Líos heredados en Armenia, Pereira e Ibagué

Armenia tiene una deuda pública de 23.000 millones y un déficit presupuestal de 6.000.

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TRES MESES ANTES de la posesión de los nuevos alcaldes, el gasto se disparó en forma alarmante y no siempre justificada en por lo menos el 30% de las administraciones locales, según estudios de los organismos de control y de la Contaduría General de la República.

Los comités de garantías electorales, las veedurías de ciudadanos y funcionarios de las alcaldías elevaron 2.114 quejas a la Procuraduría por el uso de contratos públicos para aceitar maquinarias electorales. Hasta el viernes de la semana pasada, Contraloría y Procuraduría habían recibido más de 1.200 denuncias sobre negocios con cargo a los presupuestos, realizados por mandatarios locales en diciembre para favorecer a amigos, 'roscas' políticas y dejarle amarrados lucrativos contratos a sus sucesores.

Las consecuencias comienzan a saltar a la vista. Por ejemplo, la nueva alcaldesa de Armenia, Ana María Arango, dice: "Si me sentara a llorar sobre la leche derramada, los cuatro años apenas me alcanzarían para pagar las deudas en las que está embarcada la ciudad". Y la nueva administración de Pereira, encabezada por Israel Alberto Londoño, encontró comprometidas vigencias presupuestales futuras para el manejo de concesiones de servicios públicos, derivadas de procesos de privatización que concentraron lucrativos negocios en unos pocos operadores privados.

CAMBIO exploró los casos de las ciudades mencionadas, y el de Ibagué, que sirven de botones de muestra de cómo algunos alcaldes dejaron sin margen de maniobra a sus sucesores. 

Armenia, hasta el cuello

La  semana pasada, la Alcaldesa de Armenia les dijo a un grupo de banqueros: "Para cumplir las obligaciones pactadas con ustedes por mis antecesores, tendría que dedicarme durante los próximos cuatro años a pagar la deuda y no dispondría de un sólo peso para hacer inversión o para atender gastos sociales prioritarios".

No estaba exagerando: la deuda de la ciudad llega a los 23.400 millones de pesos y el presupuesto de 162.000 millones presenta un déficit de 6.000 millones.

La reestructuración de la deuda es más que urgente, entre otras cosas para alejar las posibilidades de intervención económica, la figura que en los últimos cinco años debió aplicarse a 37 entidades territoriales.

Armenia está a punto de perder el control de buena parte de Empresas Públicas de Armenia, una entidad que por sus activos y eficiencia ha sido la joya de la corona. Su anterior alcalde, David Barros Vélez, dejó decidida la concesión por 25 años al consorcio Aguas y Aguas. Fue un proceso cuestionado por favoritismo del cual quedaron marginados, entre otros, pesos pesados como Empresas Públicas de Medellín. "Daré una batalla jurídica para darle reserva al negocio -advierte la Alcaldesa-. Y no sólo lo haré porque el municipio está en capacidad de manejar la empresa, sino porque la concesión, tal como está concebida, pone en riesgo una fuente de recursos que representa el 90% de los ingresos del fisco".

El desempleo bordea el 20%, pero la posibilidad de acceder a recursos para impulsar un programa de generación de trabajo productivo se esfumó ante la maratón de contratos que, con cargo al presupuesto, emprendió la pasada administración entre noviembre y diciembre de 2007. Tampoco será posible construir dos puentes viales que valen 1.000 millones y corre el riesgo de quedarse a mitad de camino la construcción de un complejo comercial con sus parques Sucre y Cafetero porque hacen falta 600 millones de pesos.

Detener la deserción escolar, incorporar a los programas educativos oficiales la tecnología y el bilingüismo, y establecer la cátedra para formación de emprendedores,  son metas cuyo cumplimiento dependerá de la reestructuración de la deuda, la disciplina fiscal y también de la eficacia de la Contraloría para recuperar la plata perdida.

Pereira, líos judiciales

Si existiera una lista de las 10 ciudades con más ex funcionarios  vinculados a procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, Pereira ocuparía lugar destacado. La Procuraduría adelanta 37 procesos disciplinarios y la Contraloría 21 acciones de responsabilidad fiscal por malos manejos atribuidos a funcionarios de la Alcaldía de Juan Manuel Arango, quien terminó su período el pasado 31 de diciembre.

La división de las empresas públicas y su sustitución por operadores privados han sido fuente inagotable de entuertos. Atesa, encargada del aseo y la recolección de basuras, ha protagonizado algunos de ellos. Algunos de sus contratistas y miembros de una empresa de auditoría privada entregaron a los órganos de control pruebas según las cuales la Alcaldía entregó dádivas a concejales -incluidas ayudas en especie para la campaña electoral de octubre pasado-, a cambio de que aprobaran millonarios pagos a Atesa con respaldo en vigencias presupuestales futuras, algo que es ilegal.

Como ocurrió en Cali, donde un asunto similar le costó el cargo a Apolinar Salcedo, un contrato para la recaudación de impuestos tiene en la mira de la Procuraduría al ex alcalde Arango y a los miembros del consejo directivo de Multiservicios, encargada de la adjudicación. Un procurador delegado encontró que la administración entregó a dedo la concesión al consorcio Cise. Según el funcionario de la Procuraduría, la recaudación de impuestos es una responsabilidad pública indelegable.