasta junio de 2006, cuando López Cabrales logra que le revoquen la decisión en su contra.
López reasume pero casi de inmediato prospera una acción presentada por Torralvo, que vuelve al cargo durante ocho meses y concluye su mandato el 31 de diciembre de 2007.
OCTUBRE DE 2007: es elegida Martha Sáenz y de inmediato un diputado opositor, respaldado por un veedor ciudadano, impulsa una acción popular a favor de la "moralidad administrativa", con el argumento de Sáenz está inhabilitada por haber ejercido funciones públicas menos de un año antes de su elección. El juez tercero administrativo de Montería ordena al Consejo Nacional Electoral, CNE, no entregar la credencial a Sáenz y el Ministerio del Interior nombra por decreto un sustituto.
30 DE DICIEMBRE DE 2007: asume Benito Osorio Villadiego, quien se ve obligado a renunciar 17 días después por denuncias de nexos con paramilitares.
18 DE ENERO DE 2008: Liliana Bittar Castilla, controvertida ex subdirectora de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es designada en el cargo. Su "paloma" sólo dura 12 días.
29 DE ENERO DE 2008: el juez administrativo reconsidera su decisión y permite que el CNE le entregue la credencial a Martha Sáenz. El abogado Hernando De la Espriella logra que la justicia contenciosa administrativa revise de nuevo el caso y consigue el traslado del proceso al Tribunal Superior de Cundinamarca que vuelve a suspender la credencial de Sáenz.
500.000 PERSONAS están privadas hoy del servicio de agua en un departamento que tiene 1,3 millones de habitantes.