Alcaldesa de Cartagena hará corte de cuentas con su antecesor

Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena, y Nicolás Curi, ex alcalde.

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LA ALCALDESA de Cartagena, Judith Pinedo, quiere poner orden en la casa y hacer un corte de cuentas con su antecesor, Nicolás Curi, pues encontró centenares de contratos que le despiertan sospechas y un desorden administrativo que impide el buen funcionamiento de la Alcaldía.

El reto es enorme, pues además existe la necesidad apremiante de sanear el déficit estimado en 82.000 millones de pesos, de racionalizar el gasto y de atender cientos de demandas que podrían convertir en pesadilla su paso por la Alcaldía. Los documentos y las cifras arrojan un balance escandaloso y por eso la nueva administración espera que los órganos de control tomen cartas en el asunto.

No la tiene fácil la alcaldesa Pinedo, cariñosamente llamada Mariamulata, pero los cartageneros de bien tiene sus esperanzas puestas en ella, pues Cartagena, la ciudad colombiana que más atrae el turismo internacional, declarada patrimonio mundial por la UNESCO en 1984, ha sido hasta ahora patrimonio de los corruptos. Los cartageneros de bien y los colombianos en general esperan que la administración de Pinedo sea el principio del fin de una tradición que ha hecho de La Heróica botín de los piratas de cuello blanco.

Secretaría de Tránsito

El secretario del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, Rafael Vergara Navarro, no entiende cómo los funcionarios que lo antecedieron en el cargo manejaron 1.500 millones de pesos del presupuesto de inversión como si fueran de caja menor. Por ejemplo, en febrero de 2006 el alcalde Curi adjudicó un contrato por 1.100 millones de pesos a la Unión Temporal Compromiso con la Vida para una campaña de tres meses sobre educación vial.

Sin embargo, en términos de costo-beneficio, no se compadece el monto del contrato con los resultados de la campaña. Según las estadísticas, la accidentalidad no sólo no disminuyó, sino que aumentó: 5.351 casos en 2007 frente a   4.708 en 2006. "Aquí lo que hubo fue un despilfarro que no tiene perdón -le dijo Vergara a CAMBIO-.

Aquí no hay ni cultura ciudadana ni educación vial. Las cifras sobre accidentalidad rompieron récord el año pasado".

Según Vergara, los contratos del Datt no beneficiaron a la ciudad pero sí a cerca de 20 periodistas que fueron contratados en el último trimestre de 2007 para promocionar una nueva oficina de la entidad en los sectores populares de Ronda Real y Mompox. Precisamente estos contratos hoy son motivo de escándalo en la ciudad. 

Por otra parte, y debido a la incapacidad y negligencia de sus antecesores para cobrar los comparendos, la Secretaría dejó de recaudar 96.000 millones de pesos. Y para rematar, aprobaron en octubre de 2007, en época electoral, 130 órdenes de prestación de servicios a personas externas para realizar tareas que podían hacer los 103 empleados de la entidad.

Secretaría de Hacienda

"A la gente 'pupi' (estrato seis) no la obligan a pagar el impuesto predial", es una frase que se oye con frecuencia en la ciudad y que se ve reflejada en las cifras de recaudo. Funcionarios de la Secretaría aseguran que como entre 2003 y 2007 no fue cobrado buena parte del impuesto predial, la ciudad dejó de recibir cerca de 259.000 millones de pesos, de los cuales 209.000 debían ser para inversión social.  "La ley dice que si alguien no cancela el predial le pueden embargar sus bienes, pero en Cartagena no les tocan el dinero a los poderosos", asegura la secretaria de Hacienda, Vivian Elsaieck.

En los dos meses que lleva la nueva administración, los funcionarios de Hacienda encontraron 90 tutelas por tramitar, 18 desacatos de tutela y expedientes dispersos y contratos sin el lleno de los requisitos legales que, en muchos casos, no pasaban por la oficina jurídica.

La nueva administración también encontró que los embargos a los dineros de la sobretasa a la gasolina hicieron un hueco enorme a las finanazas distritales. Según los datos recogidos hasta ahora, los embargos a estas cuentas superaron en el último año los 1.700 millones de pesos, aún cuando la ley es clara en advertir que este rubro es inembargable. Sin embargo, en este caso la administración de Nicolás Curi tampoco hizo esfuerzos para evitar el desangre.