Con nuevo Sistema Penal sí es posible hacer pronta justicia

Las audiencias del caso Jamundí fueron las más concurridas en la historia reciente de los juicios en Colombia.

"ESTE FALLO acaba con nuestras vidas". La frase fue pronunciada el lunes pasado por el soldado profesional José Gainer Peñaranda, después de conocer la decisión del juez Cuarto Penal Especializado de Cali, Edmundo López, que lo declaró culpable, junto a 14 militares más, entre ellos, el coronel Bayron Carvajal, ex comandante de los batallones de Alta Montaña 3 y 14,  en la muerte en mayo de 2006 de 10 miembros de la Dijín y de un civil, en Potrerito, Valle.

Pese a la súplica de Peñaranda, el juez insistió en que no modificará su decisión pues durante el juicio que duró año y medio, tanto la Fiscalía como la Procuraduría demostraron que lo ocurrido en ese corregimiento fue una emboscada por parte de los militares y no un "enfrentamiento amigo", entre los dos grupos, como quiso hacer ver la defensa de los uniformados durante el proceso. La Fiscalía llevó al juicio a por lo menos 33 testigos y presentó 417 pruebas en las que demostró que la acción del Ejército no sólo fue desproporcionada, puesto que los policías no respondieron a la agresión, sino que tuvo como teoría que el ataque tenía como propósito evitar que el grupo de la Dijin actuará contra narcotraficantes de la región. El fiscal general Mario Iguarán fue contundente en su hipótesis sobre los hechos: "No fue un error, fue un crimen".

En octubre pasado una investigación de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría pudo comprobar, además, que los disparos realizados por los miembros del Ejército contra los policías se efectuaron a poca distancia o a "quema ropa" y que luego de la masacre los hombres de Carvajal modificaron la escena del crimen con el propósito de desviar la investigación.

Los peritos del Ministerio Público establecieron que cinco de los cuerpos fueron movidos de su lugar de origen. También determinaron que sobre ellos, los militares colocaron de manera burda, fusiles y pistolas. Esto quedó demostrado en registros fotográficos obtenidos de los cuerpos del mayor Elkin Molina, quien comandaba el grupo de la Dijín, del patrullero Pedro Perea Galindo y del intendente Gilmar Mamián Jiménez.

Los mismos registros mostraron que algunos presentaban manchas de sangre que correspondían a otras personas. "Esto significa que algunos cuerpos fueron movidos por encima de otros", dijo a CAMBIO un investigador, que se mostró satisfecho por la decisión del juez López.

Pero no sólo las pruebas periciales fueron determinantes en la decisión contra los militares. La Fiscalía reveló la existencia de una serie de llamadas telefónicas  entre el coronel Carvajal y un soldado de apellido Mahecha en las que el oficial le advertía sobre la posición que debían tener antes de la emboscada. En otras les indicaba a sus subalternos sobre la manera cómo debían responder ante una eventual investigación de las autoridades. En todo momento, la defensa de los acusados aseguró que la Fiscalía malinterpretó las comunicaciones y que no tuvo en cuenta las explicaciones de sus defendidos.

El "caso Jamundí", como se le conoce, se convirtió en un gran desafío para la justicia colombiana y podría pasar a la historia porque para los entendidos en el tema superó todas las pruebas sobre la eficacia del nuevo sistema penal acusatorio. "Con el antiguo sistema estaríamos apenas recogiendo y mostrando las pruebas. Esto demuestra que en un plazo relativamente corto, se puede instruir un proceso y llevarlo hasta el final", le dijo a CAMBIO un experto en el nuevo sistema oral.

Pero hay un elemento adicional dentro del juicio. El juez López defendió en todo momento la competencia de la justicia ordinaria para investigar y fallar el caso y evitó que este se trasladara a la justicia castrense, decisión que en su momento generó malestar en algunos miembros de las Fuerzas Militares. No obstante, una vez se conoció el fallo, el Ejército lo acató mediante comunicado que dieron a conocer a la opinión pública.

El juez tiene un plazo de 15 días para dictar sentencia y algunos juristas consultados por CAMBIO aseguran que la pena podría oscilar entre 40 y 60 años, aunque el fallo es apelable. A pesar de la decisión, aún quedan preguntas por resolver para cerrar de una vez y para siempre este vergonzoso capítulo en la historia de las Fuerzas Militares: ¿Para quién trabajaba el coronel Carvajal? ¿Qué tan sólida es la hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que detrás de la masacre estuvieron miembros de las organizaciones narcotraficantes del norte del Valle? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre? Por lo pronto los familiares de las víctimas han dicho que se declaran satisfechos con la decisión del juez, pero que exigirán que los hechos se aclaren por completo.