Líos heredados en Armenia, Pereira e Ibagué

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Por otra parte, investigadores de la Dirección de Investigaciones Especiales trabajan en lo que han llamado "la reconstrucción histórica"  de cómo la Empresa de Energía fue desplazada por Enelar, a la que le fue entregado por concesión el manejo y administración del alumbrado público. Hay evidencias de que la concesionaria  infló artificialmente las cuentas de cobro, facturó instalaciones que nunca hizo y hasta diciembre pasado había incumplido una orden judicial para reintegrar el dinero.

Otros de los cuestionamientos a la pasada administración es la venta del edificio de la Beneficencia en condiciones desfavorables para la ciudad, a urbanizadores cuya firma estaba en proceso concordatario. Y ha causado escándalo el hecho de que la administración de Arango le diera vida a La Promotora, una entidad desprovista de controles, el encargo de administrar los dineros de las concesiones.

Ibagué, intereses sobre ruedas

La capital tolimense forma parte de la lista de 11 ciudades a las que el Gobierno Nacional les ofreció una cofinanciación generosa -el 70% de la inversión- para que adoptaran soluciones de transporte masivo tipo TransMilenio.

La Universidad Nacional realizó hace dos años un estudio según el cual cinco de las siete empresas que operan el transporte público estaban dispuestas a participar en el proyecto, pero hasta hoy no se ha movido una sola piedra. La razón, según veedurías públicas acreditadas para el proceso, es que el hombre más poderoso del sector, Gustavo Ramos Arjona -dueño de la cuota de la Secretaria de Tránsito y uno de los promotores más entusiastas de la aspiración de Rubén Darío Rodríguez, el último alcalde- le ha metido palos en las ruedas al proceso. Lo curioso es que, según los estudios de factibilidad, las empresas de Ramos se verían favorecidas en una eventual alianza para crear una empresa fuerte de transporte masivo, pues las rutas tradicionales han perdido rentabilidad.

A diferencia de lo que ocurrió con sus colegas de Pereira y Armenia, el alcalde Rodríguez se destacó, según incluso sus críticos, por un manejo presupuestal más o menos acertado y por el pago oportuno de la deuda pública. Sin embargo, pecó por inacción no sólo en el caso del transporte masivo, sino en la construcción del acueducto alterno para el que había una reserva de 7.000 millones de un empréstito de 25.000 millones de pesos.

En el Concejo y en otros escenarios, Rodríguez se escudó en dos estudios contradictorios contratados con universidades. Mientras uno  sostiene que el sector de Cocorná, escogido para la obra, es de alto riesgo por ser zona de avalanchas,  el otro dice que el riesgo es mínimo y que puede ser superado con obras de ingeniería.

Tampoco hizo mucho en materia de educación en la ciudad. Tuvo siete secretarios de Educación que movió como fichas del ajedrez burocrático cuando advirtió que lo superaban los problemas. Fue lo que hizo en silencio, cuando recibió pruebas de que uno de ellos, Juan Tole, toleraba el funcionamiento de una red que traficaba con nombramientos de maestros y que contrataba con muertos un plan de ampliación de cobertura que nunca prosperó.

Todo esto indica que, muchas veces, no es la falta de recursos sino la corrupción y las malas administraciones las responsables del atraso de muchas ciudades.