Febrero 21 de 2008
Director de Estupefacientes Carlos Albornoz está en aprietos
Por una fundación que gestiona subsidios para vivienda en Nariño.
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EL DOMINGO 3 DE FEBRERO, el Diario del Sur, el principal periódico de Nariño, hizo en la página editorial una enérgica defensa del director nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero. En el extenso escrito, el periódico salió al paso de rumores extendidos a lo largo y ancho de esa región que señalan al funcionario de participar en irregularidades en el manejo de dineros de subsidios de vivienda cuando se desempeñó como congresista entre 1982 y 2006.
Los señalamientos contra Albornoz se refieren a una compleja telaraña de operaciones en las que aparecen mencionadas personas sancionadas por los organismos de control y que hoy ostentan cargos de alto nivel en la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
"Nuestro objetivo no es defender al doctor Albornoz, puesto que en Nariño y en Colombia se sabe de su profesionalismo y de su transparencia (...)", dice el periódico, propiedad de Hernando Suárez Burgos, un controvertido empresario que, entre diciembre de 2006 y agosto de 2007, administró el Diario Deportivo por encargo del director de la DNE.
Miembro de la casta política conservadora que se abrió paso en el suroccidente colombiano en los años 70, Albornoz ha ocupado los más importantes cargos a los que puede aspirar un servidor público: diputado en la Asamblea de Nariño en 1978; alcalde de Pasto en 1980; gobernador de Nariño en 1982; representante a la Cámara entre 1982 y 1990 y senador de 1990 a 2006.
El 13 de septiembre de 2006, el presidente Álvaro Uribe le confió a Albornoz la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que maneja un presupuesto cercano a los 90.000 millones de pesos y administra los bienes confiscados a la mafia. Se trata de un cargo con rango ministerial.
Por estos días, Carlos Albornoz se enfrenta a su pasado. Periodistas de CAMBIO recorrieron varios municipios de Nariño, donde además de sus condiciones de político juicioso es conocido como uno de los urbanizadores más controvertidos de la región.
Ex trabajadores, habitantes y abogados que representan a más de 500 ciudadanos, denunciaron que la Fundación Progresar, creada en 1997 y manejada en la sombra por Albornoz, desapareció más de 1.500 millones de pesos de subsidios para vivienda entregados a través del Instituto Nacional de Vivienda de Interás Social, Inurbe a habitantes de escasos recursos en municipios de Ipiales y Yacuanquer.
Ese año, la Fundación Progresar construyó en las afueras de Ipiales un complejo de viviendas conocido como Balcones de la Frontera. Por aquella época, cercana a las elecciones para Congreso, Albornoz llegó al lugar y se comprometió a entregar un lote para que 615 familias pudieran construir sus casas. Guillermo Rosero Pasuy, actual presidente del Concejo de Ipiales y quien trabajó por cerca de 20 años al lado de Albornoz, recuerda que los beneficiarios de Balcones de la Frontera debían votar al Senado por Albornoz si querían obtener el subsidio de vivienda.
Los problemas
Una vez comenzó la construcción del proyecto, los elegidos debieron consignar entre 450.000 y 980.000 pesos de cuota inicial para acceder a una casa-lote de 28,5 metros cuadrados. De esta manera la Fundación recibió cerca de 412 millones de pesos, en contraste con los 90 millones que, según Rosero, costó el lote. En 1999, dos años después de iniciado el proyecto, Progresar consiguió 314 subsidios por 2.177 millones de pesos a través del Inurbe.
Adjudicados los subsidios, los beneficiados soñaron con levantar sus casas mediante el sistema de autoconstrucción, pero cuando iban a empezar las obras llegaron algunos funcionarios de Progresar y les dijeron que debían entregarle a la Fundación la mitad del dinero que les había otorgado el Gobierno -unos tres millones de pesos por familia-, con la excusa de que sería utilizado para adelantar obras complementarias como el acueducto y el alcantarillado.
Sin embargo, dijo Rosero, la Fundación se quedó con la mitad de los subsidios porque la Alcaldía de Ipiales y en menor cuantía la Nación cofinanciaron la construcción de las obras adicionales requeridas.
