Febrero 6 de 2008
Líos heredados en Armenia, Pereira e Ibagué
Con concesiones a dedo y manejos amañados del gasto, algunos alcaldes dejaron embarcadas a sus ciudades.
TRES MESES ANTES de la posesión de los nuevos alcaldes, el gasto se disparó en forma alarmante y no siempre justificada en por lo menos el 30% de las administraciones locales, según estudios de los organismos de control y de la Contaduría General de la República.
Los comités de garantías electorales, las veedurías de ciudadanos y funcionarios de las alcaldías elevaron 2.114 quejas a la Procuraduría por el uso de contratos públicos para aceitar maquinarias electorales. Hasta el viernes de la semana pasada, Contraloría y Procuraduría habían recibido más de 1.200 denuncias sobre negocios con cargo a los presupuestos, realizados por mandatarios locales en diciembre para favorecer a amigos, 'roscas' políticas y dejarle amarrados lucrativos contratos a sus sucesores.
Las consecuencias comienzan a saltar a la vista. Por ejemplo, la nueva alcaldesa de Armenia, Ana María Arango, dice: "Si me sentara a llorar sobre la leche derramada, los cuatro años apenas me alcanzarían para pagar las deudas en las que está embarcada la ciudad". Y la nueva administración de Pereira, encabezada por Israel Alberto Londoño, encontró comprometidas vigencias presupuestales futuras para el manejo de concesiones de servicios públicos, derivadas de procesos de privatización que concentraron lucrativos negocios en unos pocos operadores privados.
CAMBIO exploró los casos de las ciudades mencionadas, y el de Ibagué, que sirven de botones de muestra de cómo algunos alcaldes dejaron sin margen de maniobra a sus sucesores.
Armenia, hasta el cuello
La semana pasada, la Alcaldesa de Armenia les dijo a un grupo de banqueros: "Para cumplir las obligaciones pactadas con ustedes por mis antecesores, tendría que dedicarme durante los próximos cuatro años a pagar la deuda y no dispondría de un sólo peso para hacer inversión o para atender gastos sociales prioritarios".
No estaba exagerando: la deuda de la ciudad llega a los 23.400 millones de pesos y el presupuesto de 162.000 millones presenta un déficit de 6.000 millones.
La reestructuración de la deuda es más que urgente, entre otras cosas para alejar las posibilidades de intervención económica, la figura que en los últimos cinco años debió aplicarse a 37 entidades territoriales.
Armenia está a punto de perder el control de buena parte de Empresas Públicas de Armenia, una entidad que por sus activos y eficiencia ha sido la joya de la corona. Su anterior alcalde, David Barros Vélez, dejó decidida la concesión por 25 años al consorcio Aguas y Aguas. Fue un proceso cuestionado por favoritismo del cual quedaron marginados, entre otros, pesos pesados como Empresas Públicas de Medellín. "Daré una batalla jurídica para darle reserva al negocio -advierte la Alcaldesa-. Y no sólo lo haré porque el municipio está en capacidad de manejar la empresa, sino porque la concesión, tal como está concebida, pone en riesgo una fuente de recursos que representa el 90% de los ingresos del fisco".
El desempleo bordea el 20%, pero la posibilidad de acceder a recursos para impulsar un programa de generación de trabajo productivo se esfumó ante la maratón de contratos que, con cargo al presupuesto, emprendió la pasada administración entre noviembre y diciembre de 2007. Tampoco será posible construir dos puentes viales que valen 1.000 millones y corre el riesgo de quedarse a mitad de camino la construcción de un complejo comercial con sus parques Sucre y Cafetero porque hacen falta 600 millones de pesos.
Detener la deserción escolar, incorporar a los programas educativos oficiales la tecnología y el bilingüismo, y establecer la cátedra para formación de emprendedores, son metas cuyo cumplimiento dependerá de la reestructuración de la deuda, la disciplina fiscal y también de la eficacia de la Contraloría para recuperar la plata perdida.
Pereira, líos judiciales
Si existiera una lista de las 10 ciudades con más ex funcionarios vinculados a procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, Pereira ocuparía lugar destacado. La Procuraduría adelanta 37 procesos disciplinarios y la Contraloría 21 acciones de responsabilidad fiscal por malos manejos atribuidos a funcionarios de la Alcaldía de Juan Manuel Arango, quien terminó su período el pasado 31 de diciembre.
