Febrero 28 de 2008
¡Ojo con Luis Fernando Almario!
El congresista renunció al fuero y su caso pasa a la Fiscalía donde su esposa tiene un alto cargo.
EL LUNES 25 FEBRERO, cuando fue capturado por orden de la Corte Suprema, el congresista Luis Fernando Almario anunció que renunciaría a su fuero porque no estaba dispuesto a seguir en manos de un tribunal que estaba cometiendo injusticias en su contra. Si el anuncio se cumple, su caso podría convertirse en una papa caliente para la Fiscalía que por estos días enfrenta fuertes críticas provenientes de la propia Corte y de sectores de oposición por la lentitud con que adelanta los procesos relacionados con la parapolítica.
Según varios contradictores suyos, Almario ejerce una fuerte influencia en círculos de la Fiscalía, lo cual podría significarle ventajas frente a los demás sindicados. Su esposa, Elsa Piedad Ramírez, es fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y hasta hace poco hacía parte de la unidad de fiscales especializada en investigar a los grupos terroristas. Y aunque ella no tendría injerencia directa en el proceso de su esposo -cacique político de Caquetá-, su ascendencia en círculos cercanos al Fiscal General despierta suspicacias. "La doctora Ramírez tiene un amplio juego en escenarios de decisión y desde de la época de Luis Camilo Osorio asiste esporádicamente a los comités semanales en los que se proyectan las decisiones de mayor impacto", le dijo a CAMBIO uno fiscales que ha trabajado con ella.
Pero el asunto no es sólo de suspicacias. Hay evidencia de que en el búnker de la Fiscalía, Almario tiene refugio seguro. CAMBIO reveló en marzo de 2007 que en el despacho de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos estaba archivada una declaración que rindió Gerardo Aguirre Ballesteros, ex jefe de milicias de las Farc en el Caquetá, según la cual Almario había instigado el asesinato de Inés Cote de Turbay, de su hijo Diego -entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara- y de sus escoltas, ocurrido el 29 de diciembre de 2009 en una carretera cerca de la población de Puerto Rico.
Aguirre narró en detalle una de las reuniones en las que miembros las Farc habrían acordado con un emisario del congresista la ejecución del crimen. No obstante su gravedad, la declaración no fue enviada a la Corte Suprema para que la evaluara y decidiera si había o no mérito para investigar a Almario. La denuncia fue recogida el año pasado por el senador Gustavo Petro durante un debate en el Congreso en el que Almario tuvo oportunidad de rebatir los cargos e incluso de contraatacar al citante.
La posible participación de Almario en el asesinato de los Turbay Cote y sus escoltas, sumada a denuncias sobre relaciones con las Águilas Negras, son la razón fundamental para que la Corte ordenara su captura.
Dos testigos más
A Aguirre Ballesteros se sumaron otros dos testigos. Uno de ellos, Fernando Bahamón Céspedes, ex jefe de seguridad de la columna Teófilo Forero de las Farc, aseguró el pasado 30 de enero ante la Corte Suprema que en la época de la zona de distensión en el Caguán fue testigo de una reunión que Almario sostuvo con Joaquín Gómez, jefe del Bloque Oriental; Fabián Ramírez, jefe del frente 14, y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Óscar o El paisa, jefe de la Teófilo Forero, para planear una "alianza política y económica" con el fin de hacer más fuerte la influencia de las Farc en el Caquetá. Según palabras de Bahamón, la consolidación de esa alianza pasaba por eliminar a los Turbay.
En noviembre de 2007, Lucas Medina Triviño, un transportador fluvial, declaró ante la Corte que poco después del asesinato de los Turbay y sus escoltas, Almario le envió medio millón de pesos para que llevara un mensaje escrito al jefe de la Teófilo, en el que le proponía un plan de "reconciliación", pues el congresista estaba mal parado con las Farc, que se dieron cuenta que él era promotor de los paramilitares en el departamento y de que había usado a la guerrilla para deshacerse de los Turbay y fortalecer su feudo político.
El hecho de que el caso de Almario pase a la Fiscalía donde trabaja su esposa, llevó el pasado martes 26 al senador Petro a enviar una carta al Fiscal Mario Iguarán en la que llama la atención sobre el riesgo de que el político caqueteño tenga cuotas burocráticas en la Fiscalía, y se queja por la lentitud en el trámite de los expedientes de la parapolítica. Según Petro, cuando el clientelismo se articula con el paramilitarismo y el narcotráfico, las cuotas de poder que surgen de esa alianza sirven para construir una "verdadera arquitectura de la impunidad dentro del poder judicial".
Toda esta situación y el manto de dudas que rodea a la Fiscalía podrían reabrir el debate planteado por el ex defensor del pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, que sostiene que el fuero de los congresistas no es renunciable cuando se trata de causas criminales.
LOS OTROS
Con Luis Fernando Almario fueron capturados otros cuatro congresistas, cuyos casos, por ahora, estarán en manos de la Corte. Uno de ellos es Ciro Ramírez, dirigente conservador de Boyacá, promotor de la primera reelección presidencial. Dos conversaciones grabadas con agentes del narcotráfico y una presunta relación con el jefe paramilitar Tolemaida, que en las elecciones parlamentarias de 2002 le significaron altas votaciones en pueblos del Cesar que nunca visitó, fueron las razones principales por las cuales la Corte ordenó su captura
En cuanto a los congresistas caldenses Dixon Tapasco Triviño y Enrique Emilio Ángel, la Corte tiene razones para creer que sus aspiraciones políticas contaron con el apoyo paramilitar en zonas controladas por Iván Roberto Duque, Ernesto Báez, vocero político de las Auc. Algunos de sus copartidarios liberales sostienen que Tapasco es "víctima" de la mala fama de su padre, ex presidente de la Asamblea de Caldas, señalado como posible autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra.
Vea el artículo que publicó CAMBIO sobre este tema en su pasada edición. (Recursos relacionados)