"Los habitantes, la mayoría de ellos campesinos de la región, creyeron en lo que les decían", le dijo a CAMBIO Luis Ramón Bermúdez, representante de la comunidad, quien ha emprendido una batalla legal para lograr que buena parte de las 314 familias afectadas sean indemnizadas. Las quejas de Bermúdez fueron ratificadas por Rosero Pasuy.
Con todo, la cercanía entre Rosero y Albornoz se rompió a finales de 2003, cuando la comunidad comenzó a reclamar por el dinero embolatado. "Albornoz me dijo que no había problema y que él sabía cómo manejaba ese tema", le dijo Rosero a CAMBIO y agregó que en el proyecto Balcones de la Frontera cobraron una cuota de afiliación. "El senador Albornoz no perseguía un propósito filantrópico; detrás había un gran negocio".
El choque entre Rosero y el Director de la DNE es inocultable. Según el Presidente del Concejo de Ipiales, en la Fundación Progresar no se movía una hoja sin la autorización de Albornoz. "Recuerdo que cuando llegaba la plata del subsidio, nos encerrábamos en una oficina en Ipiales a verificar las cuentas. Albornoz ni se paraba al baño hasta ver que el dinero había llegado a las cuentas de la Fundación". Por el otro lado, Albornoz replica diciendo que por años contribuyó a dar soluciones de vivienda en Nariño y Putumayo y por eso despertó la envidia de políticos que hoy pretenden atacarlo. "Ese señor Rosero no es de fiar pues le robó más de 900 millones a la Fundación", dijo Albornoz, al tiempo que reconoce que prefirió no denunciar ese episodio.
No obstante, en la discusión terminó por intervenir el Inurbe, que luego de una investigación encontró que la Fundación Progresar les incumplió a sus afiliados en el proyecto Balcones de la Frontera. El 22 de mayo de 2007, el gerente de Inurbe, Jorge Alberto Serna, resumió la situación: "Debido al incumplimiento del contrato por parte de la Fundación Progresar fue necesario intervenir el proyecto mediante la reclamación de pólizas de seguros. Como consecuencia, el Inurbe suscribió con la compañía de seguros un acuerdo de pago para indemnización el cual tiene la virtud de que la aseguradora termine el proyecto".
Otro proyecto habitacional, esta vez en el municipio de Yacuanquer, también enreda a la Fundación Progresar. En 1996, la Fundación diseñó el complejo Los Trigales, un programa de 118 viviendas, de los cuales el Gobierno otorgó 49 subsidios de vivienda por un valor de 362 millones de pesos.
En una declaración ante la inspección municipal de Policía rendida el 23 de noviembre de 2006, la beneficiaria Cora Linley Pasuy dijo que "hace algunos años el doctor Carlos Albornoz nos hizo entrega de unos lotes con el compromiso que si lo ayudábamos a salir al Senado, él nos daba un aporte para construir las viviendas". La señora Pasuy agregó que "para la siguiente campaña vino y adjudicó a nuevas personas más lotes y se comprometió en que si lo sacábamos nuevamente al Senado nos hacía la escritura de los lotes. (...) Un encargado del doctor Albornoz sugirió que abriéramos una cuenta para los subsidios y ahora nos lo quieren quitar. En el caso mío el lote se lo vendieron a un señor de Pasto".
CAMBIO recorrió las calles de Yacuanquer y encontró que en efecto hay malestar entre los residentes del sector por el incumplimiento de la Fundación Progresar. Francisco Javier Carlosama sostuvo que "el Gobierno me dio un subsidio de 7,4 millones de pesos, pero la Fundación sólo me entregó la mitad dizque por el valor del lote, cuando el senador Albornoz nos había dicho, hace tres años, que era regalado. Nos tocó construir con nuestro propio esfuerzo y esta es la hora en que no me han dado la escritura". En igual sentido se pronunciaron otros habitantes, entre ellos, Gerardo Erazo, Irene Cárdenas y Luz Mary Urbina, entre otros.
