Crecen las demandas por malas prácticas médicas
Ilustración: Andrés García
(Página 1 de 2)
HACE POCOS DÍAS la esposa del periodista Servio Tulio Díaz acudió a urgencias del Hospital San Ignacio de Bogotá por un fuerte dolor abdominal. La médica que la atendió le diagnosticó síndrome de colon irritable sin mayores complicaciones y horas después la dio de alta. Pero la señora murió a las pocas horas como consecuencia de un aneurisma aórtico. La familia entabló una demanda por mala práctica médica ante el Tribunal de Ética Médica.
Desde 1993 hasta hoy, las demandas por errores médicos han aumentado significativamente. Un informe de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Scare, hecho en 2006, indica que mientras en 1993 de cada 100 profesionales afiliados a esa organización 0,3 eran demandados, en marzo de 2006 la cifra llegaba a 12,53.
La explicación del fenómeno es sencilla: antes del 93 los pacientes estaban obligados a demostrar no sólo que el daño sufrido era error del médico, sino en qué consistía. Algo imposible en casos quirúrgicos, pues durante la operación el paciente estaba bajo los efectos de la anestesia.
El panorama cambió a raíz de una sentencia del 13 de agosto de 1992 del entonces consejero de Estado Daniel Suárez Hernández, según la cual al paciente le bastaba con demostrar que la intervención del médico le había causado un perjuicio. Por su parte, médicos y entidades de salud debían probar que sus actos habían sido diligentes y cuidadosos.
"Desde entones la carga de la prueba no recae en el paciente sino en los médicos -explica el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo-. Ellos deben demostrar que su actuación es correcta y ajustada a los procedimientos de rigor". La sentencia dio piso para que personas que se sentían perjudicadas por actuaciones médicas presentaran demandas contra profesionales y hospitales, y obligó a éstos a adquirir seguros de responsabilidad civil para protegerse de eventuales indemnizaciones. La elaboración de rigurosas historias clínicas y la comunicación detallada entre médico y paciente -o consentimiento informado como se dice en la práctica médica- se convirtieron en factores fundamentales para enfrentar posibles demandas por errores médicos.
Según SCARE, "los ginecobstetras afiliados a la institución son los principales profesionales con procesos penales y civiles, y ocupan el segundo lugar en frecuencia de procesos éticos y preventivos". CAMBIO conoció un caso relacionado con esta especialidad que demuestra que a pesar de los cambios que, en teoría, dan a los pacientes instrumentos para enfrentar malas prácticas médicas, probarlas sigue siendo una pesadilla para quienes se sienten afectados porque los médicos tienen formas de cuidarse la espalda y de evitar ser condenados.
Caso insólito
El caso conocido por CAMBIO no ha sido fallado y por eso se abstiene de revelar los nombres. El 21 de octubre de 2001 un dolor abdominal no le daba tregua y por eso acudió al consultorio de una ginecobstetra, quien le ordenó una ecografía. Cinco días después, la paciente recibió el diagnostico: quiste en el ovario izquierdo. El mismo que anticipó el radiólogo que le hizo el examen.
La doctora decidió operar y escribió de su puño y letra: "Quiste septado de ovario izquierdo... Autorización histerectomía total abdominal izquierda". Poco antes de la intervención, el 26 de noviembre de 2001, el radiólogo le hizo una segunda ecografía a la paciente, cuyo resultado confirmaba la existencia del quiste en el ovario izquierdo.
La operación fue programada para el 15 de diciembre de 2001, pero como era época festiva, la paciente pidió postergar la intervención para enero. La doctora se negó, según ella, porque la gravedad del caso no daba espera. La operación se llevó a cabo a las 9:00 a.m. en la clínica de la EPS a la que estaba afiliada la paciente. No obstante que las ecografías tienen una precisión diagnóstica del 95% y que la autorización de la operación indicaba que el quiste era en el ovario izquierdo, a la paciente le sacaron el derecho.
