Director de Estupefacientes Carlos Albornoz está en aprietos

Carlos Albornoz asegura que la Fundación Progresar ha contribuido a solucionar problemas de vivienda.

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EL DOMINGO 3 DE FEBRERO, el Diario del Sur, el principal periódico de Nariño, hizo en la página editorial una enérgica defensa del director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero. En el extenso escrito, el periódico salió al paso de rumores extendidos a lo largo y ancho de esa región que señalan al funcionario de participar en irregularidades en el manejo de dineros de subsidios de vivienda cuando se desempeñó como congresista entre 1982 y 2006.

Los señalamientos contra Albornoz se refieren a una compleja telaraña de operaciones en las que aparecen mencionadas personas sancionadas por los organismos de control y que hoy ostentan cargos de alto nivel en la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.

"Nuestro objetivo no es defender al doctor Albornoz, puesto que en Nariño y en Colombia se sabe de su profesionalismo y de su transparencia (...)", dice el periódico, propiedad de Hernando Suárez Burgos, un controvertido empresario que, entre diciembre de 2006 y agosto de 2007, administró el Diario Deportivo por encargo del director de la DNE.

Miembro de la casta política conservadora que se abrió paso en el suroccidente colombiano en los años 70, Albornoz ha ocupado los más importantes cargos a los que puede aspirar un servidor público: diputado en la Asamblea de Nariño en 1978; alcalde de Pasto en 1980; gobernador de Nariño en 1982; representante a la Cámara entre 1982 y 1990 y senador de 1990 a 2006.

El 13 de septiembre de 2006, el presidente Álvaro Uribe le confió a Albornoz la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que maneja un presupuesto cercano a los 90.000 millones de pesos y administra los bienes confiscados a la mafia. Se trata de un cargo con rango ministerial.

Por estos días, Carlos Albornoz se enfrenta a su pasado. Periodistas de CAMBIO recorrieron varios municipios de Nariño, donde además de sus condiciones de político juicioso es conocido como uno de los urbanizadores más controvertidos de la región.

Ex trabajadores, habitantes y abogados que representan a más de 500 ciudadanos, denunciaron que la Fundación Progresar, creada en 1997 y manejada en la sombra por Albornoz, desapareció más de 1.500 millones de pesos de subsidios para vivienda entregados a través del Instituto Nacional de Vivienda de Interás Social, Inurbe a habitantes de escasos recursos en municipios de Ipiales y Yacuanquer.

Ese año, la Fundación Progresar construyó en las afueras de Ipiales un complejo de viviendas conocido como Balcones de la Frontera. Por aquella época, cercana a las elecciones para Congreso, Albornoz llegó al lugar y se comprometió a entregar un lote para que 615 familias pudieran construir sus casas. Guillermo Rosero Pasuy, actual presidente del Concejo de Ipiales y quien trabajó por cerca de 20 años al lado de Albornoz, recuerda que los beneficiarios de Balcones de la Frontera debían votar al Senado por Albornoz si querían obtener el subsidio de vivienda.

Los problemas

Una vez comenzó la construcción del proyecto, los elegidos debieron consignar entre 450.000 y 980.000 pesos de cuota inicial para acceder a una casa-lote de 28,5 metros cuadrados. De esta manera la Fundación recibió cerca de 412 millones de pesos, en contraste con los 90 millones que, según Rosero, costó el lote. En 1999, dos años después de iniciado el proyecto, Progresar consiguió 314 subsidios por 2.177 millones de pesos a través del Inurbe.

Adjudicados los subsidios, los beneficiados soñaron con levantar sus casas mediante el sistema de autoconstrucción, pero cuando iban a empezar las obras llegaron algunos funcionarios de Progresar y les dijeron que debían entregarle a la Fundación la mitad del dinero que les había otorgado el Gobierno -unos tres millones de pesos por familia-, con la excusa de que sería utilizado para adelantar obras complementarias como el acueducto y el alcantarillado.

Sin embargo, dijo Rosero, la Fundación se quedó con la mitad de los subsidios porque la Alcaldía de Ipiales y en menor cuantía la Nación cofinanciaron la construcción de las obras adicionales requeridas.

"Los habitantes, la mayoría de ellos campesinos de la región, creyeron en lo que les decían", le dijo a CAMBIO Luis Ramón Bermúdez, representante de la comunidad, quien ha emprendido una batalla legal para lograr que buena parte de las 314 familias afectadas sean indemnizadas. Las quejas de Bermúdez fueron ratificadas por Rosero Pasuy.