Además de Ipiales y Yacuanquer, todo indica que la Fundación Progresar afronta más dificultades en otros lugares de Nariño. Al respecto, CAMBIO encontró un informe de 2005 de la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura en el que se refiere a proyectos de vivienda impulsados por Progresar en los municipios de Buesaco y Túquerres. "Se estableció -dice el documento- que algunas viviendas colindan con un talud sin que cuente con un tratamiento que garantice su estabilidad, poniendo en riesgo la seguridad de las familias. En algunas viviendas hay alcantarillado pero no existe salida a la red principal, como tampoco acueducto ni conexión a la red eléctrica".
Así las cosas, todo parece indicar que son muchas las explicaciones que el Director de la DNE deberá dar a los organismos de control que tendrán que actuar con base en las denuncias de los afectados por la fundación que se ha movido a la sombra de Albornoz. De sus explicaciones dependerá el esclarecimiento de tan confusos hechos.
TRÍO DE AMIGOS
En la Dirección Nacional de Estupefacientes, Jairo Coral Romo es reconocido actualmente como uno de los funcionarios más cercanos a Carlos Albornoz, el director de la entidad. Incluso, en los pasillos de la DNE hay quienes consideran que Coral tiene más poder que el mismo Albornoz.
En otro nivel menos importante pero con igual influencia está Gerardo Hernández, quien en la actualidad es depositario en Cali de dos sociedades, dos parqueaderos, dos hoteles, dos estaciones de servicio y un lavadero de autos confiscados a la mafia y en proceso de extinción del dominio.
El Director de la DNE nombró a Coral como asesor del despacho, sin importarle que en 1999, como gerente de la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, fue sancionado en dos ocasiones por la Procuraduría por faltas relacionadas con la celebración indebida de contratos. Ocho investigaciones más contra Romo fueron trasladadas por el Ministerio Público a otros organismos de control.
Además, en la Fiscalía cursan dos indagaciones preliminares contra Romo por interés indebido en la celebración de contratos e interés ilícito en la celebración de contratos.
Albornoz, Romo y Hernández son amigos de vieja data. Hace 10 años participaron en los proyectos de vivienda desarrollados por la Fundación Progresar en Nariño. Romo se desempeñó como representante legal de la entidad, al tiempo que Hernández era revisor fiscal.
"PROGRESAR ES UNA ENTIDAD SANA"
Carlos Albornoz, Director de la Dne.
CAMBIO: ¿Cuál es su nexo con la Fundación Progresar?
CARLOS ALBORNOZ: No voy a negar mi vínculo con ellos. Es una fundación que lleva más de 20 años y se especializó en programas de vivienda de interés social.
Guillermo Rosero, quien trabajó muchos años a su lado, asegura que usted manejaba los subsidios que gestionaba Progresar.
Puedo decir que eso no es cierto. Ese señor le robó a Progresar 1.000 millones de pesos.
¿Progresar denunció ese hecho?
No lo hizo.
Pero, sabe usted mucho de esta entidad...
Mi bandera era promover proyectos de vivienda. Eso era vox pópuli. Yo no gestionaba los subsidios, yo hacía vueltas e iba al Ministerio a ver cómo iban las cosas.
¿Eso no es gestionar subsidios?
No señor.
En Pasto aseguran que sus amigos, Jairo Coral y Gerardo Hernández, aparecen en los documentos de Progresar, pero usted era el director en la sombra...
Ellos aparecieron en Progresar y jamás hubo nada irregular. No soy el dueño de esa fundación.
Pero, además, Jairo Coral es investigado por la Procuraduría y la Fiscalía por malos manejos cuando fue gerente de Cajanal...
No sé de eso. Mi amigo no es ningún corrupto. No hay fallos en contra suya.
¿Sus amigos de Progresar ahora están en altos cargos en la DNE?
Sí. Debo reconocer que el doctor Coral es mi asesor y el señor Hernández es depositario de unos bienes.
Causa extrañeza que la sede de la Fundación quede en el edificio de su esposa...
Sí, pero eso no tiene nada de malo.