Gobernador de Bolívar está en problemas por contratos de vigilancia

El gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, con una de sus asesoras de cabecera. Foto: Cortesía El Universal

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EL ORIGEN DE LA FORTUNA personal del Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, ha sido tema inagotable de controversia. Incluso amigos suyos sostienen que tiene un "ejército privado" compuesto por los 250 hombres que trabajan para Vigilantes Marítima Comercial, Vimarco Ltda., la empresa más antigua de una especie de holding familiar llamada Inversiones Berrío Villarreal, sus detractores aseguran que la compañía de seguridad creció gracias a contratos públicos obtenidos  mediante tráfico de influencias.

Unos y otros, sin embargo, coinciden en un punto: Vimarco se consolidó entre 2006 y 2007, cuando al frente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad estaba una ficha del senador Javier Cáceres Leal, principal mentor de la campaña de Berrío. Durante ese lapso, la empresa ganó jugosos contratos públicos, entre ellos uno por 400 millones con la Fiscalía General para custodiar sus sedes en Cartagena, Magangué, Pereira y Montería.

Durante la campaña electoral, sus adversarios, encabezados por el dirigente Alfonso López Cossio, intentaron sin éxito convencer al electorado de que el general del "ejército privado" tenía vínculos con la empresaria del chance Enilce López, La Gata: divulgaron fotos de los dos en actos públicos y echaron a rodar la versión según la cual detrás del contrato de vigilancia de la sede judicial de Magangué -infiltrada por gente de la reina del chance- había "gato encerrado".

Hasta aquí, el asunto no pasaría de ser un episodio de campaña, pues es habitual que los contrincantes echen mano de todo tipo de recursos, aún de los más sucios, para sacar ventaja. Sin embargo, si los negocios de Berrío se miran a la luz del régimen de inhabilidades, las cosas pasan de castaño a oscuro y podrían complicarle la situación al único gobernador que, menos de dos meses en el cargo, ya enfrenta  procesos en la Procuraduría y el Tribunal Administrativo del departamento.

La Procuraduría evalúa si el mandatario violó el régimen de inhabilidades al suscribir contratos con el Estado dentro del año anterior a su elección. Tanto este régimen como el Código Disciplinario Único, contemplan castigos que podrían ir hasta la destitución. "La razón es obvia -afirma Álvaro Genaro Medina, profesor de Derecho Público de la Universidad del Norte-. Un candidato que contrató con la administración y que luego sale elegido no sólo consigue una ventaja injusta frente a sus adversarios, sino que es altamente posible que luego se valga de su cargo para defender sus intereses particulares y ponerlo por encima de los colectivos".

El papel aguanta todo

CAMBIO obtuvo copias de los contratos, revisó los registros de Cámara de Comercio y las escrituras públicas de Vimarco y otras empresas de la familia Berrío -J.H.B y Cía Ltda.,  Berrío e Hijos S. en C.  e Inversiones Berrío Villarreal- y descubrió que el Gobernador es socio de Inversiones Berrío Villarreal, que a su vez tiene participación en J.H.B., socio mayoritario en Inversiones Berrío, mayor accionista de Vimarco.

El Gobernador afirma que desde hace más un año no figura como socio de estas empresas, pero lo cierto es que hasta el 27 de febrero de 2007 apareció en escrituras como socio y representante legal de Vimarco, y en Cámara de Comercio como representante legal de la misma empresa hasta el 2 de marzo de 2007.

El primer contrato de Vimarco con la Fiscalía fue firmado el 30 de enero de 2007 con la Fiscalía de Pereira. Radicado con el número 006, fue suscrito en representación de Vimarco por Efraín Pretelt Román, segundo gerente suplente de la empresa. El Gobernador sostiene que eso prueba que él ya estaba al margen de las actividades de la firma, pero en el expediente del contrato hay una constancia según la cual Pretelt Román lo suscribió por delegación de Berrío, representante legal de Vimarco (ver facsímil).