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Curiosamente, cuando alguna de estas compañías de papel aparentemente entraba en quiebra, Cooomeva les tiraba una tabla de salvación y asumía las pérdidas.
Testigos que han colaborado con la Justicia sostienen que fueron usados como testaferros e incluso algunos firmaron documentos para la constitución de esas empresas de fachada, asaltados en su buena fe por altos ejecutivos de Coomeva EPS (ver recuadro).
Gracias a ellos, la fiscal delegada ante el CTI y funcionarios de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía han sabido, por ejemplo, que José Vicente Torres Osorio, miembro del Consejo de Administración del Grupo Coomeva, está detrás de la fraudulenta cadena, cuyos dos últimos eslabones son Salud Familiar IPS -pendiente de liquidación por incapacidad financiera- e Ibanasca, que aparece como habiéndole prestado servicios a Coomeva EPS a pesar de no haber contratado con ella.
El Grupo Coomeva ha tenido que destinar millonarios recursos para responder por errores de esas empresas. "Resulta injusto que la EPS tenga que responder patrimonialmente por la irresponsabilidad de una IPS inhabilitada para prestar el servicio", comentó una empleada que trabaja en el proceso interno de saneamiento.
En la mira
Investigadores del Grupo Especial contra el Lavado de Activos de la Fiscalía analizan con lupa las cuentas y el patrimonio de Juan Bautista Quiceno López y de Harold Obdulio Rodríguez. Quiceno, que hacía parte de la Junta de Vigilancia Corporativa, promovió la creación de las IPS Salud Médica y Palmédica y le habría ayudado a José Vicente Torres a organizar la red de testaferros.
Rodríguez, que fue gerente de Coomeva EPS en Palmira, fue desvinculado hace poco señalado por corrupción. Testigos sostienen que su patrimonio es mal habido y que de él hace parte una flota de 100 taxis. Y el ISS promovió en su contra un proceso disciplinario por haber trabajado simultáneamente como médico de tiempo completo y como ejecutivo en Coomeva.
Funcionarios de la nueva administración de Coomeva le dijeron a CAMBIO que tanto Laureano Novoa como Melba Flórez son personas de extracción humilde que, en muy poco tiempo, multiplicaron por millones su patrimonio. Según una antigua subalterna suya, Flórez adquirió dos casas en el conjunto residencial Jockey Club, en Ciudad Jardín, y le compró un costoso caballo de equitación a su hija.
Si bien varios funcionarios comprometidos fueron despedidos por la nueva administración encabezada por Alfredo Arana como gerente general del Grupo y Fernando Panesso Serna, como gerente de la EPS, aún quedan personas sobre quienes hay sospechas: Camilo Moreno, hijastro de Laureano Novoa, y José Torres. Pero sus cargos son de elección y dependen de la voluntad de los afiliados a Coomeva. CAMBIO intentó comunicarse con ellos pero no respondieron las llamadas.
De una historia de fraudes que le ha costado a Coomeva más de 90.000 millones de pesos, aún quedan capítulos por contar y la nueva administración está empeñada en hacerlo para devolverle el prestigio perdido a una de las EPS más grandes del país.
ENGAÑADA
Con su esposo enfermo de leucemia y su hija afectada por lupus, la odontóloga Dora Isabel Martínez no quiere ir a la cárcel y por eso en el último año ha colaborado con la Justicia para esclarecer la verdad sobre la red de IPS que saquearon a Coomeva.
Según ella, fue inducida a engaño y firmó en una notaría la constitución de por lo menos dos IPS, encabezadas por Salud Médica. Responsabiliza a Juan Bautista Quijano, que en ese momento era miembro de la Junta de Vigilancia y la ayudó a hacer efectivo el cobro de unas facturas por servicios profesionales. "Él me pidió que lo representara en un acto mercantil -contó la odontóloga-. Yo firmé a ciegas y no sabía que estaba rubricando la constitución de una empresa creada con fines ilícitos".
LA RED
El expediente de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía encontró que desde la EPS Salud Colombia se organizó una red de testaferros que defraudaron a Coomeva en Cali.