Departamento de Córdoba sumido en el caos

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Por otra parte, según los interventores, algunas de las obras contratadas o quedaron inconclusas o se hicieron a medias. Por ejemplo, el contratista Oswaldo Esquivia Cogollo recibió por adelantado 348 millones de pesos para reforzar un dique de contención en el corregimiento Palo de Agua, Lorica, que quedó mal hecho  y 200 millones más por concepto de "mejoramientos locativos" por desbordamiento del río Sinú que quedaron sin terminar.

El hecho de que Córdoba siga sin Gobernador en propiedad, ha dado lugar a negocios que conspiran contra el patrimonio del departamento. Durante los 17 días que estuvo en el cargo, Osorio Villadiego se limitó a avalar el desembolso de recursos pactados por cerca de 20.000 millones de pesos por la administración Torralvo, para la ejecución de obras públicas que están por verse en Montería, Montelíbano, San Pelayo, Lorica, Chimá y Valencia.

Osorio se vio obligado a renunciar el 17 de enero, tras denuncias de CAMBIO por sus relaciones con Salvatore Mancuso, a quien incluso visitó en la cárcel de Itagüí. Lo sucedió Liliana Bittar, una dirigente de la misma cuerda de padrinazgos políticos. Osorio y Bittar fueron llevados al cargo por Manzur, muy cercano al Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, y por Nohora García, dirigente que se hizo al lado de Miguel De la Espriella, de quien fue segundo renglón para Senado en las elecciones de 2002.

Otro miembro de la rosca, José García Calume, firmó entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2007 órdenes de prestación de servicios por cerca de 1.275 millones de pesos, la mayoría para el cumplimiento de funciones que podían desarrollar funcionarios de planta. Y Alfonso De la Espriella -hermano de Miguel- ocupó transitoriamente la secretaría jurídica, cargo desde el cual firmó 25 contratos de servicios profesionales por más de 700 millones de pesos.

García Calume, ex diputado y primo de Nohora García, permaneció en el cargo hasta el 21 de febrero, cuando se posesionó Martha Sáenz, la Gobernadora elegida en octubre y cuya credencial acaba de ser suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a donde fue a parar su caso tras muchas idas y venidas.

No futuro

El panorama es desolador en materia administrativa. Por ejemplo, sólo seis de los 28 municipios del departamento se han asociado al Plan de Aguas que les garantizará partidas importantes del presupuesto nacional para acueductos y alcantarillados, a pesar de que, según el Ministerio del Medio Ambiente, cerca de 500.000 de los 1,3 millones de cordobeses carecen del servicio. Y apenas cuatro municipios están acreditados en programas de educación pública.

Mientras tanto, el departamento deberá pagar conciliaciones judiciales por 19.000 millones de pesos porque, según la presidenta del sindicato de maestros, María Cogollo Altamiranda, "la administración no les paga a los profesores". El pago de conciliaciones aumentará el impacto social negativo, pues por cuenta de los pleitos importantes recursos del sistema nacional de participaciones están embargados. La corrupción está acabando con el departamento insignia de la producción pecuaria. Córdoba no tiene un plan de desarrollo ni proyectos de inversión para los cerca de 70.000 millones de pesos que le corresponden por regalías este año, pero hay en curso 45 investigaciones de la Procuraduría y 14 de la Contraloría por desviación de recursos.

Sin embargo, los órganos de control no parecen lo suficientemente diligentes para poner coto al caos y señalar responsables. La defensa de los recursos públicos la ha asumido un puñado de quijotes convertidos en veedores cívicos. Uno de ellos, Carlos Valera, se ve obligado a trabajar desde su casa, protegida por una reja y custodiada día y noche por dos policías por cuenta de frecuentes amenazas (ver recuadro).