Gobernador de Bolívar está en problemas por contratos de vigilancia

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Si la Procuraduría, que hace dos semanas estudia una solicitud de suspensión de Berrío, encuentra que éste tuvo que ver directamente con el contrato, podría concluir que violó las normas sobre inhabilidades.

Pero las cosas no paran ahí. Al día siguiente de la firma del primer contrato fueron suscritos dos más. Uno por 228 millones de pesos, hoy vigente, para la vigilancia de la sede principal de la Fiscalía en Cartagena y la custodia de instalaciones en el barrio Camino del Medio en la misma ciudad, lo mismo que de las oficinas en Magangué. El otro, para la vigilancia de la sede de la Fiscalía en Pereira, fue firmado cuando Berrío ya era candidato a la Gobernación.

La Procuraduría investiga si el Gobernador aún sigue al frente de sus negocios particulares, pues una hija suya, menor de edad, aparece en una reciente renovación de documentos como socia de Berrío Villarreal e Hijos. Como la ley impone restricciones en estos casos, la representación de la niña está en cabeza de su padre.

Antes de redactar el proyecto de fallo, los investigadores decidieron revisar si hay negocios de las empresas del Gobernador con entidades como el Instituto de Bienestar Familiar y la Universidad de Cartagena. La Procuraduría tiene la última palabra sobre la situación jurídica del Gobernador de uno de los departamentos más afectados por la corrupción.