¿Hasta dónde llegará la mayor crisis institucional de la historia?

La Corte Suprema sigue firme en sus investigaciones por la parapolítica.

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EL ESCÁNDALO de la parapolítica volvió a agitarse. La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes pasado la captura de cinco nuevos congresistas por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Todo indica que aún falta mucho por ver. O como dijo hace unas semanas un editorial de The New York Times, el proceso "es de lenta ebullición" y va para largo. Con consecuencias graves.

En la medida en que se suman más y más inculpados, la situación adquiere dimensiones más preocupantes. Con la última decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema ya son 22 los parlamentarios que han sido detenidos en el ejercicio de sus funciones, mientras que otros cuatro ex congresistas también se encuentran tras las rejas por sus posibles vínculos con organizaciones armadas al margen de la Ley. Además, un poco más de 50 funcionarios públicos han sido vinculados a las investigaciones mediante el llamado a indagatoria y cerca de 30 aparecen mencionados en las distintas declaraciones rendidas por los jefes paramilitares desmovilizados. La famosa declaración de Carlos Castaño, según la cual los paramilitares controlaban un 30% del Legislativo cada vez parece confirmarse.

En cualquier país del mundo semejante cuadro estadístico tendría una trascendencia histórica y concentraría la atención de toda la sociedad. En Colombia también, pero la preocupación que suscita tiende a diluirse por la necesidad de atender otros problemas, como el de los secuestrados en manos de las Farc. Y por los deseos de vastos sectores de evitar un colapso político que pueda frenar la etapa de crecimiento económico, aumento de la inversión extranjera y reducción del desempleo. 

Sin embargo, las consecuencias y secuelas del escándalo de la parapolítica se sentirán por mucho tiempo. Ya empiezan a plantearse opciones extremas, que van desde un improbable cierre del Congreso hasta un poco claro cambio en la legislación para endurecer los castigos a los partidos contaminados por vínculos con grupos ilegales.

Nunca antes -ni siquiera en el proceso 8.000 de los años 90- la clase política había sido tan cuestionada. "La parapolítica llevó al Congreso colombiano a la ilegitimidad -afirma el ex senador Rafael Pardo, uno de los congresistas que con mayor vehemencia denunció el fenómeno en el Parlamento-. Ahora estamos viendo senadores con 2.000 votos a quienes para comprarlos el Gobierno sólo necesita nombrarles un portero en una entidad oficial".

Más allá de los efectos institucionales, existe también una realidad política. ¿Quiénes son los grandes perdedores? El escándalo ha golpeado a las huestes oficialistas más que a las de la oposición. La inmensa mayoría de los congresistas y ex congresistas vinculados pertenecen a los partidos y movimientos que respaldan al Gobierno en el Congreso. Aunque en la Casa de Nariño sostienen que su llegada al Parlamento la hicieron en listas distintas al uribismo en 2002, la gran mayoría integra las bancadas gobiernistas desde entonces. "El número de congresistas uribistas vinculados a la parapolítica es realmente escandaloso, pues por lo menos el 90% hace parte de la bancada del Gobierno", le dijo a CAMBIO el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo.

Según la investigación realizada por León Valencia y la Corporación Arco Iris, que dio soporte a las indagaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica, dos de los representantes a la Cámara capturados el pasado lunes -los liberales Dixon Tapasco y Enrique Emilio Angel- también figuran en los expedientes por los beneficios electorales que habrían obtenido en 2002 de sus alianzas con dichas organizaciones armadas al margen de le ley.

Por otra parte, la analista Claudia López, miembro del grupo investigador de la Corporación Arco Iris, denunció en su columna de El Tiempo que en Antioquia reconocidos militantes del uribismo, como el actual Gobernador, Luis Alfredo Ramos,  y Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y quien está a la espera de que la Fiscalía resuelva su situación, también se habrían favorecido "con atipicidades electorales en zonas de dominio paramilitar en la elección de Congreso en 2002 y 2006".