¿Quién 'chuza' al Presidente?

La Fiscalía adelantó una auditoría técnica sobre el sistema de comunicaciones del Presidente Alvaro Uribe. Foto: Archivo particular

A LAS 9:30 A.M. del domingo 17 de febrero, el presidente Álvaro Uribe recibió en su teléfono celular un mensaje de texto del periodista del Noticiero de televisión Noticias Uno, Juan Luis Martínez, quien le pedía devolver la llamada porque necesitaba una opinión sobre una primicia que el informativo revelaría en su emisión de esa noche.

Uribe llamó de inmediato al reportero, quien le explicó que la sala de redacción había recibido un casete que contenía una grabación del 3 de octubre de 2007 en la que hablaban el jefe del Estado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, respecto de la seguridad de los magistrados de la Sala Penal y sus familias.

Martínez le pidió una entrevista al Presidente para hablar de la grabación, pero éste argumentó que estaba enfermo en la Casa de Nariño y sus médicos le habían recomendado reposo absoluto.

Tras comentar el asunto por varios minutos, Uribe le dijo a Martínez que le parecía bien que Noticias Uno divulgara la charla interceptada ilegalmente porque mostraba la transparencia del Gobierno en torno a la seguridad de los magistrados, y autorizó al periodista a leer una frase en boca suya, cuya parte final decía: "esta práctica de grabación me parece gravísima y espero que el Fiscal pueda llevar a la cárcel a los responsables".

Luego de colgar la llamada con el periodista, Uribe ordenó convocar de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad porque aunque el contenido de la conversación con Valencia no tenía nada escandaloso y hasta podría considerarse favorable, era claro que las comunicaciones del alto Gobierno estaban interceptadas.

Antes de iniciar la cumbre, Uribe llamó al fiscal Mario Iguarán, le contó lo ocurrido y le pidió abrir un expediente sobre el caso. El mandatario agregó que "es importante que la investigación sea orientada por un organismo independiente como la Fiscalía, pues si le asigno la misión exclusivamente al DAS no faltarán los suspicaces que pongan en duda las acciones de un organismo de inteligencia que depende directamente de la Presidencia".

Iguarán asintió en los argumentos del jefe del Estado y esa misma tarde conformó un grupo especial que en la madrugada del lunes inició una auditoría técnica en los sistemas de comunicación del Palacio presidencial.

Cómo y quién

La investigación asumida por la Fiscalía debe responder dos preguntas claves: cómo y quién grabó la llamada telefónica entre el Presidente y el magistrado de la Corte.

Con respecto al cómo la Fiscalía tiene un antecedente: la grabación en diciembre pasado de una conversación entre el Presidente y el fotógrafo Luis Fernando Herrera, La Mechuda, en la que pese al cruce de algunas palabras soeces, Uribe queda bien parado porque demuestra su verticalidad contra la corrupción. No obstante, la filtración de la cinta dejó al descubierto, por primera vez, que las llamadas del jefe del Estado eran susceptibles de ser escuchadas por medios clandestinos.

Hasta ese momento en Colombia no había vestigio alguno de que alguien intentara escuchar al Presidente y mucho menos filtrar sus conversaciones privadas. La historia reciente del país está llena de escándalos originados en la revelación de conversaciones interceptadas ilegalmente, pero ninguna de ellas había tenido origen en el despacho presidencial.

Ahora bien, la primera conversación -entre Uribe y La Mechuda- y la segunda conversación -entre Uribe y el magistrado Valencia-, tienen un común denominador:  fueron charlas desde teléfonos fijos.

 En este sentido el radio de acción de las pesquisas de la Fiscalía se reduce sustancialmente porque la interceptación, según dicen investigadores del CTI, debió ocurrir desde alguna de las cajas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá cerca del palacio presidencial. Se trata de una maniobra que puede realizar cualquier persona con conocimientos de telefonía. "Aunque haya muchas extensiones y la Casa de Nariño las tiene, basta llevar unos caimanes o cables adecuados y saber dónde están las líneas del conmutador para escuchar y grabar lo que se quiera", dijo uno de los expertos consultados por CAMBIO.

En Colombia ha hecho carrera un mito urbano según el cual todo el mundo está chuzado. Esto no es verdad. La capacidad de intercepción de los organismos de investigación, incluidos Fiscalía, Procuraduría, Dijin y Das, es apenas de 2.000 líneas, de las cuales solo 800 son susceptibles de monitoreo permanente.

La tarea más complicada para la Fiscalía consiste en establecer quién se puso en la tarea de ordenar la interceptación de las llamadas del Presidente y escoger cuál de sus conversaciones le filtraría a la prensa. En este sentido, los dos diálogos revelados hasta ahora, ambos por medio del periodista Daniel Coronell, han mostrado a un mandatario comprometido contra la corrupción y la seguridad de los magistrados que investigan la parapolíticia.

La pregunta que surge es: ¿la tercera conversación, si es que existe, será igual de beneficiosa para Uribe? ¿O será que alguien está mandando el mensaje de que tiene un banco de llamadas interceptadas al jefe del Estado que puede utilizar a su acomodo? 

SANCIONADOS

Aún cuando sabía que su suerte estaba echada, el general (R) Guillermo Chávez, ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Dipol, nunca imaginó que la Procuraduría lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por 16 años.

Chávez, tres coroneles y una mayor de la Policía que laboraban en la Dipol fueron sancionados drásticamente por su participación en la intercepción ilegal de llamadas telefónicas que luego fueron filtradas a los medios de comunicación.

Los oficiales no lograron convencer a la Procuraduría de que aunque la Dipol es un organismo que no tiene funciones de Policía Judicial y trabaja de la mano con autoridades de Estados Unidos, sí tiene los controles necesarios para salvaguardar la seguridad de los monitoreos de inteligencia que realiza.