La división de las empresas públicas y su sustitución por operadores privados han sido fuente inagotable de entuertos. Atesa, encargada del aseo y la recolección de basuras, ha protagonizado algunos de ellos. Algunos de sus contratistas y miembros de una empresa de auditoría privada entregaron a los órganos de control pruebas según las cuales la Alcaldía entregó dádivas a concejales -incluidas ayudas en especie para la campaña electoral de octubre pasado-, a cambio de que aprobaran millonarios pagos a Atesa con respaldo en vigencias presupuestales futuras, algo que es ilegal.
Como ocurrió en Cali, donde un asunto similar le costó el cargo a Apolinar Salcedo, un contrato para la recaudación de impuestos tiene en la mira de la Procuraduría al ex alcalde Arango y a los miembros del consejo directivo de Multiservicios, encargada de la adjudicación. Un procurador delegado encontró que la administración entregó a dedo la concesión al consorcio Cise. Según el funcionario de la Procuraduría, la recaudación de impuestos es una responsabilidad pública indelegable.
Por otra parte, investigadores de la Dirección de Investigaciones Especiales trabajan en lo que han llamado "la reconstrucción histórica" de cómo la Empresa de Energía fue desplazada por Enelar, a la que le fue entregado por concesión el manejo y administración del alumbrado público. Hay evidencias de que la concesionaria infló artificialmente las cuentas de cobro, facturó instalaciones que nunca hizo y hasta diciembre pasado había incumplido una orden judicial para reintegrar el dinero.
Otros de los cuestionamientos a la pasada administración es la venta del edificio de la Beneficencia en condiciones desfavorables para la ciudad, a urbanizadores cuya firma estaba en proceso concordatario. Y ha causado escándalo el hecho de que la administración de Arango le diera vida a La Promotora, una entidad desprovista de controles, el encargo de administrar los dineros de las concesiones.
Ibagué, intereses sobre ruedas
La capital tolimense forma parte de la lista de 11 ciudades a las que el Gobierno Nacional les ofreció una cofinanciación generosa -el 70% de la inversión- para que adoptaran soluciones de transporte masivo tipo TransMilenio.
La Universidad Nacional realizó hace dos años un estudio según el cual cinco de las siete empresas que operan el transporte público estaban dispuestas a participar en el proyecto, pero hasta hoy no se ha movido una sola piedra. La razón, según veedurías públicas acreditadas para el proceso, es que el hombre más poderoso del sector, Gustavo Ramos Arjona -dueño de la cuota de la Secretaria de Tránsito y uno de los promotores más entusiastas de la aspiración de Rubén Darío Rodríguez, el último alcalde- le ha metido palos en las ruedas al proceso. Lo curioso es que, según los estudios de factibilidad, las empresas de Ramos se verían favorecidas en una eventual alianza para crear una empresa fuerte de transporte masivo, pues las rutas tradicionales han perdido rentabilidad.
A diferencia de lo que ocurrió con sus colegas de Pereira y Armenia, el alcalde Rodríguez se destacó, según incluso sus críticos, por un manejo presupuestal más o menos acertado y por el pago oportuno de la deuda pública. Sin embargo, pecó por inacción no sólo en el caso del transporte masivo, sino en la construcción del acueducto alterno para el que había una reserva de 7.000 millones de un empréstito de 25.000 millones de pesos.
En el Concejo y en otros escenarios, Rodríguez se escudó en dos estudios contradictorios contratados con universidades. Mientras uno sostiene que el sector de Cocorná, escogido para la obra, es de alto riesgo por ser zona de avalanchas, el otro dice que el riesgo es mínimo y que puede ser superado con obras de ingeniería.
Tampoco hizo mucho en materia de educación en la ciudad. Tuvo siete secretarios de Educación que movió como fichas del ajedrez burocrático cuando advirtió que lo superaban los problemas. Fue lo que hizo en silencio, cuando recibió pruebas de que uno de ellos, Juan Tole, toleraba el funcionamiento de una red que traficaba con nombramientos de maestros y que contrataba con muertos un plan de ampliación de cobertura que nunca prosperó.
Todo esto indica que, muchas veces, no es la falta de recursos sino la corrupción y las malas administraciones las responsables del atraso de muchas ciudades.