Febrero 27 de 2008
¿Hasta dónde llegará la mayor crisis institucional de la historia?
La captura de cinco nuevos congresistas por orden de la Corte Suprema abre este interrogante.
EL ESCÁNDALO de la parapolítica volvió a agitarse. La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes pasado la captura de cinco nuevos congresistas por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Todo indica que aún falta mucho por ver. O como dijo hace unas semanas un editorial de The New York Times, el proceso "es de lenta ebullición" y va para largo. Con consecuencias graves.
En la medida en que se suman más y más inculpados, la situación adquiere dimensiones más preocupantes. Con la última decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema ya son 22 los parlamentarios que han sido detenidos en el ejercicio de sus funciones, mientras que otros cuatro ex congresistas también se encuentran tras las rejas por sus posibles vínculos con organizaciones armadas al margen de la Ley. Además, un poco más de 50 funcionarios públicos han sido vinculados a las investigaciones mediante el llamado a indagatoria y cerca de 30 aparecen mencionados en las distintas declaraciones rendidas por los jefes paramilitares desmovilizados. La famosa declaración de Carlos Castaño, según la cual los paramilitares controlaban un 30% del Legislativo cada vez parece confirmarse.
En cualquier país del mundo semejante cuadro estadístico tendría una trascendencia histórica y concentraría la atención de toda la sociedad. En Colombia también, pero la preocupación que suscita tiende a diluirse por la necesidad de atender otros problemas, como el de los secuestrados en manos de las Farc. Y por los deseos de vastos sectores de evitar un colapso político que pueda frenar la etapa de crecimiento económico, aumento de la inversión extranjera y reducción del desempleo.
Sin embargo, las consecuencias y secuelas del escándalo de la parapolítica se sentirán por mucho tiempo. Ya empiezan a plantearse opciones extremas, que van desde un improbable cierre del Congreso hasta un poco claro cambio en la legislación para endurecer los castigos a los partidos contaminados por vínculos con grupos ilegales.
Nunca antes -ni siquiera en el proceso 8.000 de los años 90- la clase política había sido tan cuestionada. "La parapolítica llevó al Congreso colombiano a la ilegitimidad -afirma el ex senador Rafael Pardo, uno de los congresistas que con mayor vehemencia denunció el fenómeno en el Parlamento-. Ahora estamos viendo senadores con 2.000 votos a quienes para comprarlos el Gobierno sólo necesita nombrarles un portero en una entidad oficial".
Más allá de los efectos institucionales, existe también una realidad política. ¿Quiénes son los grandes perdedores? El escándalo ha golpeado a las huestes oficialistas más que a las de la oposición. La inmensa mayoría de los congresistas y ex congresistas vinculados pertenecen a los partidos y movimientos que respaldan al Gobierno en el Congreso. Aunque en la Casa de Nariño sostienen que su llegada al Parlamento la hicieron en listas distintas al uribismo en 2002, la gran mayoría integra las bancadas gobiernistas desde entonces. "El número de congresistas uribistas vinculados a la parapolítica es realmente escandaloso, pues por lo menos el 90% hace parte de la bancada del Gobierno", le dijo a CAMBIO el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo.
Según la investigación realizada por León Valencia y la Corporación Arco Iris, que dio soporte a las indagaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica, dos de los representantes a la Cámara capturados el pasado lunes -los liberales Dixon Tapasco y Enrique Emilio Angel- también figuran en los expedientes por los beneficios electorales que habrían obtenido en 2002 de sus alianzas con dichas organizaciones armadas al margen de le ley.
Por otra parte, la analista Claudia López, miembro del grupo investigador de la Corporación Arco Iris, denunció en su columna de El Tiempo que en Antioquia reconocidos militantes del uribismo, como el actual Gobernador, Luis Alfredo Ramos, y Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y quien está a la espera de que la Fiscalía resuelva su situación, también se habrían favorecido "con atipicidades electorales en zonas de dominio paramilitar en la elección de Congreso en 2002 y 2006".
Nada indica, sin embargo, que la opinión pública esté haciendo una evaluación partidista de la crisis. O que le esté cobrando al presidente Uribe los descalabros de sus aliados políticos en el Congreso. Más bien, se percibe un desgaste cada vez más profundo de la clase política y del Legislativo en términos generales. De ahí que algunas de las ideas que se han planteado para trancar la bola de nieve, no tengan viabilidad alguna. Entre ellas, una ley de Punto Final o el establecimiento de una segunda instancia para los congresistas (ver artículo de Humberto De la Calle). "La conciencia nacional y el pueblo colombiano no permitirán que algo así suceda -sostiene el ex ministro de Justicia y actual senador del Polo, Parmenio Cuéllar-. Nadie distinto a los directos beneficiados respaldaría semejante monstruosidad".
El ex ministro Pardo, por su parte, también califica como "un inmenso error" darle trámite a una ley de Punto Final, y considera que una de las salidas a la crisis sería un acuerdo político entre los partidos y movimientos para no posesionar a los suplentes de los parapolíticos y para no aceptar que renuncien al fuero y se sometan a la Fiscalía quienes pretendan evitar el juicio de la Corte Suprema de Justicia.
La renuncia al fuero también ha sido blanco de críticas, inclusive de miembros de la bancada de Gobierno. La senadora Marta Lucía Ramírez, del Partido de La U, sostiene: "El fuero no puede ser simplemente un derecho, sino también una obligación y no debe aceptarse en una sociedad que cada quien busque cuál es el juez que más le conviene".
Pero un acuerdo político entre partidos uribistas, como el que propone Pardo, tampoco parece viable. Según el ex ministro Cuéllar, lo que debe hacerse es respaldar a la Corte Suprema para que siga adelante con sus investigaciones, y exigirle a la Fiscalía que apriete el acelerador, pues es evidente que se encuentra rezagada en relación con la Corte, tal y como se lo plantearon los magistrados en carta que enviaron al ente investigador en la que le pedían una mayor celeridad en las investigaciones. En otras palabras, sigue siendo válida la expresión utilizada por The New York Times hace meses: el escándalo no ha llegado al punto de ebullición. Y eso que ya hay mucho quemado en la clase política.