Ex paramilitar compromete al Ejército en muerte de cinco personas presentadas como guerrilleros

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Cuando se acercaban a la vereda El Jordán sintió varias descargas de fusil contra el vehículo, que quedó prácticamente partido por la mitad. Todos los pasajeros murieron, él recibió dos tiros y se salvó de milagro . Al día siguiente, cuando era atendido en el hospital se enteró de la versión falsa del Ejército sobre el combate y los guerrilleros muertos. Su vida estaba en peligro porque era el único sobreviviente que podía desmentir la versión oficial y con la ayuda de un hermano que había trabajado allí como enfermero salió por una puerta que no era de acceso público y huyó. 

Usme García dijo que el episodio tenía toda la apariencia de lo que hoy se conoce como "falso positivo": un montaje de los militares para simular un éxito en la lucha contra el terrorismo.

El de San Rafael había sido armado por oficiales de la IV Brigada en asocio con miembros de la Policía, encabezados entonces por Gallego.

Los fiscales decidieron verificar la versión del ex paramilitar postulado para recibir los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz,  y en las dos últimas semanas se dedicaron a revisar y a desempolvar documentos y testimonios sobre el caso.

CAMBIO conoció el resultado de parte de esas diligencias y además consultó fuentes del oriente antioqueño, entre ellas familiares de las víctimas y personas que entonces tenían funciones públicas. También constató anomalías que habrían impedido a la Justicia establecer la verdad de los hechos. 

El caso se desvió cuando la fiscal 77 de San Rafael se negó a hacerle a los cuerpos pruebas de absorción atómica, con el argumento de que carecía de los químicos necesarios y el personal idóneo para hacerlo, y dejó la investigación en manos de la justicia penal militar. La prueba habría permitido establecer que los presuntos guerrilleros no habían disparado -estaban inermes- contra la patrulla, como decía el parte oficial de la IV Brigada.

Tanto la fiscal como el entonces Alcalde, Édgar Eladio Giraldo Morales, las otras autoridades y la dirección del Hospital, reconocieron como única autoridad en esas diligencias al entonces comandante de la IV Brigada, general Mario Montoya. Según un registro del hospital, el General llamó la noche del sábado 9 para pedir que, por ningún motivo, entregaran los cadáveres a alguien distinto de la autoridad militar, y anunció que al día siguiente él mismo, o alguien de su entera confianza, iría a San Rafael para ponerse al frente del caso.

En efecto, el domingo 10 aterrizó en San Rafael un helicóptero de la IV Brigada con el general Leonardo Gallego a bordo. Pese a que Gallego era el comandante de la Policía de Medellín y de su área Metropolitana, sin jurisdicción sobre San Rafael u otro municipio, nadie pareció sorprenderse. Según el expediente abierto en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el General se presentó en el hospital para ordenar el traslado los cinco cadáveres hasta el asilo, donde los habrían vestido con uniformes de campaña. El 12 de marzo, El Colombiano de Medellín  publicó una foto de una agencia internacional en la que aparece Gallego cerca de los cuerpos.

Compañeros y subalternos de esa época de los generales Montoya -hoy comandante general del Ejército- y Gallego -destituido tiempo después por la Procuraduría por un caso distinto-, dicen que no era extraño ver al oficial de la Policía actuando fuera de su jurisdicción y recuerdan que antes, durante y después de la cuestionada "retoma" de la Comuna 13 de Medellín, en la que los dos generales hicieron llave, era común que viajaran juntos o que se delegaran misiones.

Investigadores de la Fiscalía encargados del caso han atado los cabos sueltos y preparan un informe en el cual le recomendarán al Fiscal General, Mario Iguarán, que pida a la justicia militar entregar el caso a la justicia ordinaria, pues la muerte de los cinco supuestos guerrilleros no se ajusta un "acto propio del servicio". También plantearán que, de ser necesario, la Corte Suprema debe investigar al general Montoya o a cualquier otro general involucrado en el episodio, pues se trata de establecer su responsabilidad en la muerte de cinco personas presentadas entonces como guerrilleros y que ahora pueden resultar inocentes. Por lo pronto, la historia confirma lo que alguna vez dijo Gabriel García Márquez: "La primera baja en una guerra suele ser la verdad".

LA POSICIÓN DE LA DEFENSA

Jorge Iván Palacio Restrepo, abogado de la Nación -representada en este caso por el Ejército Nacional- ha defendido con vehemencia en las instancias judiciales la manera como se desarrolló la operación militar en San Rafael.

Ante el Tribunal Superior de Antioquia el jurista alegó la "culpa exclusiva de la víctima" y señaló: "(...) La menor Erika Bibiana Castañeda falleció en momentos en que se desplazaba acompañaba con subversivos que fueron muertos en combate".

También anunció que las pruebas que se allegarán al expediente informarán si dicha menor, a pesar de fungir como estudiante de secundaria, hacía parte del grupo subversivo. "La experiencia, la cruda realidad, en varios casos nos ha mostrado a jóvenes entre los 10 y 18 años en las filas de los distintos grupos armados al margen de la legalidad, bien sea en el momento combatiendo o como milicias urbanas en pueblos y ciudades", añadió en uno de sus memoriales ante el tribunal.

Fuentes del Ejército dijeron que la institución está dispuesta a colaborar en todas las verificaciones y diligencias que deba hacer la Fiscalía.