Enero 30 de 2008
A pesar de los esfuerzos de la Defensoría, la respuesta a las alertas tempranas es débil
UN INFORME DE RIESGO de la Defensoría del Pueblo, fechado del 15 de diciembre de 2006, dice que cerca 60.000 personas de las universidades públicas Nacional, Pedagógica, Distrital Francisco José de Caldas, Colegio Mayor de Cundinamarca y Militar Nueva Granada de Bogotá, así como organizaciones estudiantiles, profesores y trabajadores sindicalizados, son considerados objetivo por las Farc, el Eln y grupos paramilitares, y por eso sugiere tomar medidas.
Sin embargo, dos años después y luego de que el Gobierno atendiera la solicitud de la Defensoría de tomar medidas de protección para los amenazados y de decretar una alerta temprana, las cosas no han cambiado. "A comienzos del año pasado estuvieron al tanto del caso pero realmente no hubo una acción decisiva de las autoridades para proteger, sobre todo, a las organizaciones estudiantiles -le dijo a CAMBIO uno de los estudiantes que se siente afectado-. Nos olvidaron y seguimos siendo estigmatizados como focos de violencia, cuando los ataques son contra nosotros".
A raíz del informe fue organizada una mesa de trabajo en prevención humanitaria con representantes de las universidades afectadas, la Defensoría, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia, pero el tema murió y los representantes de las universidades aun están pendientes de una respuesta del Ministerio, que coordina el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas.
Este caso no es el único, es tan sólo uno de las muchas alertas tempranas hechas por la Defensoría el año pasado, cuyo objetivo es prevenir desapariciones, masacres, desplazamientos y otros crímenes de lesa humanidad, y a juzgar por el caso de las universidades, lo mismo que por el de Bojayá en 2002, atacada por las Farc con un cilindro-bomba que cobró la vida de 119 personas, y las incursiones armadas en 2005 a Toribío que dejaron el pueblo en ruinas, las alertas no parecen funcionar.
Sin embargo, gracias a ellas, de las 90 situaciones de riesgo advertidas por la Defensoría el año pasado, 44 fueron tomadas en serio por el Gobierno con lo cual lograron mitigar los riesgos. Frente a las otras 46, el Ministerio del Interior dio orientación y recomendaciones a las autoridades para la adopción de medidas de protección. Jorge Calero, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, sostiene que "aun se evidencia una inmensa debilidad en las respuesta estatal en materia de políticas preventivas de carácter económico, social y humanitario para atacar factores de vulnerabilidad de las poblaciones.
Según la Defensoría, los departamentos con más municipios en riesgo son Nariño, Santander, Bolívar, Cauca, Atlántico, Valle y Chocó. En cuanto a las amenazas, la mayoría proviene de las Farc y de viejos y nuevos grupos paramilitares. Falta ver si el Gobierno toma medidas para demostrar la eficacia de la política de seguridad democrática.
RAZONES DE ALERTA
- Ocurrencia reiterada de bloqueos de vías terrestres o fluviales, y bloqueos económicos y de alimentos.
- Acciones bélicas en zonas de concentración y asentamiento de la población civil.
- Amenazas explícitas de agresión o ataque contra la población civil, proferidas por los actores del conflicto armado mediante listas, grafitos, panfletos, anuncios verbales o intimidaciones.
- Rumores y comentarios generalizados sobre la inminencia de agresiones o ataques contra un grupo social.