Las prepago

Estas son las dos tarjetas (izq) que la empresa Mercury comercializa ilegalmente en Estados Unidos. Foto: Archivo / Cambio

EL 20 DE SEPTIEMBRE de 2005, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y la organización estadounidense Mercury Telco Group Inc. firmaron un contrato para comercializar en los Estados Unidos una tarjeta prepago para llamadas de larga distancia. La infraestructura tecnológica de las dos empresas y sus respectivas licencias de operación garantizarían el funcionamiento de la tarjeta.

Sin embargo, pocas semanas después de que el sistema entrara en servicio, expertos de la ETB advirtieron que Mercury no tenía los permisos que exigía la legislación federal de Estados Unidos, pero la compañía argumentó que estaba amparada por la sociedad Suncoast Techonology Inc., un grupo empresarial en el que Mercury aparece como una de sus filiales. "La ETB suscribió el acuerdo con Mercury y no con Suncoast", asegura el reconocido jurista arbitral Ernesto Gamboa Morales, apoderado de la ETB.

Por eso el 3 de junio de 2007, poco antes de que expirara el contrato, la ETB dirigió una carta a Mercury en la que expresaba su voluntad de no prorrogarlo, algo que en un principio era posible hacer anualmente.

A partir de esa fecha y de conformidad con los términos pactados en el acuerdo, la empresa estadounidense debía suspender la venta, impresión y despacho de las tarjetas, además de destruir las que tenía en su stock. "Eso nunca lo hizo Mercury a pesar de que la ETB así lo solicitó -explica Gamboa-. Y por si fuera poco, propició la comercialización, activación y distribución de nuevas tarjetas cuya impresión jamás fue autorizada por ETB".

Curiosamente, a partir del día en que terminó el contrato, empezaron a ofrecer entre la comunidad colombiana que vive en Estadios Unidos  dos llamativas tarjetas prepago con los nombres comerciales de La Real y Vallenato, que nunca fueron convenidas por las dos empresas pero que se han convertido en las de mayor demanda.

Según conocedores del tema de la  ETB, esas tarjetas son activadas y distribuidas en forma ilegal por Mercury, empresa que, además, desvía las llamadas hacia la infraestructura tecnológica de la ETB, y le han generado a la empresa bogotana un costo operativo adicional de más de 100.000 dólares al mes. "La venta ilegal de las tarjetas, que a pesar de no tener aprobación sirve para acceder en forma fraudulenta a la infraestructura de la ETB, le ha ocasionado una grave lesión a la marca ETB y a su buen nombre comercial", asegura Gamboa.

Por ahora, y mientras se define la situación jurídica, la empresa sigue asumiendo los costos del millonario fraude de Mercury, que hasta el momento le ha significado más de cinco millones de dólares.